Los grandes inversores internacionales que demandaron a España por el recorte a las renovables de hace más de una década elevan el pulso. Tres juzgados de Washington han dado la razón en unos pocos días a varios inversores que piden al Estado español alrededor de 250 millones de euros entre distintas causas.. Seguir leyendo
La mayor eléctrica del mundo presenta nuevas acciones judiciales en Washington después de que tres jueces rechacen allí las pretensiones del Gobierno español
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Los grandes inversores internacionales que demandaron a España por el recorte a las renovables de hace más de una década elevan el pulso. Tres juzgados de Washington han dado la razón en unos pocos días a varios inversores que piden al Estado español alrededor de 250 millones de euros entre distintas causas.. Los magistrados del distrito de Columbia que dirimen estos casos emitieron tres resoluciones los pasados 12 y 13 de agosto a favor de Blasket Renewables, titular de diversos laudos condenatorios contra España emitidos por el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), ente arbitral dependiente del Banco Mundial.. Concretamente, se trata de tres fallos por los pleitos de inversión de RREEF, Infrared e Infrastructure Services Luxembourg y Energía Termosolar (conocido como caso Antin). Estos inversores lograron que el CIADI les reconociera 59,6 millones de euros, 28,2 millones de euros y 101 millones de euros, respectivamente. Todo ello, sumado a los intereses de demora y otros gastos, suponen una reclamación próxima a los 250 millones de euros.. Pero, además, estas resoluciones judiciales en EE UU han espoleado a otros inversores. El pasado 14 de agosto, sólo un día después de conocerse dichos fallos, Nextera Energy, que ya había logrado el aval de la justicia estadounidense, también pidió que se tuvieran en cuenta estos antecedentes. Este no es un caso cualquiera. Nextera, la mayor eléctrica del mundo, ganó a España en el CIADI y obtuvo un reconocimiento de indemnización de 291 millones de euros, lo que sumado a intereses y otros gastos supone para España más de 300 millones de euros de reclamación. Se trata de la disputa de mayor envergadura económica en un caso de esta naturaleza a la que se enfrenta a la Abogacía del Estado, junto con la victoria que obtuvo la eléctrica alemana E.On, a la que también se le reconocen más de 300 millones de euros.. En los tres casos en los que se dictó una resolución judicial la pasada semana, los jueces rechazan los dos argumentos invocados por España. En primer lugar, no reconoce el hecho de que dichos casos sean disputas dentro de la Unión Europea, donde debería prevalecer la jurisdicción comunitaria por encima del Tratado de la Carta de la Energía, el acuerdo de inversión bajo el que se produjeron estas inversiones. Por esta razón, los juzgados de Washington consideran que los laudos son merecedores de “plena fe y crédito”, según destacan las sentencias.. Por otro lado, la justicia americana también desestima el argumento de España de que el pago de dichas indemnizaciones supondrían una ayuda de Estado ilegal incompatible con la Unión Europea. Según determinan los escritos dictaminados por los jueces de Columbia, “es incierto que el pago del laudo por parte de España en este caso la exponga a un riesgo sustancial de sanciones. Suponiendo, sin determinar si el laudo constituiría ayuda estatal según los Tratados de la UE, la Comisión Europea aún podría aprobarlo; e incluso si no aprobara la ayuda, la Comisión Europea no estaría obligada a imponer sanciones”.. Con esta situación, las empresas afectadas ya han anunciado que plantearán nuevos embargos a España en las próximas semanas después de que la justicia estadounidense les haya dado este aval. Esta no es la primera jurisdicción donde están tratando de ejecutar los laudos y cobrar a través de bienes del Estado español en otros países.. Los inversores aseguran que España acumula más de 1.400 millones de euros en laudos impagados por las renovables, más que cualquier otro país, y la negativa a desembolsar estas indemnizaciones ha dado pie a embargos efectivos o cautelares en jurisdicciones como Bélgica, Reino Unido o EE UU. Recientemente, los ingresos de Eurocontrol gestionados por Enaire fueron intervenidos por la justicia belga, en un golpe a España valorado en más de 80 millones.. Estos inversores llevan dando la pelea por tratar de cobrar las indemnizaciones reconocidas en 26 condenas desde hace años, de un total de 51 demandas. Su estrategia es presionar a través de diferentes acciones judiciales en diversos países del mundo para forzar al Estado español a negociar.. Hasta hace pocas semanas, España se había negado a pagar y su estrategia pasaba por defenderse a través de la Abogacía del Estado de todas las demandas planteadas. Sin embargo, a principios de junio España abonó por primera vez una condena. El Gobierno hizo un desembolso de 32 millones de euros a la compañía japonesa JGC, correspondiente a la cuantía íntegra de su reclamación más los intereses debidos.. Sin embargo, desde el Ministerio para la Transición Ecológica especificaron entonces que se trataba de un caso particular, ya que la Comisión Europea validó que este pago no era una ayuda de Estado ilegal. Su particularidad es que en este caso se tragaba verdaderamente de un inversor extracomunitario, a diferencia de la mayoría de casos donde las inversiones realizadas se canalizaron con vehículos ubicados dentro de territorio comunitario. JGC siguió el mismo camino que ahora están llevando otros inversores. Fue a la justicia estadounidense para que se validara su caso y con el reconocimiento del laudo poder embargar bienes españoles allí.. La disputa se juega a múltiples niveles y la resolución de esta disputa judicial aún es incierta. En octubre de 2024, por primera vez dos tribunales arbitrales del CIADI apreciaron que no tenían jurisdicción al tratarse de disputas puramente europeas, lo que la Abogacía del Estado tomó como un punto de inflexión en estos litigios. Esto se sumaba al criterio similar expresado por la Cámara de Comercio de Estocolmo, que previamente se había expresado en la misma línea de prevalencia del derecho comunitario sobre el Tratado de la Carta de la Energía.. Sin embargo, otras jurisdicciones como Reino Unido, Estados Unidos o Australia sí reconocen las pretensiones de los inversores y es allí donde están dirigiendo sus reclamaciones. Además de los ingresos de Eurocontrol, los inversores afectados en estos casos aseguraban en 2024 que en Londres, la justicia autorizó cautelarmente la intervención de la sede londinense del Instituto Cervantes, el edificio que ocupa el organismo económico del gobierno catalán ACCIÓ y el inmueble y la propiedad donde se ubica la Escuela Internacional Vicente Cañadas. Además, los tribunales de Gran Bretaña embargaron también el usufructo de Aena en el aeropuerto de Luton, donde controla el 51% de la operativa. No obstante, este embargo fue neutralizado posteriormente dado que el gestor aeroportuario también es de titularidad privada.. También se han incautado de cuatro cuentas de banco y el derecho de cobro de la indemnización por la catástrofe del Prestige, un pago de más de 900 millones de euros, aseguran los inversores, que añaden que, en Australia, la Corte Suprema ha respaldado también a los denunciantes y ha reconocido plenamente las deudas acumuladas por España, lo que puede precipitar embargos de bienes y activos como la filial de Navantia en el país oceánico.
