Adif está a un paso de seleccionar el equipo consultor que le asistirá en su macrocausa contra alrededor de quince contratistas, incluidos algunos de los más importantes del sector, a quienes exigirá compensaciones por daños y perjuicios relacionados con el conocido cártel ferroviario. La empresa estatal avanza en el contrato que licitó hace casi cuatro años, por un monto de hasta 725.000 euros, para la realización de informes periciales que evalúen los daños patrimoniales causados por las acciones anticompetitivas de un grupo de empresas, y ha iniciado el análisis de las propuestas presentadas por firmas especializadas en este ámbito. La compañía estadounidense de servicios profesionales Alvarez & Marsal y la firma española Auren han solicitado esta adjudicación, aunque no son las únicas, ya que están en competencia con la alianza de la auditora Audiwork y el despacho AGM, así como con las consultoras Alomon y Fideres, según se detalla en el expediente del concurso.
Cuatro empresas han presentado su propuesta para realizar las evaluaciones periciales que respaldarán las reclamaciones contra las compañías que recibieron más de 1.000 millones en contratos del estado.
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Adif está a un paso de seleccionar el equipo consultor que le asistirá en su macrocausa contra alrededor de quince contratistas, incluidos algunos de los más importantes del sector, a quienes exigirá compensaciones por daños y perjuicios relacionados con el conocido cártel ferroviario. La empresa estatal avanza en el contrato que licitó hace casi cuatro años, por un monto de hasta 725.000 euros, para la realización de informes periciales que evalúen los daños patrimoniales causados por las acciones anticompetitivas de un grupo de empresas, y ha iniciado el análisis de las propuestas presentadas por firmas especializadas en este ámbito. La empresa estadounidense de servicios profesionales Alvarez & Marsal y la española Auren han presentado sus ofertas para este contrato, aunque no son las únicas en la competencia. También están en la contienda la colaboración de la auditora Audiwork y el despacho AGM, así como las consultoras Alomon y Fideres, según el expediente del concurso. Adif inició este proceso en octubre de 2023 para seleccionar a un asesor externo que determine la cantidad de daño generado por un grupo de empresas, entre las que se encuentran Alstom, Siemens, Indra, Elecnor y filiales de ACS, tras la multa impuesta en 2019 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a alrededor de quince empresas por conductas anticompetitivas. Por lo tanto, busca una firma que le brinde asistencia financiera, técnica y legal en los trámites judiciales que desea iniciar para solicitar una compensación. Sin embargo, poco después de comenzar, el concurso se detuvo, entre otras razones, para esperar la decisión de la Audiencia Nacional sobre los recursos que las empresas habían presentado contra las resoluciones del organismo regulador. Las sentencias al respecto se emitieron en abril de 2024, y confirmaron las conclusiones de la CNMC sobre la existencia de tres cárteles que, entre 2002 y 2013, distribuyeron más de 22025 millones en más de 284 contratos públicos de Adif para la construcción y mantenimiento de los sistemas de electrificación y electromecánica de los trenes convencionales y de alta velocidad. Sin embargo, el tribunal instruyó a la autoridad de Competencia a disminuir la multa total de 22,016 millones de euros que había impuesto, puesto que únicamente validó completamente las sanciones a cinco de las quince empresas sancionadas. Entre estas, se encuentran la multa de 22,021,212.7 millones para Siemens y la de 153,215 millones para Alstom, las cuales ya habían sido reducidas por la CNMC como parte de una compensación por su colaboración en la investigación bajo el programa de clemencia. Además, evaluó los recursos de todas las compañías, ya sea de manera total o parcial, al considerar que ciertos períodos analizados estaban prescritos o que carecían de pruebas sobre la implicación de las empresas en actividades irregulares. Informe presentado ante los tribunales. Debido a estos problemas, el encargado de la infraestructura ferroviaria reinició en marzo la contratación de un «equipo multidisciplinario especializado» que se encargará de elaborar varios informes técnicos: uno específico para cada contratista, además de otros dos que abordarán las prácticas que impactaron tanto en la alta velocidad como en la red convencional.
