El proceso de insolvencia de la empresa valenciana Toro Finance regresa a su punto de partida, ya que el tribunal que se encarga de este caso ha destituido al administrador concursal por no cumplir con el deber de cuidado. El Juzgado Mercantil número 3 de Valencia ha anulado el nombramiento del actual administrador de la empresa de financiación, que está involucrada en una investigación penal contra los exdirectores del grupo Gedesco por malversación de fondos. La decisión se tomó al determinar que se incumplió la suspensión de los plazos concursales debido a la entrega de dos informes cruciales para el caso. Así, el juez ha nombrado a un nuevo administrador concursal, quien tendrá la tarea de reevaluar las cuentas y la situación de la empresa.
El tribunal encargado del proceso de concurso de acreedores critica la falta de esfuerzo por parte de la empresa y designa a un nuevo encargado para evaluar la situación de la compañía.
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El proceso de insolvencia de la empresa valenciana Toro Finance regresa a su punto de partida, ya que el tribunal que se encarga de este caso ha destituido al administrador concursal por no cumplir con el deber de cuidado. El Juzgado Mercantil número 3 de Valencia ha anulado el nombramiento del actual administrador de la empresa de financiación, que está involucrada en una investigación penal contra los exdirectores del grupo Gedesco por malversación de fondos. La decisión se tomó al determinar que se incumplió la suspensión de los plazos concursales debido a la entrega de dos informes cruciales para el caso. Así, el juez ha nombrado a un nuevo administrador concursal, quien tendrá la tarea de reevaluar las finanzas y la situación de la empresa. El juez de lo mercantil, responsable de asegurar que el concurso de Toro (que opera bajo la marca Bravo Capital) se lleve a cabo con todas las garantías necesarias, ha puesto en una situación comprometida al administrador que hasta ahora supervisaba la situación de la compañía. En esta empresa, Antonio Aynat, uno de los fundadores de Gedesco, ocupa el cargo de consejero delegado y es socio minoritario de Toro a través de su firma Venalta Capital, y se le sospecha de intentar desmantelar Gedesco y transferir su negocio a Toro. En un auto fechado el 30 de junio, el juez del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia, José Luis Fortea, declaró que el administrador «no ha cumplido con el nivel exigido para un profesional de la Administración concursal en un concurso como este; sin que haya justificación objetiva para su actuación, que ha causado indefensión y ha resultado en la anulación de ciertas actuaciones procesales». Específicamente, las acciones que han perjudicado el concurso de Toro, iniciado en enero, fueron la presentación de dos informes clave: uno que detalla la situación patrimonial y contable de la empresa y activa el plazo para la presentación de acuerdos o impugnaciones; y el otro que sugiere clasificar el concurso como fortuito o culpable, incluyendo posibles acciones de restitución. El tribunal invalidó la validez de ambos, lo que ha llevado a la destitución del administrador. Se está debatiendo sobre la autoridad en este asunto. A pesar de que la normativa concursal establece que el administrador debe presentar sus conclusiones en un plazo de dos meses, en este caso ese periodo estaba suspendido, ya que se estaba determinando qué tribunal mercantil era el encargado de gestionar este concurso de acreedores, aclara el juez. El Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid, que recibió la solicitud de concurso de manera voluntaria, consideró el 5 de marzo de 2025 como válida la declinatoria de competencia, lo que resultó en su inhibición a favor del tribunal valenciano, que aceptó hacerse cargo del caso el 30 de abril. En el iter, el administrador sometió sus informes al juzgado decano de Valencia. Según el criterio del juez, el administrador concursal mostró una «grave negligencia» al no esperar la reanudación del procedimiento en los juzgados de Valencia.