Las acusaciones de agresión sexual que dos trabajadoras han vertido sobre el cantante Julio Iglesias han llegado al mundo de la política. Los partidos de izquierda y el Gobierno han sido los primeros en condenar los hechos que investiga la Fiscalía tras recibir una denuncia el pasado 5 de enero. Sin embargo, Isabel Daz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha asegurado a su ejecutivo que no participará en el «desprestigio» de la «cantante más universal» de España. Seguir leyendo.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado que no puede haber «ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad»
Las acusaciones de agresión sexual que dos trabajadoras han vertido sobre el cantante Julio Iglesias han llegado al mundo de la política. Los partidos de izquierda y el Gobierno han sido los primeros en condenar los hechos que están siendo investigados por la Fiscalía tras recibir una denuncia el pasado 5 de enero. Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que su Ejecutivo no participará en el «desprestigio» del «cantante más universal» de España. Un eldiario. es y Univisión publicado el martes señala que dos mujeres, una empleada del hogar y una fisioterapeuta, que trabajaron para el cantante en sus chalés de Santo Domingo y Bahamas le acusaron de haberlas sometido a agresiones sexuales -tocamientos, penetraciones sin consentimiento. . . . Estas dos mujeres denunciaron hechos ocurridos entre enero y octubre de 2021 en los domicilios del intérprete. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado que el Ejecutivo español llegará «hasta el final» con la investigación de estas denuncias porque no puede haber «ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad». La declaración del ministro, «No vamos a mirar hacia otro lado», también se ha visto afectada. Dentro del Gabinete de Pedro Sánchez, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, también ha afirmado que «ante el machismo no se puede mirar para otro lado porque la negación intensifica el problema». «Espero que se investigue y se llegue hasta el final. Sin cuestionar la presunción de inocencia, en España la ley protege a las víctimas. Cuando no hay consentimiento, hay agresión», ha incidido la política socialista. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha calificado de «espeluznantes» los testimonios de los extrabajadores que han decidido denunciar a Julio Iglesias y ha subrayado que forman parte de «una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente». Desde Mas Madrid, han pedido que se le retire al cantante la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid y el título de Hijo Predilecto de la ciudad otorgado por el Ayuntamiento de la capital. En rueda de prensa en el Congreso, según informa EFE, la secretaria general de Pores, Ione Belarra, ha destacado la importancia de «romper el silencio y señalar a los agresores que son famosos» como Julio Iglesias en un acto de condena que ha sido casi unánime desde los partidos de la izquierda. También entre los sindicatos, donde UGT ha pedido una investigación «exhaustiva, independiente y centrada en el género» en este caso. La única voz discrepante que ha aparecido a esta condena es la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha cerrado la puerta a que el Gobierno regional retire los honores al cantante. «Las mujeres violadas y agredidas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid nunca contribuirá al desprestigio de los artistas, y menos, al cantante más universal de todos: Julio Iglesias», ha asegurado la dirigente popular en su cuenta de X. El mismo sentimiento que la denuncia ha llegado a la industria editorial, donde El Español e Ignacio Peyro, los autores de El espaol que se enamoraron del mundo, han tenido que hacer público un comunicado en el que esbozan su «profunda consternación» y condenan «enérgicamente y sin ambigüedades» «cualquier forma de abuso. » De hecho, editorial y escritora han anunciado que se publicará «una nueva edición revisada y actualizada» para recoger estas acusaciones.
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