El Consejo de Ministros de este martes dará un primer visto bueno al anteproyecto de ley sobre el estatuto de los becarios, según han podido saber fuentes conocedoras de la decisión. El Ministerio de Trabajo presentó en junio de 2023 el acuerdo para reducir a la mitad las prácticas extracurriculares y compensar los gastos de los estudiantes, con el que pretendía paliar la precariedad de los becarios. Rechazado por patronal y rectores universitarios, sí contó con el aval de UGT y CC OO, lo que no impidió que la parte socialista del Gobierno dijera que el texto estaba «verde» y que le faltaba «trabajo técnico». Ahora, casi dos años y medio después, el Consejo de Ministros aprueba en primera vuelta el anteproyecto de ley, según ha subrayado el ministerio, sin cambios sustanciales respecto al texto que rechazó el PSOE. Esta norma, en cuya importancia ha insistido durante años la vicepresidenta segunda y responsable de Trabajo, Yolanda Díaz, se enfrentará en unos meses a un trámite parlamentario ensordecido: al rechazo expresado por varios socios en 2023 tras el acuerdo con los sindicatos se une la puerta oficial de Junts al Ejecutivo. Seguir leyendo
Con pocas opciones de prosperar en el Congreso, la norma reduciría las actividades extraescolares y disminuiría los costes de los estudiantes. Fue hace dos años y medio cuando se alcanzó el acuerdo con los sindicatos, bien criticado entonces por la parte socialista.
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El Consejo de Ministros de este martes dará un primer visto bueno al anteproyecto de ley sobre el estatuto de los becarios, según ha podido saber EL PAÍS por fuentes conocedoras de la decisión. El Ministerio de Trabajo presentó el acuerdo para reducir a la mitad las prácticas extracurriculares y compensar los gastos de los estudiantes en junio de 2023, con el que pretendía paliar la precariedad de los becarios. Empresarios y rectores universitarios se opusieron, pero sí contó con el apoyo de UGT y CC OO, lo que no impidió que el partido socialista tachara el texto de «verde» y de carente de «trabajo técnico». Ahora, casi dos años y medio después, el Consejo de Ministros aprueba en primera vuelta el anteproyecto de ley, según ha recalcado el ministerio, sin cambios sustanciales respecto al texto que rechazó el PSOE. En consonancia con la vicepresidenta segunda y responsable de Trabajo, Yolanda Daz, en cuya importancia ha insistido durante años esta norma, habrá un trámite parlamentario ensordecido: al rechazo expresado por varios socios en 2023 tras el acuerdo con los sindicatos se unirá la puerta oficial de Junts al Ejecutivo. El Estatuto propone limitar las prácticas extracurriculares por alumno a un máximo de 480 horas (la mitad que ahora), lo que ocurre con la concentración por fraude al no estar directamente vinculada a la formación. También propone un régimen sancionador que penalice los incumplimientos más graves con hasta 225, 000 euros y la obligación de que las empresas cubran los gastos de los alumnos, como el transporte hasta el lugar donde desarrollen las prácticas. Esta compensación no se aplica a los becarios en nómina, ya que con esa remuneración los costes ya se consideran nivelados. La normativa no exige la retribución del becario, una de las reivindicaciones más insistentes de la izquierda política y sindical y que finalmente no formó parte del acuerdo. Precisamente este punto, la retribución de los gastos, es uno de los que más recelos despierta en los críticos con la medida. «Nos preocupa que empresas, entidades del tercer sector y diferentes instituciones del sector público se nieguen a compensar dichos gastos», decía la Conferencia de Directivos (CRUE) en una carta a Yolanda Díaz en enero. En la misiva, la CRUE también reclamaba «un acuerdo con el sector empresarial por el que se comprometan explícitamente a compensarlos», ante el temor de que estos costes sean asumidos por las universidades, como ocurre con la cotización a la que tienen derecho los becarios no remunerados desde enero de 2024. El planteamiento laboral sí cuenta con el apoyo de CC OO y UGT, aunque los sindicatos buscaban un planteamiento distinto al que finalmente se ha adoptado. Los sindicatos pedían la eliminación de las prácticas extracurriculares y otras medidas más ambiciosas, pero rebajaron sus expectativas ante un posible acuerdo con la patronal. Este planteamiento no se logró y el acuerdo se presentó a mediados de junio, un mes y una semana antes de las elecciones generales de 2023. Ese día ocurrió algo inédito, un episodio sin precedentes, según los representantes del diálogo social: mientras Díaz presentaba el acuerdo con los representantes