La Comisión Europea ha informado este jueves de que ha iniciado un “procedimiento de infracción” contra España por incumplir la directiva comunitaria que obliga a retribuir las dos últimas semanas del permiso parental. Esta es una condición que los Estados miembro debieron transponer a sus legislaciones nacionales a más tardar el pasado agosto conforme a la directiva sobre conciliación, que establece requisitos mínimos destinados a lograr la igualdad entre hombres y mujeres en lo que respecta a las oportunidades en el mercado laboral y al trato en el trabajo.. Seguir leyendo
Se trata del primer paso formal en el procedimiento sancionador y da al Gobierno dos meses para responder
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La Comisión Europea ha informado este jueves de que ha iniciado un “procedimiento de infracción” contra España por incumplir la directiva comunitaria que obliga a retribuir las dos últimas semanas del permiso parental. Esta es una condición que los Estados miembro debieron transponer a sus legislaciones nacionales a más tardar el pasado agosto conforme a la directiva sobre conciliación, que establece requisitos mínimos destinados a lograr la igualdad entre hombres y mujeres en lo que respecta a las oportunidades en el mercado laboral y al trato en el trabajo.. La norma comunitaria, explica la Comisión, entró en vigor en julio de 2019. Pero como es habitual dio un periodo a los Gobiernos para adaptarse a la misma. La mayor parte de las disposiciones quedaron aplazadas hasta agosto de 2022, mientras que la que se refiere al pago de las últimas dos semanas se fijó para dos años más tarde.. Según informa el Ejecutivo comunitario, España ha incumplido el plazo para comunicar la transposición completa de ese último elemento y por ello Bruselas da el paso de iniciar el expediente sancionador. Lo hace mediante el envío de una carta de emplazamiento, que es el primer paso formal del proceso. Ahora el Gobierno español tiene dos meses para responder o adoptar las medidas pertinentes. Si en ese periodo no se subsana la situación, la Comisión podría enviar un dictamen motivado, que da algo más de tiempo al diálogo antes de decidir si llega a la tercera y última fase, que supone denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.. El pasado agosto, cuando expiró el plazo para cumplir con la transposición de la obligación de pagar las dos últimas semanas del permiso, el Ministerio de Trabajo y Economía Social afirmó que Bruselas multaría a España con al menos 7 millones de euros por incumplir esta disposición y que la cifra aumentaría si el incumplimiento persistía. Con todo, el anuncio del Ejecutivo comunitario de este jueves es el primer paso del expediente. Para llegar a la sanción económica, el asunto tendría que llegar al TJUE, que es el competente para dictar este tipo de medida.