Dos semanas después de que venciera el plazo constitucional para presentar los presupuestos generales del Estado en el Congreso, el Gobierno aún no ha fijado una fecha para su presentación, ni ha conseguido el apoyo político necesario para su aprobación. No obstante, ha afirmado que aprobará el proyecto antes de que finalice el ejercicio y el miércoles se han dado pasos en esa dirección: el ministro de Hacienda, Arcadi España, y el de Cultura, Ernest Urtasun, mantuvieron una reunión de trabajo para abordar la aprobación de las cuentas del próximo año. De lograrlo, serían los primeros en ver la luz desde 2023, año en que se aprobaron los presupuestos que siguen vigentes y que se han convertido, tras tres prórrogas consecutivas, en los más largos de la democracia. Sigue leyendo.
Dentro del plazo constitucional, Hacienda dispone de dos semanas para presentar un nuevo proyecto de cuentas públicas al Congreso.
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Dos semanas después de que haya vencido el plazo constitucional para el registro de los presupuestos generales del Estado en el Congreso, el Gobierno aún no ha puesto sobre la mesa una fecha para presentarlos, ni ha conseguido el apoyo político necesario para su validación. No obstante, ha afirmado que aprobará el proyecto antes de que finalice el ejercicio y el miércoles se habían producido avances en este sentido: el ministro de Hacienda, Arcadi España, y el de Cultura, Ernest Urtasun, mantuvieron una reunión de trabajo para abordar la aprobación de las cuentas del próximo año. Si lo consiguieran, serían los primeros en ver la luz desde 2023, año en el que los presupuestos siguen vigentes y se han convertido en los más prolongados de toda la democracia tras tres prórrogas consecutivas. Así lo ha anunciado una nota del Ministerio de Hacienda, en cuya sede del centro de Madrid se ha celebrado la reunión. El departamento dirigido por Arcadi España ha informado de que la reunión con el representante de Sumar, partido minoritario del Gobierno, «ha servido para establecer las prioridades de las cuentas públicas, que incluirán el mayor gasto social de la historia», lo cual se refleja en medidas para facilitar el acceso a la vivienda, un mayor apoyo a los jóvenes, ayudas a los jubilados para que no pierdan poder adquisitivo, el refuerzo de la educación y la sanidad o iniciativas para promover la creación de empleo estable. Sin embargo, no ha concretado ninguna de estas políticas ni ha aportado nueva información. Uno de esos datos, en el que el ministro hizo hincapié y que ya se conocía, es el importe del límite máximo de gasto, que alcanzará un nuevo récord de 226 032 millones de euros, un 6, 6 % más que el año anterior. El Gobierno aprobó esta cifra en julio, que se mantendrá como referencia de política fiscal aunque el Ejecutivo no consiga aprobar los nuevos presupuestos. En esa ocasión también dio luz verde a la senda fiscal que marca los objetivos de déficit de las administraciones públicas para los próximos años, que, sin embargo, fue rechazada en las Cortes. El revés que el Congreso asestó al Ejecutivo a finales de julio abrió un escenario sin precedentes en España, al menos en términos de intenciones. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria es clara y garantiza que el Gobierno necesita una senda fiscal en vigor para continuar el proceso. Sin embargo, no establece qué ocurre si es rechazada dos veces en las Cortes, como ocurrió hace dos meses. Según la tesis que defiende el Estado —y que, según afirma, cuenta con el respaldo de un informe del Fiscal del Estado—, el rechazo parlamentario de los objetivos fiscales no hace desaparecer la referencia al déficit comunicada a Bruselas en el plan fiscal y estructural a medio plazo. El argumento del Ejecutivo se basa también en una cuestión de fondo: la obligación constitucional de presentar presupuestos cada año prevalece sobre el bloqueo parlamentario. Por este motivo, Hacienda mantiene la idea de que continuará con la tramitación, aunque no exista un precedente claro sobre cómo debe proseguir el proceso. La liturgia presupuestaria, que solía ponerse en marcha con frecuencia antes del verano en épocas de mayoría sólida, se ha convertido en un terreno inestable y en un reflejo del creciente desgaste del Gobierno de coalición en una situación de minoría parlamentaria, así como de la dificultad para articular una mayoría sólida. El procedimiento presupuestario comienza con la orden ministerial de elaboración, continúa con la fijación del límite de gasto no financiero —conocido como «techo de gasto»— y prosigue con el reparto de los objetivos de déficit permitidos entre las distintas administraciones públicas. Solo entonces puede Hacienda resolver el rompecabezas y presentar el borrador del proyecto al Consejo de Ministros, antes de remitirlo a las Cortes. Hacienda solo ha cumplido hasta la fecha con la orden ministerial, publicada en junio, y con el establecimiento del límite de gasto. Este retraso en la tramitación tiene que ver con la dificultad del Gobierno para conseguir el apoyo parlamentario. Es también la razón por la que lleva tres años sin presentar nuevos presupuestos y recurre cada vez más a las modificaciones presupuestarias para financiar su gasto. El último proyecto se aprobó en 2023 y, desde entonces, se ha prorrogado automáticamente cada mes de enero, aunque cada año el Ejecutivo se ha apresurado a presentar nuevas cuentas. El guion se repite ahora, pero con una novedad importante en el horizonte: el año que viene se inicia un superciclo electoral, con elecciones generales, autonómicas y municipales.
