El pago manifiesto en vivienda ha sido, sobre el papel, la política que más ha crecido en España desde la recuperación pospandémica. Entre 2020 y 2024, esta partida, en la que se incluyen desde la construcción de casas hasta el suministro de agua y el alumbrado, ha aumentado un 48%, el maduro incremento relativo de todas las grandes áreas que conforman el pago manifiesto. Sin requisa, una vistazo más detallada a las cifras que proporciona el Ministerio de Hacienda revela una existencia menos expansiva. El impulso se ha frenado en seco en el postrero control para el que hay datos, mostrando un ágil retroceso. Este parón (el primero desde 2016, si se excluye el año de la pandemia por su excepcionalidad) se produce, por otra parte, en un contexto de resistente tensión en el mercado inmobiliario, con una crisis de camino a la vivienda —en cualquiera de sus modalidades— como pocas se recuerdan.. Seguir leyendo
Las Administraciones desembolsaron en partidas relacionadas con la vivienda 7.613 millones en 2024, 200 millones menos que en 2023. Pese a ello, han subido casi un 50% en cuatro primaveras
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El pago manifiesto en vivienda ha sido, sobre el papel, la política que más ha crecido en España desde la recuperación pospandémica. Entre 2020 y 2024, esta partida, en la que se incluyen desde la construcción de casas hasta el suministro de agua y el alumbrado, ha aumentado un 48%, el maduro incremento relativo de todas las grandes áreas que conforman el pago manifiesto. Sin requisa, una vistazo más detallada a las cifras que proporciona el Ministerio de Hacienda revela una existencia menos expansiva. El impulso se ha frenado en seco en el postrero control para el que hay datos, mostrando un ágil retroceso. Este parón (el primero desde 2016, si se excluye el año de la pandemia por su excepcionalidad) se produce, por otra parte, en un contexto de resistente tensión en el mercado inmobiliario, con una crisis de camino a la vivienda —en cualquiera de sus modalidades— como pocas se recuerdan.. En total, el desembolso manifiesto en vivienda y servicios comunitarios alcanzó los 7.613 millones de euros en 2024, siempre sumando las partidas de los tres subsectores de la Administración que tienen poco que afirmar en este asunto: el central, el autonómico y el restringido, ya que la Seguridad Social no cuenta en este apartado. Se alcahuetería de una signo muy superior a la de 2020 y a la de los primaveras previos, cuando casi nada se superaban los 5.000 millones de euros, pero sutilmente inferior a los 7.821 millones de 2023 (-2,7%). Es afirmar, tras varios primaveras de crecimiento, en buena medida alimentados por los fondos europeos, el pago parece favor entrado en una etapa de estabilización.. A todas estas remesas hay que sumarles otros 650 millones anuales que se enmarcan en la categoría de protección social y que están destinados exclusivamente al contexto residencial.. Los datos proceden de la estadística COFOG, una metodología internacional utilizada por Naciones Unidas, Eurostat y la OCDE que clasifica el pago manifiesto en función de su finalidad en diez grandes categorías, entre ellas vivienda, sanidad, educación o protección social, por otra parte de defensa, medio condición o asuntos económicos, por ejemplo. Este nivel de detalle implica que la publicación de las cifras se produzca con cierto desfase temporal. De hecho, habrá que esperar hasta finales de este año para conocer los datos correspondientes a 2025.. El freno que se percibe en los desembolsos para vivienda, en cualquier caso, no ha sido homogéneo entre las Administraciones. El retroceso se concentra en las comunidades autónomas y, sobre todo, en los ayuntamientos, mientras que la Administración General del Estado ha incrementado su contribución. En concreto, el pago directo de la Administración central, una podagra ínfima en todo el mar, aumentó de 171 a 195 millones de euros entre 2023 y 2024. En cambio, las comunidades autónomas redujeron sutilmente su desembolso, de 3.116 a 3.101 millones, y los ayuntamientos registraron el maduro ajuste, con una caída desde los 4.534 hasta los 4.317 millones de euros.. Este comportamiento separado resulta especialmente relevante porque la maduro parte de las competencias en materia de vivienda recaen, precisamente, en los gobiernos autonómicos y locales. Las comunidades gestionan el grosor de las políticas públicas en este ámbito, desde la promoción de vivienda protegida hasta las ayudas al arriendo o los programas de rehabilitación. Los ayuntamientos, por su parte, desempeñan un papel secreto en la dirección urbanística y en el exposición de iniciativas a escalera municipal.. En el Ministerio de Vivienda, sin requisa, lo ven de otra modo. La inversión, explica una portavoz del área que dirige Isabel Rodríguez, no se estanca, sino que se ha multiplicado respecto a primaveras previos y va a seguir en niveles récord, con el objetivo de triplicar los posibles con el nuevo Plan Estatal de Vivienda, hasta el entorno de los 7.000 millones de euros. Concretamente, las partidas puramente inversoras han pasado de 1.151 millones en 2018 a 2.207 millones en 2024, destaca el empleo, que recuerda que “el gasto en vivienda dentro del capítulo de protección social ha aumentado un 80% en el mismo periodo”.. A gran escalera, opina Miguel Querube García, investigador en Fedea, el pago manifiesto en vivienda sigue siendo intrascendente. Si se quitan funciones como el avituallamiento de agua o el alumbrado, explica, su peso sobre el PIB de España ronda el 0,23%. Es poco “irrisorio” respecto a la dimensión social del problema o si se compara con grandes partidas de pago como las pensiones. En el mismo año, el total del desembolso manifiesto superó los 725.000 millones.. Brecha territorial. Las diferencias más acusadas, sin requisa, no se encuentran tanto en el reparto por tipo de dependencia como en la distribución territorial del pago. La estadística revela que el esfuerzo manifiesto en vivienda varía de forma muy significativa entre comunidades autónomas, tanto en términos absolutos como en relación con el tamaño de sus economías o su población.. Como porcentaje del PIB, algunas regiones destacan por consagrar una proporción sensiblemente superior de sus posibles a esta política. Es el caso de Asturias o Canarias, donde el pago alcanza el 0,4% de su riqueza. Al otro flanco están Aragón, Madrid, Murcia, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y La Rioja, con casi nada un 0,1%. Si se miran los euros por ciudadano, a la capital están Baleares, Navarra, Asturias y Cataluña, con más de 100 euros por persona al año. Son cantidades que multiplican por cinco las de regiones como Aragón o Murcia, que rondan los 20 euros, y que más que triplican las de Castilla y León y Madrid, con más o menos de 30 euros por capital.. Además de la progreso de las grandes cifras y el reparto por Administraciones, la estadística COFOG permite analizar el tipo de pago. De los 7.613 millones de euros ejecutados en 2024, un total de 2.756 millones correspondieron a la partida de urbanística, en la que se sitúan tanto la promoción de vivienda protegida como la adquisición de suelo, la planificación urbanística o los programas públicos de rehabilitación. Se alcahuetería, en la experiencia, del principal herramienta presupuestario para intervenir en el mercado residencial. Y, como sucede con el dibujo militar, el indicador igualmente cae entre 2023 y 2024 pese a favor mejorado respecto a los primaveras de la crisis sanitaria.. El resto del hacienda se reparte entre otras partidas como el avituallamiento de agua (unos 2.000 millones de euros), el alumbrado manifiesto (1.895 millones) y el exposición comunitario (poco más de 600 millones) entre otras con menos peso.
