Nuevas reglas de juego para las personas que estén endeudadas y tengan problemas para pagar. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Administradores y Compradores de Créditos. Con esta medida, el Ejecutivo busca establecer un tope máximo al interés de demora que se puede aplicar y, por otro lado, reforzar la protección de los consumidores financieros, especialmente, la de aquellas personas que perciban el Ingreso Mínimo Vital. Según ha informado el Ministerio de Economía mediante una nota de prensa, el texto, que tiene que tramitarse en el Congreso de los Diputados para ser efectivo, traspone la directiva europea sobre la materia.. Seguir leyendo
El proyecto de ley, que todavía debe tramitarse en el Congreso, busca mantener los derechos de los prestatarios cuando la propiedad de la deuda cambie de manos
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Nuevas reglas de juego para las personas que estén endeudadas y tengan problemas para pagar. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Administradores y Compradores de Créditos. Con esta medida, el Ejecutivo busca establecer un tope máximo al interés de demora que se puede aplicar y, por otro lado, reforzar la protección de los consumidores financieros, especialmente, la de aquellas personas que perciban el Ingreso Mínimo Vital. Según ha informado el Ministerio de Economía mediante una nota de prensa, el texto, que tiene que tramitarse en el Congreso de los Diputados para ser efectivo, traspone la directiva europea sobre la materia.. Concretamente, el proyecto de ley modifica la Ley de Crédito al Consumo, dentro de la cual pone un tope a los intereses de demora a cobrar en casos de impagos por parte del consumidor, equivalente a un máximo de la suma del interés de ordinario más tres puntos porcentuales. Además, refuerza la protección en el caso de que la deuda de alguien con problemas de pago cambie de manos.. Los bancos y otras entidades financieras de concesión de crédito tienen varias formas de gestionar el riesgo que suponen los impagos o los retrasos a la hora de recibir de vuelta su dinero.. De un lado, lo gestionan de entrada, es decir, seleccionando a quién conceden los préstamos y a quién no. Por otro, guardan parte de sus recursos económicos como provisiones para afrontar posibles problemas. Por último, pueden recurrir a la práctica que ahora el Gobierno quiere regular en mayor profundidad: la venta de paquetes de crédito dudoso a otras entidades financieras o a empresas especializadas en recobros, conocidas como “administradores de crédito”.. Cuando un prestamista tiene una serie de créditos concedidos a deudores que no pagan puede agruparlos en un paquete y vender los derechos de cobrar ese dinero a cambio de una suma menor a la que llegaría a percibir si esperara a que todos esos deudores pagaran. Con ello, los prestamistas consiguen recuperar de forma rápida parte del dinero que concedieron y, además, sanean sus balances, liberando así las provisiones que guardaron ante ese crédito dudoso. La firma que compra el paquete de crédito dudoso consigue el derecho a exigir a los deudores una suma mayor que la que pagó a la entidad que le vendió el paquete de deuda.. Economía explica en su comunicado que esta nueva normativa pone el foco en proteger a las personas que pidieron prestada esa deuda que, posteriormente, fue vendida a otra empresa. En virtud de la nueva norma, cuando se vendan los paquetes de deudas de difícil cobro, los deudores mantendrán obligatoriamente las mismas condiciones y derechos que tenían con la entidad a la que pidieron el dinero por primera vez. Además, la empresa de recobro que compre esos paquetes de deuda tendrá las mismas obligaciones de transparencia, protección e información que aquella otra entidad que emitió el crédito en origen.. Con la nueva norma, la administración de créditos dudosos pasa a ser una actuación reservada y requiere de autorización previa del Banco de España. Para obtener el visto bueno de la autoridad monetaria española, el administrador deberá disponer de un sistema interno de gestión de reclamaciones, y de una política que garantice la protección y el trato justo a los prestatarios. El Banco de España supervisará a los administradores para asegurarse de que cumplen con sus obligaciones, y se establecerá un régimen de infracciones y sanciones para aquellas empresas compradoras de deuda que no cumplan con lo establecido.. Tope a lo que se puede cobrar. Más allá de la garantía en las formas y en los derechos, también se vigila lo que pueden cobrar estas empresas especializadas en la adquisición de paquetes de deuda a los que pidieron los préstamos.. Se especifica que los gastos por reclamación de saldos debidos deberán ser por “una cuantía acorde a los costes efectivamente soportados por el prestamista” y que solo serían exigibles tras comunicar previamente al cliente el saldo deudor impagado, el plazo para regularizar la situación y el importe que se adeudará en caso de no pagar a tiempo.. Esta normativa, todavía por aprobar en el Congreso, modifica la de crédito inmobiliario para obligar a los prestamistas a tener una política de renegociación de deudas, a fin de que ofrezcan acuerdos de renegociación antes del inicio de acciones judiciales o exigirles el pago total de la deuda. Una vez entre en vigor, los deudores que sientan que sus derechos han sido vulnerados podrán reclamar ante la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, pero el borrador del proyecto especifica que, hasta que efectivamente se cree este organismo, las quejas podrán presentarse ante el servicio de reclamaciones del Banco de España.. Protección extra para deudores vulnerables y ‘revolving’. El proyecto de ley aprobado en el Consejo de Ministros establece condiciones especiales para los clientes deudores de un crédito no hipotecario en situación de vulnerabilidad económica. A efectos de la regulación, los deudores vulnerables son todos aquellos beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. En este caso, la entidad prestamista que venda el crédito dudoso a un tercero deberá ofrecer al prestatario un plan de pagos.. También se definen en la ley los supuestos de modificación del tipo de interés en contratos de duración indefinida, como en el caso de las tarjetas revolving, permitiendo a los clientes no aceptar las subidas o cancelar el contrato. En este último caso, el cliente podrá reembolsar la deuda pendiente de acuerdo con las condiciones de reembolso y tipo de interés vigentes en el momento de la comunicación sin coste adicional. La norma también clarifica las condiciones de las indemnizaciones por amortización anticipada en el caso de financiaciones ligadas a la compra de bienes o servicios.
