El que fuese Chief Digital Officer (CDO) de Telefónica, José María Alonso Cebrián –más conocido como Chema Alonso-, anunció el pasado martes su fichaje como vicepresidente y máximo responsable de desarrollo internacional de Cloudflare. Se trata de una empresa tecnológica estadounidense especializada en ciberseguridad y computación en la nube que sirve de intermediaria en la red a webs y proveedores de contenidos, y a la que LaLiga acusa de ser la responsable de proteger al 50% de webs que emiten fútbol de forma pirata.. Seguir leyendo
El hacker, ex de Telefónica, renuncia a ser asesor de los árbitros después de ser contratado por Cloudfare, empresa a la que Tebas acusa de estar detrás de la piratería
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El que fuese Chief Digital Officer (CDO) de Telefónica, José María Alonso Cebrián –más conocido como Chema Alonso-, anunció el pasado martes su fichaje como vicepresidente y máximo responsable de desarrollo internacional de Cloudflare. Se trata de una empresa tecnológica estadounidense especializada en ciberseguridad y computación en la nube que sirve de intermediaria en la red a webs y proveedores de contenidos, y a la que LaLiga acusa de ser la responsable de proteger al 50% de webs que emiten fútbol de forma pirata.. Se da la circunstancia además que Chema Alonso, al que se asocia popularmente con la imagen de un hacker calzado con su eterno gorro de lana, fue recientemente nombrado asesor del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), otro enemigo declarado de LaLiga, con la que mantiene todo de conflictos por horarios, designaciones arbitrales, Supercopa, etcétera.. El conflicto ha alcanzado tal magnitud que Chema Alonso no ha tenido mas remedio que renunciar a ser asesor de los árbitros para no caldear aún más el conflicto entre LaLiga y la RFEF, y ante una posible incompatibilidad por su cargo oficial en Cloudfare, confirmaron a El País fuentes del sector.. La institución que preside Javier Tebas es socia de Telefónica, con la que va de la mano en la estrategia antipiratería. No en vano, la operadora es la poseedora de la mayor parte de los derechos de emisión de las competiciones que organiza LaLiga, como la Primera División de fútbol. Por eso, el fichaje de Alonso ha sorprendido en la institución, ya que el directivo ha conocido las medidas antipiratería implementadas junto a LaLiga en los distintos puestos que ha tenido en el área de ciberseguridad de Telefónica desde 2016. Unas medidas que ahora deberá combatir en Cloudfare, que ha denunciado en los tribunales a LaLiga.. “Estoy emocionado, asustado y con muchas ganas de trabajar duro. Después de muchos años dedicándome a la tecnología, unirme a una empresa innovadora y en rápido crecimiento que crea la tecnología del futuro para Internet es un sueño hecho realidad”, señalaba Alonso en su perfil de LinkedIn tras dar noticia de su fichaje por Cloudfare. Alonso salió de Telefónica en la última remodelación directiva acometida por Marc Murtra a su llegada a la presidencia de la compañía en enero de este año.. Javier Tebas ha manifestado en varias ocasiones su animadversión hacia Cloudfare, a la que acusa de entorpecer la lucha antipiratería para lucrarse con los ingresos de estas webs que alojan contenido ilegal. “Más del 50% de las IPs piratas que distribuyen el contenido de LaLiga ilegalmente están blanqueadas por Cloudflare y, pese a que LaLiga ha realizado múltiples requerimientos a la compañía para que cese su colaboración con sitios piratas, Cloudflare ha optado por no colaborar y lucrarse de la actividad criminal que ayuda a encubrir”, señalaba en un comunicado LaLiga el pasado mes de febrero. En otras ocasiones, el tono de las ataques ha subido tanto que se ha acusado a la firma tecnológica de “colaborar con actividades ilegales, como el proxenetismo, prostitución, pornografía, comercialización de falsificaciones, fraude y estafa”.. A su vez, la empresa estadounidense está en contra de los bloqueos masivos de sus direcciones IPs que exige LaLiga bajo mandato judicial en su lucha contra las emisiones ilegales de partidos, porque provocan que decenas de miles de dominios, incluyendo páginas institucionales (ayuntamientos, plataformas de pago, comercios electrónicos e incluso medios de comunicación) hayan quedado inaccesibles desde los principales operadores españoles. De hecho, Cloudfare ha elevado un recurso al Tribunal Constitucional y a la Comisión Europea para frenar estos bloqueos “indiscriminados”. La empresa ha implementado tecnologías de protección de la privacidad que también dificultan el rastreo de contenido ilegal, como cambios dinámicos de IP, bloqueo de puertos HTTP, sistemas de anonimización, y encriptamiento (ECH).. Principal ingreso de los clubes. Los derechos audiovisuales representan el principal ingreso de LaLiga y de los clubes de fútbol asociados a ella. LaLiga adjudicó en 2021 los derechos de retransmisión de la Primera división por cinco temporadas, de la 2022/2023 a la 2026/2027, a Telefónica y DAZN por un total de 4.950 millones de euros (luego se tuvo que trocear el concurso en dos plazos, pero no varió el importe de la adjudicación).. De ahí la lucha denodada que la patronal española de clubes profesionales ha desatado contra la piratería, por la que estima que está perdiendo entre 600 y 700 millones de euros, lo que equivale al dinero que pueden llegar a percibir la suma de 12 de los equipos de Primera por los derechos de televisión. LaLiga ha intensificado sus esfuerzos mediante el monitoreo de direcciones IP y la colaboración con operadoras —como Vodafone, Orange, Digi, MásMóvil y Telefónica—, y ha introducido bloqueos selectivos durante los partidos de fútbol más populares para minimizar el impacto en usuarios legítimos.. Además, destacan las acciones legales contra las plataformas piratas, las cuales se han traducido en la sentencia contra Roja Directa en diciembre de 2024, obligada a pagar una indemnización de 31,6 millones de euros por retransmisiones ilícitas. O la operación de la Guardia Civil por la que se desactivó la plataforma Cristal Azul, con la detención de una persona por fraude, acusada de un perjuicio de más de 42 millones de euros al fútbol español.
