El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una renta de último recurso que actualmente beneficia a millones de personas (40%, menores) y que cumple cinco años desde su creación en 2020, en plena pandemia. En su corta vida, es una de las normas más modificadas, porque el legislador trata de adaptar su diseño a las necesidades de sus potenciales beneficiarios, que son los más vulnerables y de difícil acceso. Así, los requisitos del medio millón de hogares que actualmente la reciben -que tienen que ver con los ingresos, la determinación de la unidad familiar o la compatibilidad de esta prestación con un salario- han variado a lo largo de los años. En la actualidad hay 200. 000 familias que cumplen los requisitos de la ley en materia de bajos ingresos, pero debido a su propiedad (fuera de la vivienda habitual), están excluidas de la ayuda a pesar de no tener ingresos suficientes para hacer frente a los retos del día a día. Seguir leyendo
Fedea y el Colegio de Economistas proponen flexibilizar los requisitos de la ayuda, que excluyen a los hogares con una segunda vivienda aunque tenga poco valor de mercado
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El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una renta de último recurso que actualmente beneficia a millones de personas (40%, menores de edad) y que cumple cinco años desde su creación en 2020, en plena pandemia. En su corta vida, es una de las normas que más modificaciones ha sufrido, ya que el legislador trata de adaptar su diseño a las necesidades de sus potenciales beneficiarios, que son los más vulnerables y de difícil acceso. Así, los requisitos del medio millón de hogares que actualmente la reciben -que tienen que ver con los ingresos, la determinación de la unidad familiar o la compatibilidad de esta prestación con un salario- han variado a lo largo de los años. Y un nuevo dato conocido este miércoles anima a abordar nuevos cambios: actualmente hay 200, 000 familias que cumplen los requisitos de la ley de rentas bajas, pero que por su propiedad (fuera de la vivienda habitual) quedan excluidas de la ayuda pese a no tener ingresos suficientes para afrontar el día a día. La cifra ha sido aportada por el catedrático de Economía Aplicada y Gestión Pública de la UNED Luis Ayala, experto en el análisis de las rentas mínimas en España, durante unas jornadas organizadas por el Consejo General de Economistas (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Ayala ha realizado el cálculo con datos de la Agencia Tributaria de solicitantes a los que se les ha denegado la renta mínima. «Cuando planteamos estos casos estamos pensando, por ejemplo, en personas que tienen una segunda vivienda heredada del pueblo, que no pueden transformar fácilmente en liquidez]dinero corriente] para el día a día», ha dicho Ayala. Este no ha sido el único dato que el experto ha puesto sobre la mesa para plantear la necesidad de un nuevo rediseño de la prestación. Ayala también ha señalado que, de forma automática, una de cada cinco solicitudes se rechaza sólo porque la composición de la unidad familiar no coincide con la que figura en el registro. El catedrático ha explicado que este requisito es fácil que no se cumpla debido a la inestabilidad que caracteriza a muchas familias de potenciales beneficiarios del IMV. Una situación que agrava la crisis de acceso a la vivienda, que dificulta a muchos permanecer en la misma casa durante mucho tiempo. Sin embargo, ambas cuestiones son, según los expertos que han participado en la jornada, dos ejemplos entre muchos de los requisitos que podrían rediseñarse para lograr el objetivo principal: que el ingreso mínimo vital llegue a un número mucho mayor de potenciales beneficiarios. Según han recordado, las últimas cifras de beneficiarios auditadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) el pasado mes de julio apuntan a que el IMV sólo llega al 45% de sus beneficiarios potenciales. Según los últimos datos estadísticos de septiembre, los hogares que perciben únicamente la renta mínima son algo más de 450. 000. Si a éstos se suman los beneficiarios del complemento de manutención (que pueden percibir los solicitantes que superen los requisitos del IMV), las familias beneficiarias superarían ampliamente las 700. 000. Sin embargo, la Airef separa estas dos ayudas y realiza su cálculo del llamado efecto no absorción (que mide los potenciales beneficiarios que no acceden a la ayuda por diversos motivos) vinculando los hogares que reciben sólo el IMV al universo potencial de más de 800, 000 familias que calculó inicialmente el Gobierno. Así, el último análisis de la Autoridad Fiscal indica que en la actualidad el grupo de familias que potencialmente podría cobrar el IMV, pero que ni siquiera lo ha solicitado, ronda el 55%. Y el 72% de los potenciales beneficiarios del complemento de ayuda a la infancia (ICSC). . . 6 000 millones de euros para acabar con la pobreza. El bajo nivel de cobertura es el principal defecto del actual diseño de prestaciones, han coincidido en señalar los participantes en la jornada. La inversión para el pago de estas prestaciones superó los 6. 000 millones de dólares el año pasado, según el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, economista. Por ello, desde la Fuente se ha estimado que «dar cobertura al 100% de los beneficiarios potenciales y sacar a todo el mundo del umbral de la pobreza costaría unos 6. 000 millones». Esta inversión rondaría los 0. 75% del PIB, «una cantidad de recursos muy modesta y asumible», ha señalado el director de Fedea. Tanto Ayala como De la Fuente han considerado que el IMV es una contribución muy útil para combatir la pobreza en España. Pero al mismo tiempo coinciden en que tiene mucho margen de mejora. Para aumentar su eficacia y llegar a más gente, creen que es esencial simplificar los procedimientos administrativos y reducir el tiempo de tramitación para que sean prácticamente automáticos. Por dos razones, también creen que sería conveniente transferir la gestión y la competencia del IMV a las comunidades autónomas. Lo primero, según explica el director de Fedea, se debe a que los servicios sociales están más apegados a la realidad de los colectivos vulnerables que el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que actualmente lo gestiona. Y segundo, porque a la hora de acompañar la inserción laboral de los beneficiarios, los servicios de intermediación laboral también están en manos de la autonomía. Ambos expertos recomiendan también rediseñar los incentivos actuales para hacer compatibles estas ayudas y el salario del trabajo. En concreto, proponen una fuerte simplificación de los requisitos y del régimen para compatibilizar esta ayuda y un salario, así como una retirada gradual de la prestación «para que el trabajo sea siempre rentable», indica el documento de propuesta que firman. Ayala ha instado al «auténtico drama que supone para muchas familias» que la Seguridad Social exija la devolución de entre 4. 000 y 8. 000 euros por un cambio de condiciones en las ayudas. «Se trata de una clara falta de gestión que hay que atajar, porque sume a muchas personas en un endeudamiento crónico», ha denunciado el académico de la UNED, que ha añadido una tercera razón para transferir el IMV a las comunidades. A su juicio, este paso aumentaría la equidad interterritorial en este ámbito, ya que ahora cada región actúa de forma diferente con respecto al ingreso mínimo que ya existía antes de la creación del ingreso mínimo vital. El experto ha descrito «un auténtico barullo de ayudas», ya que mientras regiones como el País Vasco o Navarra, complementan con su renta mínima el IMV, otras comunidades como Madrid o Aragón, directamente han eliminado la renta que antes daban a colectivos vulnerables.
