El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones concluye la elaboración de un real decreto que permitirá la jubilación parcial de miles de empleados públicos en la categoría de personal laboral. La retirada de este colectivo está paralizada por la imposibilidad de las administraciones laborales de contratar trabajadores para sustituirlos, tal y como exige un cambio legal que entró en vigor en abril de 2025. Desde esa fecha, las administraciones han mantenido en suspenso las bajas anticipadas de este colectivo de unos 700, 000 trabajadores del sector público, la mitad de ellos empleados de ayuntamientos y universidades. Seguir leyendo
El Ejecutivo pretende incorporar a la norma algunas medidas sobre bajas laborales, pero esa iniciativa retrasaría su aprobación.
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El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones concluye la redacción de un real decreto para posibilitar la jubilación parcial de miles de empleados públicos a nivel de personal laboral. La retirada de este colectivo está paralizada por la imposibilidad de las administraciones de empleo de contratar trabajadores para sustituirlos, tal y como exige un cambio legal que entró en vigor en abril de 2025. Desde esa fecha, las administraciones han mantenido en suspenso las bajas anticipadas de este colectivo de unos 700, 000 trabajadores del sector público, la mitad de ellos empleados de ayuntamientos y universidades. La inminente aprobación de este real decreto ha sido uno de los asuntos abordados este lunes en la reunión de la mesa de diálogo social sobre pensiones y gestión de bajas laborales que el Gobierno tiene abierta con los agentes sociales. Debido a la negativa de los sindicatos a negociar mejoras en la gestión del trabajo por incapacidad temporal (IT) hasta que no se resolvieran dos cuestiones, la citada paralización de la jubilación parcial de los empleados de las administraciones y la interpretación de los coeficientes reductores de los prejubilados con bases reguladoras altas, esta mesa quedó en suspenso hace dos meses. El Instituto Nacional de la Seguridad Social ya ha dictado una instrucción para determinar la adecuada interpretación de la cuantía de estas pensiones, así como la revisión de oficio de todas las prestaciones de este tipo que se ha realizado desde enero. Este último caso ya ha sido resuelto. La reactivación de la jubilación parcial de los trabajadores se resolverá con el último decreto de Seguridad Social que, en teoría, recogerá el contenido de un principio según el cual han llegado los representantes de los sindicatos CC OO y UGT con los Ministerios de Seguridad Social y Función Pública. Este acuerdo contiene dos fórmulas para que estas bajas se puedan llevar a cabo respetando la ley que obliga a los relevistas a tener un contrato fijo a tiempo completo. Estos procedimientos consistirán en la contratación de trabajadores procedentes de un proceso selectivo ya finalizado, o bien la contratación de interinos cuya plaza estará vinculada a la correspondiente oferta de empleo público. En principio, el Real Decreto-Ley sólo incluirá esta modificación en la contratación de relevistas por bajas parciales del personal de las Administraciones Públicas, que son las únicas que han aprobado y regulado este tipo de jubilaciones en las que se puede adelantar la edad de jubilación entre dos y tres años a cambio de una reducción horaria y salarial proporcional y por el resto de la jornada a realizar por un trabajador con contrato de retorno suscrito al efecto. Mientras que Carlos Bravo, secretario confederal de políticas públicas y protección social de Comisiones Obreras, ha indicado que los sindicatos también han solicitado al Ejecutivo que incluya en este decreto el reconocimiento de la jubilación parcial para el resto de empleados públicos (funcionarios de carrera, interinos y estatutarios), algo que el Gobierno también acordó con CC OO y UGT y que actualmente está incorporado en una enmienda a la Ley de la Función Pública, que se está tramitando en una sesión del Parlamento. Medidas que no son controvertidas. No obstante, Bravo ha insistido en que este decreto sólo debe incluir medidas «nada controvertidas y que reúnan el consenso no sólo de todos los agentes sociales sino también de una clara mayoría parlamentaria» para que haya plenas garantías de que se consolide en el Congreso de los Diputados, en el mes siguiente a su publicación por el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Gobierno estaría interesado en incluir algunas medidas para mejorar la gestión de las bajas laborales (que también se están negociando en esta mesa), según fuentes que asistieron a la reunión. Sin embargo, los sindicatos insisten en que la norma sólo se aplica a asuntos cuya aprobación parlamentaria está asegurada. Entre esas otras medidas que abordará esta mesa y que podrían ser más fáciles de ser apoyadas por un consenso suficiente se encuentran, por ejemplo, el reconocimiento de pensiones de viudedad en relaciones no registradas como pareja de hecho, pero con hijos y una convivencia acreditada, o el reconocimiento de coeficientes de prejubilación sin recortes de los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) en el aire, según ha señalado la responsable de Seguridad Social y Políticas de Empleo de UGT, Cristina Estévez. «El resto de medidas más polémicas pueden seguir debatiéndose en esta mesa», insisten desde CC OO. En concreto, en la reunión de este lunes, los sindicatos han trasladado al Gobierno su propuesta para mejorar la gestión de la IT, donde destacan dos propuestas, que no serán fáciles de consensuar. La primera es modificar la ley para que las mutuas sean totalmente públicas, también en su dirección. En segundo lugar, proponen que las mutuas colaboradoras estén obligadas a tratar hasta su curación las enfermedades musculoesqueléticas que los trabajadores consideren adquiridas por las características de sus puestos de trabajo. Y sólo después de que el trabajador haya sido tratado podrá recuperar el coste de este procedimiento de la administración pública si la mutua determina que la enfermedad no estaba relacionada con su actividad. Los responsables de la Seguridad Social se han comprometido ahora, según Estévez, a entregar a los interlocutores sociales una nueva propuesta sobre la gestión de la incapacidad temporal, teniendo en cuenta las aportaciones de los participantes en esta mesa de diálogo social. Por su parte, los empresarios no son optimistas sobre la marcha de esta negociación, en la que no han visto ningún avance este lunes, según las fuentes patronales consultadas.
