La cuestión de la energía nuclear nunca es un tema secundario en la política española. La correspondencia entre el Ministerio de Transición Ecológica e Ibedrola y Endesa, quienes son los principales dueños de las centrales que siguen operando, ha sido rechazada de manera contundente y sin reservas por parte de la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, esta mañana. «España lleva años con este debate zanjado y los plazos de finalización son bastante precisos.» «No lo vamos a permitir», ha señalado la ministra de Trabajo en la red social Bluesky.
La vicepresidenta afirma que no van a permitir ninguna extensión del cronograma.
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El debate sobre la energía nuclear jamás pasa de puntillas en la política española. El intercambio de cartas entre Ministerio de Transición Ecológica e Ibedrola y Endesa, los principales propietarios de las centrales aún en funcionamiento, ha recibido esta mañana el rechazo inmediato y sin matices de la vicepresidenta segunda y lúder de Sumar, Yolanda Díaz. “Hace años que España tiene este debate cerrado y los plazos de cierre son muy claros. No vamos a permitirlo”, ha advertido la también ministra de Trabajo en la red social Bluesky.
Díaz incide en que el proyecto de transición ecológica del Ejecutivo de España se sustenta en las energías renovables y “aumentar la extensión de la vida útil de las nucleares camina en la dirección contraria”.
Fuentes de Sumar han recordado incluso el pacto entre PSOE y la formación de Díaz que propició la coalición de gobierno. En concreto, el punto al que se refiere rezaba lo siguiente: “Haremos un cierre de las nucleares planificado, seguro, ordenado y justo socialmente, escalonando el cese de operación de todas las centrales españolas entre 2027 y 2035, continuando los instrumentos ya desarrollados en la Estrategia de Transición Justa”.
El socio del PSOE también ha recordado el apagón del 28 de abril y ha destacado que la energía nuclear no es una energía “flexible” y por lo tanto no constituye “ninguna solución” a los problemas derivados de éste.
Además, desde Sumar han advertido de que alargar la vida útil de las nucleares significa no dejar espacio suficiente para el “imprescindible” despliegue de las energías renovables en España. En este sentido, han recordado que el país está siendo “uno de los líderes mundiales en la transición energética con excelentes resultados económicos y de creación de empleo”.
Por esta parte, también han recalcado que el alargamiento del calendario de cierre significa incumplir los compromisos adquiridos con inversores en renovables que han tomado decisiones en base a un calendario acordado y hacer aún más grande la ya muy difícil problemática del almacenamiento de los residuos nucleares.
“Por todo ello, y en cumplimiento del acuerdo de gobierno de coalición, la vicepresidencia segunda recuerda que el calendario actual de cierre debe mantenerse tal y como se acordó”, han finalizado.
El pasado mes de junio, Endesa e Iberdrola presentaron por carta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una propuesta para extender la vida útil de las centrales nucleares. Según informa este jueves EL PAÍS, la ministra del ramo, Sara Aagesen, respondió también por misiva a ambas compañías a la propuesta y se abría a una eventual revisión del calendario nuclear, siempre que se cumplan determinadas condiciones.
Fuentes ministeriales reconocieron que el gabinete dirigido por Sara Aagesen trasladó por carta a Endesa e Iberdrola la posición del Gobierno, que pasa por marcar como líneas rojas para tramitar una petición formal que haya seguridad para las personas, que se garantice la seguridad de suministro y que no suponga un mayor coste para los ciudadanos.
Para el Ministerio, la carta de las dos grandes eléctricas del país es “una declaración de intenciones, en ningún caso una petición formal, que plantea modificar el vigente marco normativo de las centrales, en perjuicio de consumidores y ciudadanos, al reducir la tributación de las instalaciones y otras medidas económicas”. Por ello, considera que el planteamiento de las dos empresas “no cumple con las tres líneas rojas establecidas por el Gobierno para tramitar una petición formal”.
