La economía española presenta una aparente contradicción. Hay más gente trabajando que nunca, se ha reducido considerablemente la jornada laboral y los salarios han experimentado aumentos nominales. A pesar de ello, millones de personas ven cómo sus ingresos apenas les alcanzan para desarrollar proyectos de subsistencia, sobre todo si tienen que hacer frente al coste del acceso a la vivienda. Seguir leyendo
Las actividades que generan empleo, producen bienes o prestan servicios pueden resultar menos atractivas que la mera posesión de un activo
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La economía española parece presentar una contradicción evidente. Hay más personas trabajando que nunca, se ha reducido considerablemente la jornada laboral y los salarios han experimentado aumentos nominales. A pesar de ello, millones de personas ven cómo sus ingresos apenas les alcanzan para desarrollar proyectos de vida propia, sobre todo si tienen que hacer frente al coste del acceso a la vivienda. Un estudio reciente del Gabinete Económico de CCOO cuantifica esta realidad. Entre 2013 y 2026, los precios de compra de la vivienda aumentaron un 108 %, mientras que los salarios medios lo hicieron un 30 %. Es decir, el precio de la vivienda ha aumentado 3, 6 veces más que los salarios. . Un problema social conocido al que queremos añadir una reflexión que trascienda la cuestión de la vivienda. La inflación inmobiliaria también impulsa la actividad empresarial, devalúa las inversiones productivas y reduce las posibilidades de crecimiento económico. Nos enfrentamos a un modelo de distribución de la riqueza que favorece la extracción de ingresos frente a la generación de valor. En 1985, comprar un piso de 90 metros cuadrados requería, de media, 3, 1 salarios anuales completos. En 2026, se necesitan 7, 1. En las Islas Baleares se necesitan 12, 2 salarios al año, en Málaga, 10, 8, y en Madrid, diez. Entre 2015 y 2024, los nuevos contratos de alquiler aumentaron un 37 %, frente al 21 % del salario medio. Los contratos que se mantuvieron en vigor evolucionaron de forma mucho más moderada. El acceso a una vivienda o la renovación de un contrato se ha convertido en uno de los principales mecanismos de pérdida de poder adquisitivo para la clase trabajadora. La inflación inmobiliaria también condiciona la actividad de miles de pequeñas empresas, negocios y autónomos. El precio de los alquileres comerciales aumentó un 18, 6 % entre 2021 y 2023. Un pequeño comercio debe soportar unos costes inmobiliarios cada vez mayores, lo que probablemente se traduzca en un aumento de los precios para mantener la misma rentabilidad. Esta es una de las paradojas de un modelo económico con un peso excesivo de la renta: las actividades que generan empleo, producen bienes o prestan servicios pueden resultar menos atractivas que la simple propiedad de un activo cuyo precio se revaloriza. En 2025, la rentabilidad bruta de la vivienda alcanzó el 16 %, frente a la rentabilidad media del 7 % de los recursos propios de las empresas. Se trata de indicadores diferentes y no directamente equivalentes, pero permiten comprender los incentivos que guían determinadas decisiones de inversión. Cuando resulta más atractivo obtener ingresos de un inmueble que invertir en una actividad productiva, ¿qué modelo estamos fomentando y qué repercusión tiene esto en la capacidad de generar riqueza y empleo? Por otra parte, cuando una parte cada vez mayor de los ingresos salariales se destina al pago de alquileres e hipotecas, estos recursos ya no se utilizan para adquirir otros bienes y servicios. Esto reduce el consumo de los hogares y, por tanto, la demanda que sustenta gran parte de nuestra actividad económica. Las familias de clase trabajadora suelen destinar una mayor parte de sus ingresos al consumo que aquellas que invierten en propiedades. Por lo tanto, concentrar una parte cada vez mayor de la renta disponible en manos de los propietarios inmobiliarios puede reducir el dinamismo económico. Por el contrario, una reducción del 30 % en el coste de la vivienda podría impulsar la demanda agregada entre 21 000 y 26 000 millones de euros y fomentar la creación de entre 330 000 y 411 000 puestos de trabajo acumulados a lo largo de cinco años. Abordar la cuestión de la vivienda mejoraría, por tanto, las condiciones de vida y liberaría recursos para el consumo, la inversión productiva y la creación de empleo. Se trata de una cuestión central para el enfoque que el sindicato de clase ha mantenido hasta el 11 de noviembre. El conflicto distributivo no se produce exclusivamente entre los salarios y los beneficios empresariales, sino también entre los ingresos generados por la actividad productiva y los obtenidos por la propiedad de activos esenciales para vivir y trabajar. Es irreal pensar que la crisis derivada de los precios de la vivienda se resolverá únicamente mediante aumentos salariales. Ninguna negociación colectiva puede compensar indefinidamente un mercado inmobiliario cuyos precios crecen varias veces más rápido que las remuneraciones. Por lo tanto, es necesario actuar directamente sobre el coste de la vivienda. A corto plazo, es esencial reforzar la estabilidad residencial mediante la ampliación de los contratos de alquiler, la contención de los precios de los alquileres y la regulación de los alquileres de temporada, por habitaciones y turísticos. Estos tipos de alquileres inflan los precios, reducen la oferta y expulsan a las clases populares de muchos barrios. Sin embargo, la regulación no es suficiente. España necesita una infraestructura de vivienda permanente a precios protegidos para garantizar el acceso a este bien básico e influir en los precios de mercado. Para ello, debemos movilizar recursos equivalentes al 1 % del PIB anualmente con el objetivo de incorporar 1, 5 millones de viviendas asequibles a lo largo de una década, mediante la construcción, la adquisición y la compra de edificios. Un magnífico patrimonio de vivienda pública debería ser un objetivo nacional. La clave es su carácter permanente. No podemos seguir utilizando recursos públicos para generar viviendas que, al cabo de un tiempo, acaben entrando en el mercado libre y alimentando nuevas dinámicas de crecimiento. En nuestra opinión, debemos considerar el acceso a la vivienda como un pilar del Estado del bienestar del siglo XXI, cambiando las condiciones estructurales del mercado, y no limitándonos a compensar su comportamiento. La vivienda no puede seguir funcionando como un mecanismo prioritario para la extracción de ingresos a costa de quienes necesitan un lugar donde vivir o desarrollar una actividad económica. La disputa sobre la vivienda es también una disputa sobre los salarios, el empleo y el modelo productivo. No se trata solo de garantizar un techo. Se trata de decidir si queremos una economía que recompense fundamentalmente la acumulación de propiedad o una que distribuya mejor la riqueza, promueva la inversión productiva y permita que el trabajo vuelva a proporcionar seguridad y autonomía vital. Secretario general de CCOO
