En un entorno donde los lemas simples frecuentemente dominan las discusiones políticas y económicas, pocas estrategias son tan atrayentes y potencialmente perjudiciales como la promesa de salvaguardar nuestra economía a través de impuestos a las importaciones. Suena a patriotismo y resuena especialmente entre aquellos que se sienten afectados por el crecimiento del comercio global, pareciendo una solución simple. ¿Cuáles podrían ser los posibles problemas? La historia nos muestra de manera contundente que la respuesta abarca casi todo.
Tanto economistas como historiadores están de acuerdo en que la Ley Smoot-Hawley de 1930 representó un grave error que agudizó la crisis económica global.
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En un entorno donde los lemas simples frecuentemente dominan las discusiones políticas y económicas, pocas estrategias son tan atrayentes y potencialmente perjudiciales como la promesa de salvaguardar nuestra economía a través de impuestos a las importaciones. Suena a patriotismo y resuena especialmente entre aquellos que se sienten afectados por el crecimiento del comercio global, pareciendo una solución simple. ¿Cuáles podrían ser los posibles problemas? La historia nos muestra de manera contundente que la respuesta abarca casi todo. Afortunadamente, la historia económica, junto con diversos estudios y análisis de datos, brinda una visión sólida que sostiene un consenso casi universal entre los economistas. Aprovechando que recientemente se ha conmemorado la Ley Arancelaria Smoot-Hawley de 1930, es oportuno explicar por qué los economistas afirmamos de manera categórica que los aranceles no son la solución correcta para afrontar los problemas del comercio internacional, e incluso pueden empeorarlos significativamente. Durante la Gran Depresión, en 1930, el presidente Herbert Hoover promulgó una ley que aumentaba notablemente los aranceles sobre más de 20,000 productos importados. Actuó con la certeza de que estaba protegiendo la economía de Estados Unidos. La lógica, apoyada por varios políticos de la época, parecía infalible: salvaguardar a las industrias y trabajadores locales de la supuesta desleal competencia de otros países. ¿Quién podría estar en desacuerdo con algo que parece tan ventajoso?