de los trabajadores, la parte socialista del Gobierno expresaba su oposición al mismo. La Moncloa dijo que la norma estaba «muy verde» y el Ministerio de Economía, que faltaba «trabajo técnico». El texto, propuesto entonces como decreto ley, quedó aparcado hasta el pacto de gobierno de PSOE y Sumar. Prometió, de forma telegráfica, lo siguiente: «Aprobaremos el estatuto del interino». El anteproyecto siguió sin avanzar durante meses, aunque Pedro Sánchez fue investigado en noviembre de 2023. Este bloqueo indignó a los sindicatos, que oficializaron su descontento con una nota conjunta en mayo de este año. «Decenas de miles de jóvenes siguen siendo víctimas de un modelo de prácticas plagado de abusos, que ampara las relaciones laborales, carece de garantías mínimas y cronifica la precariedad en los primeros pasos de la carrera juvenil», señalaron las centrales. También hicieron hincapié en que «se requería la voluntad del Gobierno en su conjunto para hacer realidad el estatus», haciendo una clara comparación entre PSOE y Sumar. Más información. Antes del inicio del verano, Joaqun Pérez Rey, secretaria de Estado de Trabajo, ya había afirmado que el texto había sido «pacificado» con el PSOE, lo que quedó confirmado por la buena acogida que la norma recibió de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), órgano que el Ministerio de Economía. Es necesario seguir cualquier norma económica antes de la concesión del Consejo de Ministros. Desde entonces existe la expectativa de que la regla llegará a la reunión del gabinete. . Díaz dijo hace semanas que acudiría al Consejo de Ministros del 16 de septiembre, pero finalmente no entró en esa agenda. Preguntado a principios de octubre, Pérez Rey dijo: «El estatus está plenamente pacificado en el Gobierno y ha superado todos los trámites de los órganos colegiados ante el Consejo de Ministros». La razón exclusiva para no ir tiene que ver con la programación del Consejo. El primero que tendrá un hueco será el estatuto del interino». Ese hueco se abre el 4 de noviembre. . Oposición en el Parlamento. Como anteproyecto de ley, requiere la aprobación del poder legislativo para ser aplicado. En 2023, cuando se alcanzó el acuerdo con los sindicatos, ya parecía difícil que saliera adelante en el Congreso por las dudas expresadas por varios socios del Ejecutivo, como PNV, ERC y Bildu. De las elecciones que se celebraron seis semanas después, resultó una mayoría aún más precaria para el Gobierno, con la necesaria participación de Junts para cualquier iniciativa. La formación liderada por Carles Puigdemont ya rechazó en septiembre la norma clave de la legislatura, la prometida reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. La semana pasada dio un paso más con el anuncio de la ruptura del pacto de investidura, avalado por la militancia de Junts. Esta novedad política complica aún más el camino de un proyecto que ya tenía pocas posibilidades de prosperar en el legislativo. Para este capítulo aún quedan unos meses, ya que la norma debe volver a presentarse al Consejo de Ministros en segunda vuelta. Entre esta primera lectura y la segunda, el anteproyecto se enfrentará a varias evaluaciones e informes preceptivos. Este periodo transitorio duró tres meses en el anteproyecto de reducción de jornada, pero la previsión es que esta vez sea más largo porque esta norma llevaba asociada la declaración de urgencia. El Estatuto no tiene esa consideración. Reforma del despido. La otra gran reforma que propone Trabajo y que requiere el apoyo del Parlamento es la modificación del régimen de despido. Tras las resoluciones del Consejo de Europa que señalan que la legislación española no se ajusta a la Carta Social Europea en esta materia, Díaz aboga por una reforma que introduzca el despido reparador. Es decir, que la indemnización tenga en cuenta las circunstancias personales del desempleado. Es un planteamiento que la patronal y el Ministerio de Economía rechazan, pero Trabajo y sindicatos defienden la conveniencia del cambio para el espaldarazo europeo. El ministerio abrió hace dos semanas esta negociación con UGT, CC OO, CEOE y Cepyme. Los dos últimos han anunciado que no acudirán a más reuniones para abordar este asunto, dado el rechazo del Supremo a la compensación adicional en verano. Otros cambios propuestos por Trabajo pueden salir adelante por decreto, como el endurecimiento del registro horario, la subida del salario mínimo y evitar que las empresas absorban este incremento con la eliminación de pluses. La patronal argumenta que ese cambio puede hacerse por decreto, sin rango de ley, y amenaza con acciones judiciales. Con información de Carlos E. Cué.
