Aviso a los contratistas del gobierno en obras públicas. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha renovado su crítica al sistema de clasificación que permite a las empresas comprometerse con el sector público, calificándolo de restrictivo. El grupo ha indicado que la contratación de personas con experiencia local e internacional en proyectos hidráulicos no es una opción para las áreas afectadas por el impacto de la presa a fines de octubre. Lecturas adicionales
Dragados, Vías, Sando y Sacyr son elegibles para todo tipo de contratos. Los empleadores de la construcción piden cambios en la contratación pública, específicamente en el sistema de clasificación que protege al Consejo Asesor de Contratación Pública.
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Toque de atención de las contratistas de obra pública al Gobierno. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha vuelto a cargar contra el sistema de clasificación que habilita a las empresas para trabajar con el sector público por restrictivo. El colectivo ha advertido que referencias con experiencia local e internacional en proyectos hidráulicos están fuera de juego para contratar en las zonas devastadas por el paso de la dana a finales de octubre.
En concreto, solo cuatro compañías tienen el reconocimiento máximo que ofrece el Ministerio de Hacienda para acometer la necesaria obra hidráulica para la reconstrucción de la Comunidad Valenciana. En en el caso de grandes proyectos el sistema de clasificación, con criterios establecidos por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, dependiente de Hacienda y responsable del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, exige de facto capacidad para ejecutar todas las grandes obras hidráulicas posibles valoradas en más de cinco millones: presas, canales, defensa de márgenes de encauzamientos y conducciones con tuberías a presión de gran diámetro. Para estos casos, la CNC contabiliza un centenar de constructoras capaces de ponerse al frente de los proyectos de forma disgregada, pero solo cuatro están clasificadas para abordar los cuatro tipos de obra citados, “siendo el resto expulsadas [de las licitaciones] de manera discriminatoria”.
En la clasificación aparecen con las más altas clasificaciones dos filiales de ACS, Dragados y Vías; Sando, y Sacyr Construcción. Las cuatro pueden acceder a contratos del grupo E (obra hidráulica) y de la categoría 6 (por encima de los 5 millones de presupuesto).
Además, el sistema solo habilita a diez empresas para ejecutar presas, lo que se explica por la escasez de este tipo de actuaciones en los últimos años; siete para construir canales; hay 67 con posibilidad de realizar proyectos de defensa de márgenes y encauzamientos, y una veintena pueden presentarse a concursos para la instalación de conducciones con tuberías de presión de gran diámetro. El problema es que la Administración puede reclamar la tenencia de clasificaciones en distintos subgrupos cuando las actuaciones relacionados con ellos superan el 20% del presupuesto total de un contrato, lo que hace de criba para las constructoras. Fuentes del sector argumentan que el Gobierno podría salvar este problema fragmentando los concursos, con el fin de garantizarse concurrencia, pero perdería agilidad en lo que puede entenderse como actuaciones de emergencia.
Para el colectivo que preside Pedro Fernández Alén, se trata de una nueva falla de “un sistema obsoleto, injusto y abusivo, que perjudica a la mayoría de las empresas del sector” y a la libre competencia. Desde la CNC se asevera que, además de la concurrencia a los concursos, la clasificación de constructoras penaliza a los territorios y población golpeados por la dana.
Las licitaciones públicas exigen requisitos como el plazo de cinco años de experiencia valorable, periodo que la CNC pide elevar a diez años, tal y como permite la Directiva de Contratación, especialmente por la reciente crisis motivada por la pandemia y la invasión rusa de Ucrania. En este caso, la Ley de Contratos del Sector Público ya ha sido modificada para que la excepción al plazo de cinco años pueda tener cabida, lo que está pendiente de una Orden Ministerial que debe firmar Hacienda.
El sector también demanda a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado que se limite o elimine la exigencia de efectivos personales y materiales para concursar por la obra pública, norma que viene de los años sesenta.
Tal y como avanzó Cinco Días, la CNC ya se dirigió semanas atrás al Ministerio de Hacienda con la reclamación de cambios urgentes en la contratación pública, alcanzando al sistema de clasificación de las constructoras. Fernández Alén advierte de que “la contratación pública en España está enferma, entre otras causas, por un sistema de clasificación que urge reformar. Nuestro sector tiende la mano al Gobierno para acelerar al máximo las obras para la reconstrucción de Valencia. Tenemos las mejores empresas constructoras y de infraestructuras del mundo para conseguirlo, aunque no se las está reconociendo como merecen”.
Solo entre mayo de 2023 y el mismo mes de 2024 fueron excluidas un total de 265 constructoras del sistema que abre las puertas a los concursos públicos. En ese periodo fueron denegadas directamente 84 solicitudes de clasificación; 79 resultaron revocadas por cuestiones de solvencia económica y financiera, y 102 empresas no pudieron justificar los medios técnicos y profesionales necesarios. La CNC viene exigiendo la vuelta al texto normativo anterior a 2015, en el que se primaba la prueba de experiencia, y no casi en exclusividad la existencia de los medios, para dar por probada la capacidad de una empresa para acometer una obra.