La renuncia del primer ministro francés y su afirmación de que es esencial realizar un examen exhaustivo del estado del bienestar ha reavivado un debate que Europa no puede seguir ignorando. Francia, conocida por ser el origen de los derechos sociales contemporáneos desde el siglo XVIII, se encuentra en una situación financiera crítica que la lleva a contemplar reducciones que hace solo diez años parecerían inimaginables. Las manifestaciones apenas están iniciando, pero la cuestión va más allá de las calles de París. El sistema de bienestar en Europa, que durante años ha funcionado como un extenso seguro colectivo para asegurar la cohesión social, está siendo puesto a prueba por una dura realidad demográfica.
El sistema de bienestar europeo, que ha funcionado como un enorme seguro colectivo asegurando la cohesión social durante muchos años, está enfrentando serios desafíos debido a una dura realidad demográfica.
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La renuncia del primer ministro francés y su afirmación de que es esencial realizar un examen exhaustivo del estado del bienestar ha reavivado un debate que Europa no puede seguir ignorando. Francia, conocida por ser el origen de los derechos sociales contemporáneos desde el siglo XVIII, se encuentra en una situación financiera crítica que la lleva a contemplar reducciones que hace solo diez años parecerían inimaginables. Las manifestaciones apenas están iniciando, pero la cuestión va más allá de las calles de París. El sistema de bienestar en Europa, que ha sido un gran seguro colectivo proporcionando cohesión social durante muchos años, enfrenta serios desafíos debido a la dura realidad demográfica. Al igual que cualquier póliza de seguros, opera bajo un principio actuarial fundamental: es necesario que haya más personas contribuyendo con pagos que aquellas que están recibiendo beneficios. A lo largo de varias décadas, este equilibrio se sostenía debido a una estructura demográfica favorable: un gran número de jóvenes contribuía al sistema, apoyando a una menor cantidad de personas mayores. Hoy en día, ese equilibrio se ha roto y Francia es solo el primer eslabón que está en peligro de colapsar. El contrato social tácito del siglo XX se basaba en una realidad demográfica que ya no está vigente. En 1889, Otto von Bismarck estableció el primer sistema público de pensiones, determinando la edad de jubilación en 70 años, a pesar de que la esperanza de vida en ese momento solo llegaba a los 45 años. Es claro que el diseño fue creado para un uso limitado.
