La Comisión Europea ha advertido a España de que reducir el IVA de los combustibles fósiles al 10%, como ha hecho recientemente el Gobierno para aliviar a los hogares ante la subida de los carburantes por la guerra en Oriente Próximo, vulnera las normas europeas. Así se lo comunicó por carta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a finales de marzo, según explicó el propio Ejecutivo comunitario a EL PAÍS. «Es importante señalar que la directiva del IVA de la UE no contempla la posibilidad de aplicar un tipo reducido en los suministros de combustible», explican en la Comisión. Polonia, otro país que ha optado por la misma vía que España, también ha recibido una carta similar. Seguir leyendo
El Gobierno español defiende la rebaja fiscal aprobada, una de las principales medidas del decreto anticrisis, con el argumento de que es coyuntural por la crisis en Oriente Medio
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España ha sido advertida por la Comisión Europea de que es contrario a las normas europeas reducir el IVA de los combustibles fósiles al 10%, como ha hecho recientemente el Gobierno para aliviar la carga de los hogares de Oriente Medio tras el aumento del consumo de carburantes. Así se lo comunicaron por carta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a finales de marzo, según ha explicado el propio Ejecutivo comunitario a EL PAÍS. «Es importante señalar que la directiva del IVA de la UE no contempla la posibilidad de aplicar un tipo reducido en los suministros de combustible», explican en la Comisión. Polonia, otro país que ha optado por la misma vía que España, también ha recibido una carta similar. La reducción del IVA de los carburantes es una de las principales medidas fiscales del decreto anticrisis aprobado por el Gobierno el pasado 20 de marzo. El Ministerio de Hacienda, que dirige Arcadi España desde hace algo más de una semana, confirma que ha recibido la misiva y defiende la rebaja fiscal adoptada con el argumento de que la rebaja del IVA no es una medida estructural, sino temporal y coyuntural. Por ello, pese al toque de atención de la Comisión, Hacienda no tiene previsto revertir la medida, que estará en vigor al menos hasta el 30 de junio, el horizonte inicial que se marcó el Ejecutivo cuando diseñó el decreto de ayudas. Posteriormente, si la situación económica derivada de la guerra de Irán lo requiere, el Gobierno valorará la posibilidad de prorrogar las rebajas. En su caso, en Hacienda tendrán que decidir si mantienen la fórmula o la modifican para cumplir con las exigencias de Bruselas. El Gobierno español, entre otros cambios fiscales, redujo el IVA de los carburantes al 10% en el paquete de medidas para paliar el impacto en los precios de la crisis energética provocada por la guerra en Oriente Próximo. «Entendemos y compartimos plenamente la necesidad de apoyar a los ciudadanos en estos tiempos difíciles», destacan fuentes de la Comisión antes incluso de señalar que la reducción del impuesto sobre el valor añadido no es algo contemplado por las normas fiscales europeas. «Sin embargo, los Estados miembros pueden reducir los impuestos especiales sobre el combustible», señala como alternativa el departamento que dirige el comisario holandés Wopke Hoekstra. El problema es que la opción planteada por Bruselas, actuando sobre ese otro impuesto sobre los carburantes, también ha sido aprobada en España. Hacienda, dentro de su batería de medidas, promovió una reducción al mínimo permitido por la UE del tipo del impuesto sobre hidrocarburos en los productos de mayor consumo, como el gasóleo y la gasolina sin plomo. La rebaja se extendió al fuelóleo, el gas licuado, el gas natural y el queroseno, con un impacto estimado de 656. 5 millones de euros. En otras palabras, bajo el paraguas de las tasas especiales, el Gobierno tiene poco margen para seguir rebajando el combustible. Por su parte, la rebaja del IVA de los carburantes por parte de la Comisión tendrá un impacto recaudatorio de unos 507 millones hasta el 30 de junio. En total, el coste fiscal de todo el plan superará los 5. 000 millones. Aunque Bruselas señala que existe un camino acorde con las directivas fiscales de la UE para la aplicación de rebajas fiscales a los combustibles fósiles, las declaraciones de sus máximos responsables e incluso las recomendaciones esbozadas por el Ejecutivo europeo, está claro que esta solución no es de recibo. El Comisario de Energía, Dan Jorgensen, y la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han pedido por escrito y verbalmente a los Estados miembros que «no tomen medidas que puedan aumentar el consumo» y fomenten el ahorro de combustibles fósiles. España, por su parte, ha optado por una reducción general del IVA para los hidrocarburos. La Comisión ve mejor unas medidas fiscales que, a pesar de responder a la complicada situación actual, son estratégicas a largo plazo y pretenden fomentar la electrificación del consumo energético. Ahí encajan las reducciones en los impuestos pagados por la generación de electricidad o su transporte a través de las redes. «Los impuestos sobre la energía en muchos Estados miembros pueden ser más racionales», explicó Jorgensen en marzo. Aconsejó que es una de las cosas que podemos hacer en un futuro próximo. Sin embargo, este camino también tiene un límite, al menos por el momento. Las últimas crisis sistémicas que ha sufrido la UE (la financiera, la pandémica y la desatada tras la invasión de Ucrania por Rusia) fueron impulsadas por el gasto público. Esto ha incrementado los volúmenes de deuda y aumentado la capacidad de respuesta de los presupuestos de los Estados miembros. «Nuestro margen de maniobra es más limitado que antes debido a las crisis anteriores y a la necesidad de aumentar el gasto en defensa», dijo el Comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, en su última reunión con los ministros de Economía de la UE el 27 de marzo. De acuerdo con esta postura, la Comisión ignora por ahora la pretensión italiana de suspender las normas fiscales, lo que permitiría asumir el gasto público (o las rebajas fiscales) sin temor a que el déficit excesivo acabe en sanciones de la Unión. La normativa actual, que se actualizó hace apenas dos años, permite esta opción si se produce «una grave recesión económica en la zona euro o en toda la UE», según explicó el martes un portavoz del Ejecutivo comunitario. «Ahora no estamos en esa situación», ha zanjado. Que la situación no sea aún como la de 2022, cuando la invasión de Ucrania provocó un grave riesgo de desabastecimiento de gas natural y disparó las cotizaciones de esta materia prima a niveles aún lejanos pese a la guerra de Irán, ayuda a explicar la frialdad con la que fue recibida en Bruselas la carta enviada el sábado por los ministros de Economía de España, Italia, Alemania, Portugal y Austria. Estas naciones impusieron un impuesto sobre las extraordinarias ventajas de la energía derivadas de los precios de los combustibles y las subidas de precios. Los portavoces oficiales en la capital comunitaria confirman que la misión ha llegado: «La estamos evaluando y responderemos a su debido tiempo». Luego repiten que la situación no es la misma que la de hace cuatro años -entonces se aplicó temporalmente en España- aunque admiten que hay que tener en cuenta «las lecciones aprendidas entonces incluida la aportación solidaria temporal». El siguiente análisis también tiene lugar en Bruselas: estas subidas de impuestos no garantizan, según su visión, recursos inmediatos en las arcas públicas para financiar medidas de respuesta a la crisis.
