Cruce de cartas entre las dos principales eléctricas en España y el Gobierno para abordar el futuro de las centrales nucleares. Iberdrola y Endesa lanzaron a principios de junio una propuesta al Ejecutivo para replantear el calendario de cierre que se pactó en 2019 entre las partes y que implica la clausura de las siete centrales atómicas entre 2027 y 2035. Días después, a mediados de mes, la vicepresidenta Tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, recogió el guante y emitió una carta dirigida a Mario Ruiz-Tagle (CEO de Iberdrola España) y José Bogas (CEO de Endesa) como respuesta a su proposición. En el documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se abre a una eventual revisión del calendario nuclear, siempre que se cumplan determinadas condiciones.. Por qué el Gobierno y las eléctricas no se ponen de acuerdo aún para acordar una prórroga nuclear. Seguir leyendo
Sara Aagesen responde en una carta a Iberdrola y Endesa con sus condiciones: garantías de suministro y de seguridad, y que no implique costes para los consumidores
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Cruce de cartas entre las dos principales eléctricas en España y el Gobierno para abordar el futuro de las centrales nucleares. Iberdrola y Endesa lanzaron a principios de junio una propuesta al Ejecutivo para replantear el calendario de cierre que se pactó en 2019 entre las partes y que implica la clausura de las siete centrales atómicas entre 2027 y 2035. Días después, a mediados de mes, la vicepresidenta Tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, recogió el guante y emitió una carta dirigida a Mario Ruiz-Tagle (CEO de Iberdrola España) y José Bogas (CEO de Endesa) como respuesta a su proposición. En el documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se abre a una eventual revisión del calendario nuclear, siempre que se cumplan determinadas condiciones.. En primer lugar, Aagesen reitera que la prórroga no puede suponer un coste extra para los consumidores. En segundo término, que deben cumplirse los requisitos que determine el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en materia de seguridad nuclear. Y por último, considera imprescindible que se garantice la seguridad de suministro de acuerdo con las exigencias del operador del sistema eléctrico (Red Eléctrica).. A la carta de la ministra, los CEOs de Iberdrola y Endesa respondieron a finales de junio. De nuevo en este formato epistolar, las eléctricas contestan afirmativamente a las exigencias del Gobierno. Además de cumplir con los requerimientos de seguridad nuclear y de suministro, estiman que el actual calendario de cierre sí implicará un coste añadido para los consumidores, que se evitaría prolongando la vida de algunas centrales. Tanto Tagle (Iberdrola) como Bogas (Endesa) agradecen la rápida respuesta de la ministra y se ponen a su disposición. También le emplazan a un eventual encuentro.. Fuentes de Iberdrola y Endesa han declinado hacer comentarios sobre el cruce de cartas, que otras fuentes al tanto de la situación califican como “discreto, amistoso y constructivo”. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han rechazado hacer comentarios sobre la carta enviada por la ministra y la recibida posteriormente de las eléctricas. Fuentes del departamento liderado por Sara Aagesen se limitan a reiterar que “en la carta que remitieron al Ministerio el pasado mes de junio, Iberdrola y Endesa planteaban una serie de peticiones concretas que no cumplían con las tres líneas rojas establecidas por el Gobierno, y así se les respondió en su momento. Nunca se han manifestado posteriormente en el sentido de que vayan a renunciar a esas peticiones”. Otras fuentes explican que la obligación del departamento es analizar las propuestas que llegan, pero que esta en concreto no prejuzga ningún resultado.. En paralelo, las compañías esgrimen tanto ante el Gobierno como públicamente sus cifras. Destaca un documento elaborado por PwC, en el que consideran que el actual calendario de cierre nuclear provocará una fuerte subida de la luz, amén de una pérdida de recaudación tras parar la producción, y que la ampliación de la vida útil es beneficiosa para los consumidores pese