Si el Gobierno, y solo el Gobierno, no rectifica, el primer reactor de la central nuclear de Almaraz se cerrará el 1 de noviembre de 2027, en contra de la oposición política y ciudadana, tal y como se ha manifestado en acuerdos parlamentarios y manifestaciones públicas, en las que han participado sindicatos y los alcaldes sociales de la zona, iniciándose así el cierre de los siete reactores nucleares existentes en España, siguiendo un calendario escalonado que llega hasta 2035 con el cierre de Trillo. El Gobierno respaldó el calendario de cierre firmado en marzo de 2019 por las empresas propietarias de las centrales y Enresa, empresa pública encargada del desmantelamiento, al incluirlo en su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), aprobado en marzo de 2021. Sigue leyendo.
Somos el único país del mundo que cierra este tipo de centrales, mientras que el resto de Europa las abre o amplía.
Fuente: MRSS-S News
El primer reactor de la central nuclear de Almaraz se cerrará el 1 de noviembre de 2027, a pesar de la oposición política y ciudadana, tal y como se ha estipulado en acuerdos parlamentarios y manifestaciones públicas, lo que marcará el inicio del cierre de los siete reactores nucleares existentes en España, siguiendo un calendario progresivo que culminará en 2035 con el cierre de Trillo. El Gobierno ratificó el calendario de cierre firmado en marzo de 2019 por las empresas propietarias de las centrales y Enresa, la empresa pública encargada del desmantelamiento, al incluirlo en su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), aprobado en marzo de 2021. Y lo mantuvo en la actualización del Plan de septiembre de 2024, a pesar de los diversos cambios que introdujo en él, como el objetivo de alcanzar una independencia energética del 50 % frente al 30 % actual, reduciendo así las importaciones de gas y petróleo, lo que se traducirá en menores emisiones de CO₂. Alcanzar este objetivo de independencia energética para 2030, al tiempo que se mantiene el cierre nuclear, requiere un aumento de las energías renovables en el consumo final (transporte, etc. ) y, sobre todo, en la generación de electricidad, pasando del 74 % previsto al 81 % tras la actualización. Hoy ya podemos afirmar que estos objetivos son imposibles de alcanzar. Propongo, por tanto, que, con lo aprendido tras el apagón, en los tiempos turbulentos que vivimos y de acuerdo con los nuevos objetivos fijados en la actualización del PNIEC, el Gobierno corrija esta situación posponiendo —o eliminando— el calendario de cierre de las centrales nucleares. Además de alinearnos con la política comunitaria, ya no seremos el único país del mundo que, en contra de una recomendación explícita del informe Draghi, cierre sus centrales nucleares cuando el resto de Europa las está abriendo o ampliando su vida útil, de acuerdo con las conclusiones de la COP 28, que reconoció el papel esencial de la energía nuclear en la lucha contra el cambio climático. La propuesta cobra aún más importancia cuando nos encontramos en medio de una crisis mundial como la del estrecho de Ormuz u otros acontecimientos similares que afectan al suministro y al precio del gas o el petróleo que importamos. La energía nuclear representa el 20 % de nuestra generación eléctrica, y esto debe tenerse en cuenta si se pretende seguir electrificando la economía con energías renovables. Pero debemos hacerlo respetando las leyes de la física en materia de estabilización de la tensión en las redes, para lo cual la energía nuclear es clave, al ser sincrónica y continua. Porque la energía nuclear y las renovables no son alternativas, como a veces se presenta, sino que deben ser complementarias para estabilizar el sistema y aumentar la autonomía energética de España. Los propietarios pidieron entonces al Gobierno que las cerrara, y el Gobierno aceptó. La postura antinuclear del actual Gobierno quedó patente desde el principio: Teresa Ribera, nombrada ministra en junio de 2018, ya había declarado «su clara convicción» de que el cierre de las centrales nucleares era «obvio» y las calificaba de energías «peligrosas» y «obsoletas», situándolas al mismo nivel que el carbón. En aquel momento, su objetivo declarado era dejar que completaran 40 años de vida útil tecnológica antes de su cierre, tal y como figuraba en el programa electoral del PSOE para 2016, que yo mismo coordiné. Sin embargo, el Gobierno pronto empezó a tomar medidas para aumentar la carga fiscal sobre las centrales nucleares, empezando por la denominada «tasa Enresa», que se incrementó un 20 % en 2019. A partir de ahí, según un estudio realizado por PwC, en los últimos cinco años la fiscalidad del parque nuclear ha aumentado en más del 50 %, con varios gravámenes redundantes o no previstos. Esto significa que el 40 % de los costes totales del parque nuclear actual viene determinado por la carga fiscal que el Gobierno ha ido aprobando o aumentando de forma discrecional. La consecuencia es obvia: con esta sobrecarga fiscal por encima de la media europea. . . «la energía nuclear suele quedar fuera del mercado cuando el precio mayorista es inferior, lo que la sitúa ante la disyuntiva de perder dinero o desconectarse temporalmente». Esta realidad, impulsada por un Gobierno antinuclear, es lo que explica la aparente paradoja de que las empresas estuvieran dispuestas a cerrar centrales que les generan, de forma artificial, pérdidas. Bastaría con equiparar la fiscalidad nuclear a la media europea —no digo a la francesa— para que volvieran a ser rentables y las empresas quisieran prolongar su vida útil. Con la intención de facilitar un cambio de actitud por parte del Gobierno —puesto que el mundo entero y la mayoría de los españoles han cambiado su visión de la energía nuclear desde 2016— y dado que la UE está estudiando una reducción general de los impuestos sobre la electricidad, las empresas solicitaron el 30 de octubre de 2025 que se ampliara la vida útil de Almaraz hasta junio de 2030. De acuerdo con el procedimiento, el Gobierno solicitó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que informara sobre si se mantendrían las condiciones de seguridad con dicha ampliación. Esperamos que este informe sea positivo, ya que el CSN cuenta con dos inspectores permanentes en cada reactor y recientemente aprobó su informe periódico de seguridad de Almaraz, válido hasta 2030. Dado que el funcionamiento se ha reforzado tras el apagón, resulta difícil pensar que el operador del sistema no haya respaldado también la prórroga. Con el informe del CSN, sumado a la solicitud de las empresas y a la oposición al cierre por parte de trabajadores, empresarios, vecinos e incluso del movimiento ecologista internacional WePlanet, el Gobierno estará facultado para conceder dicha prórroga, además con el apoyo mayoritario del Congreso. Esperemos que este servicio de interés general para España no se vea enturbiado por la turbulenta dinámica política de confrontación que vivimos. A veces hay que imponer el sentido común. Esta debe de ser una de esas ocasiones. . Jordi Sevilla es economista.
