El Gobierno no aprobará la semana que viene el refuerzo del registro de horas, tal y como exigían fuentes gubernamentales, por lo que no cumplirá la promesa que hizo a finales de julio. El Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía afirmaron entonces que habían alcanzado un acuerdo político para aprobar esta medida, consensuada con los sindicatos, en septiembre. Con esta programación, el Ejecutivo ha atenuado el descontento sindical al hacer caso omiso del ultimátum lanzado por la UGT y CC. OO. : estas organizaciones habían afirmado que, si no se aprobaba en julio, dejarían de estar de acuerdo con el Gobierno. No fue ni en julio ni en septiembre, y el Gobierno tampoco especificó cuándo. . . Seguir leyendo.
Trabajo y Economía se comprometieron a llevarla al Consejo de Ministros durante el mes de septiembre, pero no se incluirá en la última reunión, el próximo martes.
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El Gobierno no aprobará la refuerzo del registro de horas la próxima semana, según informan fuentes del Gobierno, por lo que no cumplirá la promesa que hizo a finales de julio. Los sindicatos y el Ministerio de Trabajo informaron entonces de que habían llegado a un acuerdo para aprobar esta medida en septiembre. Con esta programación, el Ejecutivo ha atenuado el descontento sindical al hacer caso omiso del ultimátum que habían lanzado la UGT y CCOO: estas afirmaban que, si no se aprobaba en julio, dejarían de apoyar al Gobierno. No fue ni en julio, ni en septiembre, ni el Gobierno especificó cuándo. . El retraso, según fuentes conocedoras del entuerto, se debe al dictamen muy desfavorable emitido por el Consejo de Estado: la parte socialista del Ejecutivo se muestra reacia a llevar el texto al Consejo de Ministros tras el varapalo que le ha asestado el órgano consultivo. Este órgano emitió un dictamen muy crítico por la falta de adecuación sectorial, la carga adicional para las pymes y por considerar que el proyecto invade el ámbito legislativo, a pesar de tratarse de un reglamento. En opinión de Trabajo, estos argumentos se basaban principalmente en las valoraciones del proyecto emitidas por Economía, una circunstancia que Yolanda Díaz criticó entonces: «A pesar de los intentos del Ministerio de Economía, seguiremos adelante con el nuevo registro de horas», afirmó la vicepresidenta II en marzo. El registro de horas también se va a hacer, tal y como se dijo en aquellos días: «Aunque sea lo último que haga, se va a hacer». El tono se ha ido suavizando en los últimos meses, a medida que el departamento de Díaz y Carlos Corpo han ido avanzando en la resolución de estas reclamaciones del Consejo de Estado. Ahora ni Trabajo ni Economía son objeto de críticas por el nuevo retraso y no dan un nuevo plazo, tras no haber cumplido el de septiembre. El departamento de Díaz afirma que esperan aprobarlo lo antes posible y que están trabajando para ello, mientras que Economía indica que siempre ha estado a favor de aprobarlo lo antes posible. Toda la atención mediática y política, de cara al Consejo de Ministros de la próxima semana, se centra en las medidas de vivienda que el Gobierno pretende impulsar ante la indignación social que ha suscitado el desahucio de Maricarsen. Tal y como ha precisado, el ministerio introducirá algunos cambios técnicos en el texto para dar respuesta a las críticas del Consejo de Estado, pero estos no alteran el espíritu de la norma acordada con los sindicatos. Entre otros aspectos, Economía y Trabajo discrepaban sobre el plazo de adaptación que concederá la norma, con Díaz a favor de seis meses y Carlos Corpo de un año. Fuentes sindicales sostienen que el Gobierno aún no ha detallado los cambios respecto a lo acordado con ellos en diciembre de 2024, hace casi dos años. El registro de horas es obligatorio para las empresas desde 2019, tras su introducción por el entonces Gobierno en solitario del PSOE. El Ministerio de Trabajo propone que sea necesariamente digital (ahora se puede hacer en papel) y accesible directamente por la Inspección, de modo que los inspectores puedan supervisar el cumplimiento de esta normativa en tiempo real. Los trabajadores españoles realizan una media de 6, 43 millones de horas extras a la semana, según cálculos del gabinete económico de CC. OO. a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa. Sin embargo, a pesar de que es obligatorio por ley, las empresas no remuneran cuatro de cada diez de estas horas (2, 54 millones), algo que sí hacen con el resto (3, 89 millones). El Gobierno tiene la intención de aprobar la modificación del registro por decreto, de modo que no sea necesario el apoyo del Parlamento. De este modo, el Ejecutivo evita la posibilidad de que la mayoría del poder legislativo derogue la medida, tal y como ocurrió hace un año con la reducción de la jornada laboral. La CEOE considera (al igual que el Consejo de Estado) que este enfoque del Gobierno es un error, que la norma sí invade el ámbito legislativo y que debería debatirse en el Parlamento. Por ello, ha anunciado que, si así lo aprueba el Consejo de Ministros, interpondrá un recurso al respecto. Yolanda Daz reviste especial importancia política porque los sindicatos son los interlocutores en el diálogo social con los que puede llegar a un acuerdo sobre sus proyectos legislativos (desde hace más de dos años que no ha logrado llegar a un acuerdo con la CEOE y Cepyme). Actualmente hay cuatro mesas abiertas: la transposición de la directiva sobre transparencia salarial, el proyecto para incorporar a los sindicatos a los consejos de administración de las empresas, el que busca reformar las indemnizaciones por despido y el que propone una estrategia para activar el empleo de los menores de 24 años y los desempleados de larga duración mayores de 45 años. Los sindicatos se muestran más comprensivos con el fracaso de los pactos en el Congreso, dada la mayoría de derechos, pero están muy molestos por la lentitud en la adopción de los decretos comprometidos, como el registro de horas, el plan B del Gobierno ante el fracaso de la reducción de la jornada. Las centrales sindicales también se quejan de que el Gobierno aún no haya aprobado el decreto sobre la compensación y la absorción de los complementos salariales, por lo que las empresas no pueden eliminar estas partidas salariales cuando sube el SMI.