a reducir la carga impositiva, una condición que creen indispensable para hacer viable su operativa hasta el cierre. Fundamentalmente, quieren que se limite o elimine la tasa sobre el combustible gastado, un gravamen creado en 2012 para contener el déficit de tarifa. Esta desviación del sistema eléctrico se prevé que esté totalmente pagado para 2028. Además, buscan que las comunidades autónomas donde se ubican las centrales eliminen las ecotasas impuestas.. En este punto ya ha habido movimientos. El presidente de Valencia, Carlos Mazón, logró eliminar esta tasa con el apoyo de Vox a sus presupuestos, lo que supondrá un alivio fiscal para Cofrentes, central nuclear de Iberdrola.. Tanto la eléctrica vasca como Endesa están presionando para que María Guardiola, la presidenta de la Junta de Extremadura, también del PP, elimine su ecotasa para prolongar la vida de Almaraz, cuyo cierre está previsto para 2027 y 2028, con el impacto económico y social que esto puede suponer para la región. Por último, coinciden en que al extender la vida útil de varias plantas por tres años se prorratearía y reduciría la tasa Enresa, que sirve para cubrir los costes del desmantelamiento y la posterior gestión de los residuos que produce el uranio.. Fuentes al tanto de las conversaciones señalan que Guardiola no hará ninguna concesión fiscal hasta que no se mueva en esa línea el Gobierno central. Otras fuentes señalan que ese es el posicionamiento de Génova para este asunto, y que Mazón tomó la decisión de manera autónoma, sin contar con la disciplina impuesta por el partido a nivel nacional. También en Cataluña el PSC se resiste con la ecotasa, un gravamen que los partidos independentistas no han pedido tampoco eliminar. Junts es partidario del alargamiento de las centrales nucleares, ya que la mitad del parque atómico nacional está en Tarragona.. En todo caso, lo que preocupa actualmente tanto a las empresas como a la Administración es la situación de Almaraz, ya que en 2026 habrá de tomarse una decisión definitiva sobre su situación. Un punto a tener en cuenta es que el cruce de cartas entre eléctricas y Gobierno se ha realizado al margen de Naturgy y EDP, las otras dos propietarias minoritarias de algunas centrales.. Sin embargo, las fuentes consultadas señalan que para el caso específico de Almaraz, la compañía presidida por Francisco Reynés también abogaría por la extensión hasta 2030 sin entrar tanto en el debate fiscal de fondo.. Iberdrola y Endesa han tomado la iniciativa en esta cuestión de forma exclusiva al entender que son los grandes afectados, aunque el calendario de cierre nuclear afecta al resto de tecnologías con las que conviven. Hay expertos que defienden que cualquier aplazamiento es un mensaje negativo para la inversión en renovables, ya que con la demanda estancada estarían dejando menos espacio de producción a los demás.. El primer ejecutivo de Endesa, firma controlada por al utility estatal italiana Enel, pidió ayer que se extienda la vida útil de todo el parque nuclear español por tres años. Hasta ahora, la propuesta enviada este mes de junio por carta mantenía el cierre definitivo en 2035, cuando está previsto el cierre de Trillo. Tanto Endesa como Iberdrola consideraron que no se modificara la vida de Vandellós y Trillo, pero Bogas pidió que estas centrales se pudieran ir más allá de 2035.. Al margen de lo que determine el Gobierno, las tres empresas propietarias de Almaraz (Iberdrola, Endesa y Naturgy) aún están pendiente de tener una reunión para aprobar las inversiones necesarias para que la central extremeña pueda producir tres años más. Dicho cónclave se esperaba para junio, pero a punto de terminar julio aún no se ha producido, por lo que ya no se espera que pueda darse esta convocatoria hasta después del verano. Va para largo.. La negociación no es fácil. En paralelo a las conversaciones, Endesa e Iberdrola han abierto una guerra judicial en la que reclaman 778 millones al Estado. La contienda es más amplia, ya que en juego están otros temas hipersensibles, como la negociación por la retribución de las redes o las responsabilidades por el apagón. En el sector creen que la partida se juega de forma amplia con todas las cartas sobre la mesa.
