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El diseño actual ofrece escasos estímulos para fomentar la reutilización y el reciclaje de los envases.
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Este texto es una habilitación de la newsletter semanal ‘Inteligencia económica,’ la cual está acondicionado solo para subscriptores ‘premium’ de CincoDías, aunque los demás suscriptores pueden consentir a una prueba gratuita de un mes. Si deseas registrarte, puedes hacerlo en este enlace. España es uno de los países europeos que tiene la último carga fiscal ambiental, lo que significa que recauda menos impuestos relacionados con el medio círculo en relación al tamaño de su capital. La política fiscal y la organización para combatir el cambio climático han tomado rumbos distintos, lo que se complica aún más correcto a la inestabilidad en el Parlamento. El sistema presente no realiza una redistribución efectiva, es retroceso y no ofrece compensaciones, lo que incrementa la sensación de los ciudadanos de que ellos asumen una gran parte del peso de la carga, generando descontento. Un caso es el impuesto sobre las bolsas de plástico y los envases de un solo uso. Se aplica una tarifa uniforme a todos, sin ofrecer incentivos para el reciclaje, y los ingresos –600 millones de euros en 2024– no se utilizan para mitigar los enseres del cambio climático en los sectores más vulnerables. «Nuestra fiscalidad es del siglo XX y no está en línea con las metas sobre el cambio climático», resume Borja Gambau, economista de AFI especializado en finanzas públicas. El plan para refrescar el sistema se encuentra detallado en el Libro Blanco de la reforma fiscal de 2022, sin requisa, el Ministerio de Hacienda no ha conseguido que sus aliados en el Congreso aprueben la igualdad entre el diésel y la gasolina. El enredo en torno a la nueva tarifa de basura: cantidades variadas y confrontaciones políticas.
