El Gobierno mantendrá la última palabra para autorizar, condicionar o bloquear cualquier operación que acometa la tecnológica de defensa Escribano Mechanical & amp, Engineering (EM & amp, E) ante la oferta de un grupo extranjero, incluida una posible adquisición por parte de la alemana Rheinmetal. Ante el creciente interés de grupos extranjeros por la firma familiar de defensa, que ya vale más de 2. 000 millones de euros, la dimisión de ngel Escribano como presidente de Indra por las presiones de Moncloa y la fallida fusión entre EM&, M y la propia Indra por el conflicto de intereses entre las dos cúpulas abre la posibilidad de llevar a cabo este tipo de operaciones. Seguir leyendo
La posible venta de EM & amp, E a un grupo extranjero sería requerida por el Consejo de Ministros y podría ser vetada
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El Gobierno mantendrá la potestad final para autorizar, condicionar o bloquear cualquier operación que acometa el Escribano Mecánico & amp, Ingeniería (EM & amp, E) de tecnología de defensa ante la oferta de un grupo extranjero, incluida una potencial adquisición por parte de la alemana Rheinmetal. La dimisión de Ángel Escribano como presidente de Indra por las presiones de Moncloa y la fallida fusión entre EM & amp, M y la propia Indra por el conflicto de intereses entre ambas cúpulas abren la posibilidad a este tipo de operaciones ante el creciente interés de grupos extranjeros por la firma familiar de defensa, valorada ya por encima de los 2. 000 millones de euros. En cualquier caso, y aunque se trate de una empresa controlada en su totalidad por los hermanos Escribano, el Gobierno seguirá teniendo la última palabra en cualquier iniciativa empresarial que emprendan si procede de fuera de las fronteras nacionales. Todo ello, unido a que la SEPI siempre ha querido que Indra se hiciera con EM & amp, E para ganar capacidad industrial y operativa en defensa, aunque para ello requería que se disolviera a primera hora del miércoles la incompatibilidad de tener un presidente comprador y vendedor al mismo tiempo. . El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha consolidado el uso del mecanismo de control de las inversiones extranjeras, conocido técnicamente como escudo antipersonas, a través de una serie de intervenciones en sectores que van desde el transporte ferroviario hasta la energía y las telecomunicaciones. Esta norma, que fue prorrogada por decreto hace poco más de un año hasta el 31 de diciembre de 2026 pero que se puso en marcha durante la pandemia para proteger a la empresa nacional de opas agresivas y oportunistas en momentos de muy baja cotización, otorga al Ejecutivo la capacidad de vetar o imponer condiciones estrictas a la entrada de capital no comunitario -y en determinados casos también comunitario- en empresas consideradas estratégicas para la seguridad y el orden público. Pero en el caso de EM & amp, M, además de esta norma anti-opas, y como empresa de defensa, estaría sometida a un triple control previo: la aprobación de la Junta de Inversiones Exteriores (JINVEX), donde participan varios ministerios, el informe favorable del Ministerio de Defensa y, por último, la aprobación del Consejo de Ministros. Cualquier actividad de inversión extranjera en empresas vinculadas a la defensa nacional o de carácter estratégico, de acuerdo con el actual marco regulador de los sectores estratégicos, requiere la aprobación del Consejo de Ministros, utilizando estándares de seguridad nacional similares a los utilizados en operaciones como la entrada de la operadora saudí STC en Telefónica o la fallida compra de Talgo por la húngara Ganz@-@ Mavag. La propia Rheinmettal tuvo que pasar por la mesa del martes del Gobierno cuando en 2023 abordó la compra de Expal, una firma española de munición, por cerca de 1. 