Más de tres millones de empleados públicos que trabajan en España tienen pendiente una subida salarial del 0,5% para compensar la evolución de la inflación. Esta mejora está recogida en el Acuerdo Marco para la Administración del Siglo XXI (2022-2024), que el Gobierno pactó con los sindicatos CC OO y UGT. La semana pasada el ministro de Función Pública, Óscar López, señaló que este incremento no se abonará hasta que se despeje qué va a pasar con los Presupuestos Generales del Estado de 2025, cuando ni siquiera hay garantías de que el Ejecutivo los presentará. El sindicato de funcionarios CSIF ha calculado que el abono de este 0,5% supondrá una media de 168 euros para cada uno de los trabajadores del sector público.. Seguir leyendo
El sindicato, que baraja paros parciales para exigir el cobro de esta mejora, también estima que actualizar los sueldos públicos con el IPC en 2025 supondrá otros 80 euros más al mes para cada trabajador
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Más de tres millones de empleados públicos que trabajan en España tienen pendiente una subida salarial del 0,5% para compensar la evolución de la inflación. Esta mejora está recogida en el Acuerdo Marco para la Administración del Siglo XXI (2022-2024), que el Gobierno pactó con los sindicatos CC OO y UGT. La semana pasada el ministro de Función Pública, Óscar López, señaló que este incremento no se abonará hasta que se despeje qué va a pasar con los Presupuestos Generales del Estado de 2025, cuando ni siquiera hay garantías de que el Ejecutivo los presentará. El sindicato de funcionarios CSIF ha calculado que bel abono de este 0,5% supondrá una media de 168 euros para cada uno de los trabajadores del sector público.. Esta cantidad, multiplicada por la plantilla de las administraciones, supone “que el Gobierno está reteniendo a los empleados públicos unos 504 millones de euros en retribuciones”, denuncian fuentes del CSIF, que, además, recuerdan que la mejora se consolidará en las nóminas de estos empleados. No obstante, este cálculo es un promedio que difiere ligeramente en función de la categoría de cada empleado público.. Así, para los empleados de la categoría A1 (de médicos o profesores entre otros), con un sueldo bruto mensual de 2.576 euros en 14 pagas (con complementos específicos y de destino medios) y una media de antigüedad de 15 años, la subida del 0,5% representará el cobro de unos 13 euros por cada mensualidad, o lo que es lo mismo 182 euros solo por 2024, ya que esta cantidad se cobrará de forma retroactiva desde el 1 de enero del pasado año.. En el caso de las categorías A2 y equivalentes (técnicos informáticos, de hacienda, contabilidad, enfermería etc.), para las mismas condiciones que los anteriores, pero con un sueldo bruto mensual de 2.383 euros, la deuda del Gobierno con estos trabajadores asciende a 168 euros mensuales. Y para los empleados C1 (administrativos o atención a la ciudadanía, por ejemplo), con unas retribuciones medias de 1.687 euros brutos al mes, el 0,5% supondrá el cobro de 112 euros.. Dicho esto, fuentes del CSIF aseguran que, a esta cantidad ya comprometida, se debería sumar como mínimo la actualización del IPC a los sueldos públicos, de forma que las nóminas se incrementen (además de consolidar el 0,5% del año previo) un 2,8% desde enero pasado. Esta revalorización supondría el cobro de unos 80 euros de media más al mes por parte de cada empleado público en 2025. Según esto, el coste por trabajador para el primer trimestre ascendería a 240 euros, que multiplicados por tres meses y tres millones de empleados públicos elevaría el coste total de la actualización salarial entre enero y marzo a los 720 millones de euros.. Por tanto, el sindicato CSIF suma el coste del incremento pendiente y el de la actualización correspondiente a 2025 —que los sindicatos tendrán que negociar con el Gobierno en la mesa recientemente abierta para redactar un nuevo acuerdo marco sobre retribuciones y empleo— y obtiene que la deuda del Ejecutivo con los empleados públicos en materia de revisión del IPC asciende hasta la fecha a 1.224 millones de euros.. Es más, los responsables de esta central sindical aseguran que el Ministerio de Hacienda, que es el que tiene las competencias para abonar las retribuciones a los empleados públicos, podría técnicamente ejecutar el pago de todas estas cantidades sin esperar a que se despeje si los Presupuestos Generales del Estado de 2025 saldrán o no adelante. “El Gobierno puede aplicar la subida sin más, por decreto, como se hizo hace dos semanas con el personal militar. Por eso, rechazamos ser rehenes de un Ejecutivo incapaz de pactar unos presupuestos generales del Estado”, añaden fuentes de este sindicato. En protesta por esta situación, esta central está barajando la convocatoria de paros parciales en el sector público. Protestas de CC OO. A la movilización iniciada por CSIF se suma ahora la de CC OO. El área pública de este sindicato (integrada por la Federación de Servicios a la Ciudadanía, la Federación de Enseñanza y la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios) ha protagonizado este martes una concentración de más de un millar de trabajadoras y trabajadores públicos ante el Ministerio de Hacienda “para exigir una mejora salarial justa y significativa en el sector público”.. En concreto, los manifestantes de CC OO han exigido a Hacienda que lleve ya al Consejo de Ministros el abono del incremento del 0,5% de los salarios públicos que está pendiente de recibir correspondiente a lo acordado para compensar la evolución de la inflación. Junto a ello, han reivindicado “la urgencia de culminar el cumplimiento del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, con aspectos pendientes aún de aplicación”. Entre estas cuestiones está la plena implantación de un nuevo modelo de clasificación profesional; la aplicación de la jornada laboral de las 35 horas; la creación de empleo neto en las administraciones públicas, reducción de la temporalidad y rejuvenecimiento de las plantillas; y la garantía de atención presencial de los servicios públicos, así como un plan específico de digitalización para las zonas de menor población, entre otras cosas.
