Dinamizar la construcción de vivienda protegida es uno de los ejes centrales de la hoja de ruta diseñada por el Gobierno dentro de su Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con el que pretende hacer frente al enorme problema que se ha acumulado en las entrañas del sector inmobiliario en los últimos años. Para lograrlo, el ministerio que dirige Isabel Rodríguez ha diseñado medidas para ampliar el todavía escaso parque público -que hoy supone sólo el 3. 4% del total de viviendas- destinando el 40% de los 7. 000 millones del programa a apoyar la construcción de VPO. El volumen de viviendas terminadas casi se ha duplicado en la última década, pasando de las 7. 931 que se calificaron definitivamente en 2015 a las 14. 371 de 2024, 81. Un 2% más. Pero en estas cifras sigue apareciendo un agujero negro: España lleva 11 meses sin terminar una sola vivienda protegida en alquiler con derecho a compra. Sólo hay 394 en el último lustro, o 2, 292 en los últimos diez años. Un pobre balance que afecta a otra de las medidas estrella del Ejecutivo, que ha prometido ayudas de hasta 30, 000 euros para que los jóvenes que accedan a este tipo de VPO se conviertan en propietarios. Seguir leyendo
El Ejecutivo se ha comprometido a ayudar a los jóvenes que se acojan a este tipo de VPO, que ha sumado 394 viviendas en los últimos cinco años, con hasta 30. 000 euros de ayuda.
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Dinamizar la construcción de vivienda protegida es uno de los ejes centrales de la hoja de ruta diseñada por el Gobierno dentro de su Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con el que pretende hacer frente al enorme problema que se ha acumulado en las entrañas del sector inmobiliario en los últimos años. Para lograrlo, el ministerio que dirige Isabel Rodríguez ha diseñado medidas para ampliar el todavía escaso parque público -que hoy supone sólo el 3. 4% del total de viviendas- destinando el 40% de los 7. 000 millones del programa a apoyar la construcción de VPO. El volumen de viviendas terminadas casi se ha duplicado en la última década, pasando de las 7. 931 que se calificaron definitivamente en 2015 a las 14. 371 de 2024, 81. Un 2% más. Pero en estas cifras sigue apareciendo un agujero negro: España lleva 11 meses sin terminar una sola vivienda protegida en alquiler con derecho a compra. Sólo hay 394 en el último lustro, o 2, 292 en los últimos diez años. Un pobre balance que afecta a otra de las medidas estrella del Ejecutivo, que ha prometido ayudas de hasta 30, 000 euros para que los jóvenes que accedan a este tipo de VPO se conviertan en propietarios. Durante años, las viviendas protegidas -cuyo diseño nació hace más de cien años con la Ley de Bares de 1911- fueron especialmente atractivas para la compra, por su valor más contenido que el del mercado libre. Sin embargo, con los precios por las nubes, y sin visos de que la curva vaya a descender drásticamente en un futuro próximo, para muchas personas atrapadas en arrendamientos que no paran de crecer, la posibilidad de dar el paso de inquilinos a propietarios dentro de este entorno controlado se ha convertido en la única vía de escape. . La perspectiva de acceder a una vivienda protegida -cuyo precio máximo de venta o alquiler está regulado por la Administración, y suele ser sensiblemente inferior al de una vivienda libre- es ahora la solución más inmediata para quienes están anclados en el alquiler libre, y no tienen ahorros para afrontar una compra con precios en máximos históricos. «Entiendo el interés que hay detrás y creo que merece la pena jugársela», afirma Javier Burón, gerente de Nasuvinsa, la sociedad pública de vivienda y urbanismo del Gobierno de Navarra, y autor del ensayo El problema de la vivienda. Cómo desactivar el reloj bomba que amenaza con colapsar España (Arpa, 2025). En su opinión, las estadísticas previas no eran determinantes, ya que lo que buscaba el paquete de ayudas a la compra era precisamente estimular un modelo que no se había explotado en los últimos años. «En 2008 llegó la crisis financiera que pinchó la burbuja inmobiliaria, luego se sumó la austeridad (políticas basadas en una fuerte contención del gasto) y no