El presidente no ejecutivo de Redeia ha asegurado este jueves que la operación reforzada del sistema puesta en marcha por su filial Red Eléctrica, encargada de la operación del sistema y transportista (TSO), desde el apagón del 28 de abril, «no es un sobrecoste, sino herramientas del sistema para que el operador cumpla con su obligación de garantizar el suministro». Corredor ha respondido así a una pregunta formulada en la rueda de prensa de presentación de los resultados del grupo del año pasado y del nuevo plan estratégico 2026-2029, sobre el coste del escudo antiapagones. Esto se traduce en la programación masiva de centrales síncronas, principalmente ciclos combinados de gas, en los llamados servicios de ajuste, más seguros pero más caros. Seguir leyendo
El presidente de Redeia no contempla un escenario de sanciones por apagón ni hacer provisiones contables, tras la recomendación del auditor
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El presidente no ejecutivo de Redeia aseguró el jueves que la mejora de la operación del sistema, de cuya operación (TSO) se encarga la filial de Redeia Red Eléctrica desde el apagón del 28 de abril, «no es un sobrecoste, sino herramientas del sistema para que el operador cumpla con su obligación de garantizar el suministro. » Corredor ha respondido así a una consulta sobre el coste del escudo antiblackout que se planteó en la rueda de prensa donde se presentaron los resultados del grupo del año pasado y el nuevo plan estratégico 2026-2029. Esto se traduce en la programación masiva de centrales sincrónicas, principalmente ciclos combinados de gas, en los llamados servicios de ajuste, más seguros pero más caros. El presidente de Redeia recalcó que «no es un sobrecoste, está en la ley y REE no se lleva nada». E insistió: «Cumplimos la normativa vigente». Corredor ha avanzado que la operación reforzada se mantendrá, hasta que se tenga «la certeza de que todos los agentes del sector]en referencia a las grandes eléctricas] cumplen con su responsabilidad» y con los cambios en los procedimientos de operación (el famoso 7. 4) que ha solicitado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se apliquen. La propia Redeia emitió hace dos semanas un comunicado en el que rechazaba que el coste del blindaje antiapagones ascendiera a 1 euro. 1. 000 millones de euros desde su puesta en marcha en mayo, como sostuvieron Endesa e Iberdrola en la Comisión del Senado que investiga el siniestro, sino que, según el cálculo de la compañía, fue de «516 millones de euros, 2. 000 millones de euros». 18% de todos los costes del sistema». En cualquier caso, Corredor se mantuvo firme en su discurso de que el cero eléctrico, que dejó sin suministro a la Península Ibérica, responde a causas «multifactoriales» o, como señala su informe corporativo, «a una serie de circunstancias acumuladas que superaron con creces el criterio de seguridad n-1]o la pérdida simultánea de dos centrales nucleares] y que provocaron un problema de sobretensión y una desconexión en cascada de la generación». Y volvió a responsabilizar de ello a las compañías eléctricas: «No lo decimos nosotros, lo dicen los que pueden, tanto el Gobierno como el panel de expertos» creado ad hoc por la Unión Europea. Preguntado por si los seguros de Redeia podrían cubrir contingencias derivadas de posibles sanciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que investiga el suceso, el consejero delegado del grupo, Roberto García Merino, aseguró que «no vemos ningún tipo de escenario» en el que se les atribuya «ningún tipo de responsabilidad» y que no esperan «ninguna sanción». En su opinión, coinciden en que el auditor externo y los servicios jurídicos internos y externos no han requerido ninguna advertencia o disposición. Según el informe corporativo, se trató de «una serie de circunstancias acumuladas que superaron con creces el criterio de seguridad n-1 [o la pérdida simultánea de dos centrales nucleares] y que dieron lugar a un problema de sobretensión y a una generación en cascada» porque no creen que sea aceptable «la responsabilidad en los hechos por parte de REE». El presidente de Redeia aseguró que la empresa ha sido «transparente» en todo momento con el Gobierno, la CNMC y el grupo de expertos. Y, en relación a los accionistas, subrayó que están a la altura de lo que se les pide y dejó claro: «No tenemos nada de lo que avergonzarnos». Después de que el operador publicara por primera vez los mapas con esa capacidad la semana pasada, una parte de la rueda de prensa se centró en la capacidad de la red de transporte eléctrico. Corredor recordó que los permisos de acceso y conexión ya concedidos para proyectos de plantas eólicas y fotovoltaicas son 129 GW, otros 16 GW para almacenamiento y 19 GW para instalaciones de demanda, de los que 12 GW están concedidos desde 2022, que no se han puesto en servicio, aunque para ello hay cinco años. Sin embargo, señaló, el 25% de los nudos tienen capacidad disponible para nuevas solicitudes. «No creo que se pueda hablar de falta de previsión» ni de que «la red esté colapsada», subrayó. En cuanto a la tasa de retribución financiera (TRF) del 6. 58% fijada por la CNMC para la actividad de transporte para el periodo 2026-2031 (igual que la tasa de reparto), el presidente de Redeia indicó que no supone ningún cambio estratégico ni de previsión financiera para el grupo, ya que se pretendía una TRF del 6. 5%. No obstante, sobre la opción de acogerse a las nuevas circulares (como van a hacer las grandes eléctricas con las circulares de reparto aprobadas por la CNMC), dijo que es algo que está «sobre la mesa» del consejo de administración, que se reserva así esa posibilidad para dentro de unos meses, ya que hay «algunas incertidumbres aún por determinar».
