No es posible explicar el notable y diferencial crecimiento del empleo y de la economía española en los últimos años sin apelar a la extraordinaria contribución del proceso migratorio que lo ha acompañado, un «segundo boom» de la inmigración, como lo denomina Jesús Fernández- Huertas en un reciente estudio. Seguir leyendo
Su plena integración debe situarse en el centro de la agenda pública. No es sólo una cuestión social, sino también económica.
Alimentar MRSS-S Noticias
No es posible explicar el notable y diferencial crecimiento del empleo y de la economía española en los últimos años sin apelar a la extraordinaria contribución del proceso migratorio que lo ha acompañado, un «segundo boom» de la inmigración, como lo denomina Jesús Fernández- Huertas en un reciente estudio. En los 25 años transcurridos de este siglo, España ha seguido una senda de aceleración que los grandes países europeos han sabido tomar desde hace varias décadas. Una senda que en cada país responde a especificidades concretas, pero que combina en todos estos tres fenómenos: la globalización, la desigualdad de la riqueza y, más recientemente, el declive demográfico que vamos a protagonizar los países desarrollados. En el caso de España, la implosión de la población autóctona no ha dejado de avanzar en la última década. Sin embargo, y afortunadamente para la sostenibilidad de nuestro sistema productivo, se ha visto más que compensada por un intenso flujo inmigratorio que ha facilitado nuestro despegue tras la gran crisis financiera. De forma especialmente intensa en los últimos años, tras la pausa de la crisis de covid- 19. . Este segundo auge migratorio -el primero estuvo ligado a la gran expansión de los dos primeros milenios- ha conducido a un saldo final que hoy no tiene parangón por la rapidez con que se ha logrado. El 20% de los casi 50 millones de personas que hoy viven en nuestro país no han nacido en España. una proporción que no es muy diferente de la de otras naciones europeas significativas, pero que casi en su totalidad se han incorporado en el último cuarto de siglo. Esta tendencia se consolidará en el futuro hasta llegar a una de cada tres personas en el próximo trimestre. La recesión demográfica interna hará que los nacidos en España sean menos de 35 millones en 2050. Esta era la población española hace más de 50 años. Además, como consecuencia de la creciente longevidad y de las bajas tasas de natalidad, su edad media será mucho mayor. En consecuencia, el peso de la población inmigrante dentro de la población activa será aún mayor. En un escenario medio se situará en el 40%. La velocidad de la transformación es extraordinaria. La experiencia reciente del periodo pospandémico nos dice que, en comparación con 2025 y 2019, el 68% de los casi 2. 5 millones de empleos creados -dos de cada tres- han sido ocupados por nacidos fuera de España. Conocer cuál ha sido la experiencia de integración de la población inmigrante y cómo está cambiando su perfil es bien relevante para hacer frente a la consolidación de marcos interpretativos que la presentan como una amenaza, a pesar de su aportación económica. También para anticipar y responder adecuadamente a los impactos que se están produciendo en servicios como la educación, la sanidad, algunas infraestructuras públicas o el mercado inmobiliario, derivados del extraordinario y acelerado cambio demográfico que se está produciendo. Para facilitar, en definitiva, que continúe, e incluso aumente, esa contribución positiva neta de un fenómeno que es estructural e irreversible en las próximas décadas en economías desarrolladas como la nuestra. La inmigración procede principalmente de América Latina en el caso español, lo que implica una mayor diversidad cultural y lingüística que de otras naciones europeas. Hay hechos relevantes señalados en un interesante estudio del Consejo Económico y Social. En primer lugar, la composición está cambiando por origen, y este segundo boom está reforzando más el perfil latinoamericano y menos el europeo del este que el primero. Por países en concreto, Colombia y Venezuela sustituyen a Rumanía y Ecuador como principales orígenes, mientras que Marruecos mantiene un peso estable. En segundo lugar, es muy importante que el nivel educativo medio de los inmigrantes haya aumentado considerablemente durante esta segunda oleada. La proporción de inmigrantes con estudios universitarios ha pasado del 17% en el primer boom a casi el 30% en el segundo. No tan lejos de la proporción de algo más del 40% de la población con estudios universitarios en España o la OCDE dentro del total de la población entre 25 y 64 años. Desde el punto de vista de su integración laboral, los trabajadores inmigrantes presentan mayores tasas de paro y menores posibilidades de empleo en el momento de su llegada, aunque se observa una progresiva convergencia en el tiempo. También existe una alta concentración en sectores y ocupaciones de bajos salarios. De hecho, el 80% de los asalariados extranjeros ejercen ocupaciones con salarios inferiores a la media que el 60% de los nacionales. Por último, aunque la brecha salarial se reduce como consecuencia de los años de servicio, lo hace de forma menos significativa que en otras naciones. Una característica adicional es que, aunque España muestra en general una alta incidencia de la sobrecualificación, ésta es considerablemente mayor entre la población de origen inmigrante. Los desajustes se reducen con el tiempo de residencia, pero persisten incluso entre las personas con doble nacionalidad, lo que apunta a problemas estructurales de reconocimiento de cualificaciones y segmentación del mercado laboral. Lo que ocurre con las segundas generaciones es otra consideración de singular importancia a la luz de la desigual experiencia de otros países que nos han precedido en los procesos migratorios. Afortunadamente, existe una movilidad ascendente entre las generaciones desde la primera generación. También es evidente que las segundas generaciones no alcanzan la plena igualdad con la población autóctona. Por último, en su dimensión territorial, la población inmigrante muestra una fuerte concentración urbana -el 84% de la población extranjera vivirá en áreas urbanas en 2025-, superior a la autóctona. Aún así, aumenta su presencia en las zonas rurales. Aunque incompleta, ésta es la radiografía sintética de un segmento relevante de la población española sobre el que se articula con fuerza la sostenibilidad de los servicios de atención doméstica, construcción, hostelería, agricultura, transporte o servicios auxiliares de creciente valor añadido. Sin su competencia, nuestro sistema productivo colapsaría. Conocer en profundidad esta realidad, así como anticiparse y adoptar políticas públicas adecuadas, es estratégico para afrontar, desde una perspectiva económica, pero no sólo, el futuro del país. Sobre todo si tenemos en cuenta nuestra deriva demográfica. Aunque mucho mayor, la población de los nacidos hoy en España -algo más de 40 millones de personas- coincide básicamente con la de la población total en el año 2000, entonces nativa en la práctica. Serán entre cinco y seis millones de personas menos dentro de 25 años, de las que más del 30% superarán los 65 años. Tal pérdida de población se compensará con la incorporación de un número similar de nuevos inmigrantes, que se sumarán a los 10 millones actuales. Dado que, como nunca antes, serán ellos quienes sustenten críticamente ese futuro, ha llegado el momento de situar su plena integración en el centro de la agenda pública. No sólo como cuestión social, sino como condición esencial para la viabilidad económica del país. Daniel Manzano es doctor en Economía y socio de Afi.