se apostó por esta fórmula. Y ahora se intenta reiniciar la máquina de construir vivienda protegida, aunque enfocada al alquiler, por lo que no tiene sentido mirar al pasado», afirma. ceguera perpetua. De acuerdo con el cuerpo legislativo del plan estatal que el Ministerio ha diseñado para los próximos cinco años, el 40% de los recursos que lo componen se destinan al apoyo a la construcción de VPO. Pero las comunidades que quieran optar a las ayudas estatales no sólo deben aportar sus recursos, sino también garantizar la protección de estas viviendas de forma indefinida. Es decir, no se pueden vender o subarrendar por encima de las restricciones establecidas por la Administración en cada momento. Hasta ahora existía la opción de descalificarlas pasados unos años, algo que las comunidades que lo deseen pueden seguir haciendo, tal y como señaló una sentencia del Tribunal Constitucional a raíz de la ley estatal de vivienda, siempre que no hayan intervenido fondos estatales en la promoción. Como incentivo extra, el plan también prevé ayudas de 30. 000 euros para jóvenes de hasta 35 años, con las que facilitar el acceso a estas viviendas de protección oficial en régimen de alquiler con opción a compra. De manera que esos 30, 000 euros se descuentan del precio final de la adquisición. Burón defiende la necesidad de poner en marcha ayudas económicas para financiar parte de la construcción de las VPO, y especialmente las de alquiler con opción a compra, y entiende que son la forma de movilizar a una generación muy decidida de personas que se encuentran atascadas en estos momentos. «Está claro que lo que se busca es que una parte de los jóvenes que tienen capacidad de pago, pero carecen de ahorros para optar a la compra, se animen a hacerlo en vivienda protegida», incita. El experto destaca la utilidad de la aportación extra para la compra, junto con el hecho de que las cuotas mensuales van reduciendo paulatinamente la cantidad exigida para la entrada. También subraya que la particular apuesta por este modelo no va en detrimento de otras alternativas, «que se seguirán haciendo en diferentes ámbitos», ya que «hay muchos tipos de necesidades que atender» y no en todos los territorios la situación es la misma. Xavier Vilajoana, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCEspaña), y parte activa en la construcción de vivienda pública, recuerda que, por mucho que el Gobierno diseñe un plan motivador, son las comunidades autónomas y las entidades locales las que tienen las competencias. Por tanto, de ellas depende su éxito. Para los promotores, el principal problema para todo el despliegue de nuevas construcciones sigue siendo la escasez de suelos finalistas (listos para construir). Sostiene que «todo este compromiso estatal debe ir acompañado de otras medidas, que no necesariamente tienen que pasar por la subvención. » En su opinión, sería mucho más útil «agilizar los trámites administrativos». Vilajoana cree que el plan estatal va en la buena dirección, «pero es sólo el primer paso». Sólo en siete comunidades. Las viviendas en alquiler con opción a compra apenas han aprovechado el fuelle que ha ganado la construcción de VPO en los últimos años. Las 2. 292 registradas en la última década se concentran en sólo siete comunidades autónomas. Con 1. 314 viviendas, que suponen el 57, 3% del total, Madrid destaca por mucha diferencia, en conjunto. El resto se localizan en Andalucía (350), Canarias (246), Navarra (182), Cantabria (137), Baleares (51) y Galicia (12). Y en los otros diez territorios, no hay señales de una sola casa de este tipo. Según las últimas proyecciones del Banco de España, el mercado inmobiliario tiene un déficit de unas 700, 000 viviendas para equilibrar oferta y demanda. Una cifra que, según el propio Ministerio de Vivienda, se amplía hasta el millón y que aumentará progresivamente, si se cumplen las proyecciones demográficas y al mismo tiempo no se toman medidas, en 100, 000 casas al año. Estas necesidades se suman tanto al parque privado como al público, pero este último es especialmente bajo. A veces, como ocurre con la VPO de alquiler con opción a compra en muchas zonas de España, es directamente inexistente.