2 mil millones de euros. Desde que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abrió un expediente al comprador, esa operación sigue en los tribunales. Las normas que rigen estas operaciones internacionales se articulan por el Real Decreto 571 / 2023 de 4 de julio sobre la inversión exterior. Esta legislación establece que el Estado tiene la facultad de intervenir en las transacciones en las que el adquirente es una entidad extranjera y el objetivo es una empresa española que realiza actividades relacionadas con la defensa, la seguridad pública o sectores críticos como la energía y las telecomunicaciones. En el caso concreto de la industria de defensa, el umbral de intervención es más estricto que en otros sectores. Mientras que en otros civiles la revisión suele activarse a partir del 10% del capital, en empresas con contratos de defensa o acceso a información clasificada se requiere autorización previa para cualquier adquisición que supere el 5% de las acciones, o porcentajes incluso inferiores si otorgan derechos de voto significativos o presencia en el consejo de administración. Fuentes administrativas confirman que el procedimiento de examen de una posible oferta de Rheinmetall por Escribano seguiría los cauces de la JINVEX. Este órgano técnico, en el que están representados varios ministerios -entre ellos Defensa, Economía e Interior-, se encarga de evaluar el impacto de las inversiones en las capacidades industriales estratégicas de España antes de elevar una recomendación al Ejecutivo. De forma similar a lo que ocurrió cuando Rolls-Royce tomó la decisión de vender la empresa vasca ITP Aero (que produce turbinas para aviones de combate como el Eurofighter) en 2022 al fondo estadounidense Bain Capital, el Ministerio de Defensa deberá emitir un informe preceptivo para propiciar la venta. Condiciones. Una vez recibida una solicitud formal de inversión, JINVEX tiene un plazo legal para emitir un informe. Durante este período, se analiza no sólo el origen de los fondos, sino también el plan industrial propuesto por el comprador. El Gobierno puede imponer compromisos vinculantes o condiciones para autorizar la operación. Entre ellos suelen figurar: el mantenimiento de la sede y las operaciones en España, la garantía de continuidad de los contratos de suministro con las Fuerzas Armadas españolas, el blindaje de la propiedad intelectual y las patentes desarrolladas con fondos públicos o de interés nacional, y restricciones a la transmisión de información sensible a la matriz extranjera. Si el Ejecutivo considera que los riesgos para la seguridad nacional o la autonomía estratégica no pueden ser mitigados con estas condiciones, tiene la potestad legal de vetar la operación unilateralmente, en base al artículo 7 bis de la Ley 19/2003, introducida en 2020 en plena pandemia de coronavirus, sobre el régimen jurídico de los movimientos de capitales. Fuentes del Ministerio de Industria han reiterado que el escudo antipersona es una herramienta neutral que no busca impedir la inversión, sino garantizar que no comprometa la seguridad del Estado. Sin embargo, en materia de defensa, la discrecionalidad del Consejo de Ministros es máxima, y cualquier movimiento accionarial en Cespbano que implique la pérdida del control nacional será sometido a un minucioso escrutinio. El precedente ETC. La aplicación de este protocolo de seguridad nacional tiene su antecedente más reciente en la irrupción de Saudi Telecom Company (STC) en Telefónica. En septiembre de 2023, la firma saudí anunció la adquisición de un 9. 9% de la operadora española. Dado que Telefónica es proveedor de infraestructuras críticas para el Ministerio de Defensa y tiene contratos de comunicaciones cifradas, la operación estaba sujeta a la autorización del Gobierno, que tardó más de un año en formalizarla. El paralelismo con Escribano radica en la naturaleza de su actividad. La empresa española, con sede en Alcalá de Henares, es un proveedor clave de las Fuerzas Armadas. La línea de productos de la empresa incluye sistemas electroópticos, kits de guiado de munición de precisión y estaciones de armas remotas (RWS). Estos componentes se integran en plataformas críticas como el vehículo de combate sobre ruedas (VCR) 8×8 Earth Army Dragon. Al igual que con la vigilancia de la soberanía tecnológica en el caso de Telefónica, el Gobierno ha señalado reiteradamente su intención de preservar la autonomía estratégica en la base industrial y tecnológica de la defensa (BITD). La posible absorción de una empresa tecnológica nacional por un gigante europeo como Rheinmetall se analiza bajo el prisma de si esta operación garantiza el mantenimiento de los centros de decisión y las capacidades de ingeniería en territorio español.
