La sanidad, la educación y la protección social son los pilares del Estado del bienestar, y las comunidades, las administraciones encargadas de prestarlos. Pero los recursos que aporta el sistema de financiación autonómica, bajo todos los focos de la reciente propuesta de reforma del Gobierno, apenas cubren el gasto asociado a estas prestaciones básicas en el conjunto de las comunidades. En el último año con datos disponibles, 2023, el modelo cubría el 99. 6 por ciento de lo que los gobiernos regionales desembolsaron para estas políticas ese año. En algunos territorios, la tasa de cobertura fue inferior, con Murcia (86. 6%) y la Comunidad Valenciana como los más rezagados (90. 95%). En otras, como Cantabria, el porcentaje superaba con creces la media. Seguir leyendo
Los recursos se mantuvieron en el 99 6% de las partidas de sanidad, educación y protección social en 2023. Murcia y la Comunidad Valenciana, las más atrasadas
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Los pilares del Estado del bienestar, así como las comunidades y las administraciones encargadas de proporcionarlos, son la sanidad, la educación y la protección social. Pero los recursos aportados por el sistema de financiación autonómica, bajo todos los focos de la reciente propuesta de reforma del Gobierno, apenas cubren el gasto asociado a estas prestaciones básicas en el conjunto de las comunidades. En el último año con datos disponibles, 2023, el modelo cubrió el 99. 6 por ciento de lo que los gobiernos regionales desembolsaron para estas políticas ese año. En algunos territorios, la tasa de cobertura fue inferior, con Murcia (86. 6%) y la Comunidad Valenciana como los más rezagados (90. 95%). En otras, como Cantabria, el porcentaje superaba con creces la media. Estos resultados, elaborados comparando el gasto en servicios públicos básicos con la última liquidación del sistema de financiación (a competencias homogéneas), no implican siempre y de forma automática una escasez o exceso de recursos, aunque en algunos casos coinciden en que una comunidad está bien o mal financiada. Tampoco reflejan la calidad de los servicios, sino qué parte del gasto real que realizan las comunidades en estas partidas -sin poder valorar si es el nivel óptimo- puede ser cubierto potencialmente por los fondos que cada territorio recibe del sistema de financiación. «Hay al menos tres factores a tener en cuenta: el volumen de recursos, la eficiencia del gasto y las decisiones políticas. Es decir, cuánto decide dedicar cada comunidad a los servicios públicos básicos», enumera Diego Martínez López, profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. «Por ejemplo, algunas comunidades pueden ser capaces de financiar una parte importante de su gasto en servicios públicos básicos a través del sistema de financiación, no porque les favorezca, sino porque pueden ser más eficientes», reflexiona también el investigador del centro de estudios Fedea. En el caso de Murcia y la Comunidad Valenciana, existe una relación entre la baja tasa de cobertura que presentan y lo que reciben del sistema de financiación, ya que son los territorios peor tratados por el modelo. Ángel de la Fuente, director de Fedea, aclara sin embargo que el mejor indicador para saber si una autonomía está bien o mal financiada es su tasa de financiación efectiva por persona ajustada (a igual esfuerzo fiscal), y no cuánto pueden cubrir los servicios públicos con los recursos del sistema. «El gasto real es una decisión política que depende de las preferencias, además de las necesidades», se desglosa. «Por ejemplo, si nos fijamos en la tasa de cobertura calculada, Madrid y Cataluña parecen estar en situaciones muy diferentes, pero no es así en cuanto a la generosidad de su financiación. Más bien tienen preferencias diferentes: Cataluña prefiere gastar más en servicios básicos y lo paga en parte subiendo impuestos y en parte con deuda, y Madrid prefiere gastar menos y bajar un poco sus impuestos». La sanidad, la educación y la protección social suponen dos tercios de todo el gasto autonómico, y el sistema de financiación acapara el grueso de los recursos de las comunidades -que también cuentan con ingresos propios, transferencias condicionadas del Estado o ayudas europeas-. Pero los territorios no están obligados por ley a dedicar a estas políticas todo lo que reciben del sistema, ni siquiera es perceptivo que reserven un porcentaje fijo de sus recursos a los servicios públicos básicos. Son libres de destinar a estas partidas -y al resto- las cantidades que libremente decidan, con independencia de las asignaciones del sistema de financiación. «Hay que respetar la capacidad de decisión de las comunidades, que para eso son autónomas», dice De la Fuente. «No tendría sentido obligarles a hacer lo mismo», dijo. Sin embargo, «el sistema debería cubrir teóricamente al menos el 100% del gasto en servicios públicos básicos», señala Juan Pérez, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). Explica que la conclusión está implícita en el propio modelo, que niega hasta el 75% de la capacidad tributaria entre comunidades, «que es el peso de los servicios públicos básicos cuando se diseñó el sistema actual, en 2009. . . «. . El sistema de financiación funciona a través de una bolsa en la que las comunidades se llevan parte de los ingresos tributarios generados en sus territorios (los principales proceden del IRPF, el IVA y los impuestos especiales), además de recibir las aportaciones del Estado. Esta cesta se distribuye luego entre los territorios -según un esquema de fondos bien conocido- para garantizar que los servicios públicos básicos tengan un nivel similar en todo el país. Adicionalmente, el modelo en su primera fase realiza una «nivelación» parcial, del 75%, para compensar algunas de estas diferencias porque no todas las autonomías tienen el mismo músculo económico. Esa bolsa no es fija. Variaría cada año en función de cómo evolucione la economía: crece en épocas de bonanza y se contrae cuando vienen mal dadas, ya que la recaudación de la que depende suele estar deprimida. Los años de la pandemia fueron un caso aparte. Los ingresos no se desplomaron, pero el gasto público se disparó para hacer frente a la emergencia, lo que dificultó el ritmo de cobertura de los servicios básicos a través del sistema. Esta infrafinanciación, sin embargo, se compensó con las transferencias extraordinarias que recibieron las comunidades, con más de 15. 000 millones en 2020 y más de 12. 000 en 2021. La propuesta que el Gobierno ha puesto sobre la mesa para reformular el sistema, una reforma pendiente desde hace más de 10 años, inyectaría 21. 000 millones adicionales al sistema, elevando esa tasa de cobertura». Sería más dinero para las comunidades y menos para el Estado, «dice De la Fuente». No está claro que eso sea necesariamente bueno. No hay una forma objetiva de medir las necesidades de gasto de los distintos territorios o administraciones. Lo ideal sería repartir entre ellos, más que dinero, herramientas fiscales, de forma que cada uno pida a sus votantes los recursos que necesita, aunque esta solución es complicada cuando hay grandes diferencias de renta. «Autonomía. Un planteamiento complementario es analizar cuánto gasta per cápita cada comunidad en servicios públicos básicos. Este análisis arroja resultados que pueden resultar paradójicos a primera vista. El gasto de Valencia y Castilla – La Mancha, ambas infrafinanciadas, se acerca a la media, el de Murcia está incluso por encima. Según un estudio del Ivie, Madrid es el territorio con menor dotación per cápita en sanidad, educación y protección social, con una financiación cercana a la media. Madrid decide gastar por debajo de la media en servicios públicos básicos, y a cambio ofrece rebajas fiscales a sus ciudadanos. En el IRPF han dejado de ingresar 1, 740 millones de euros (en 2023)», señala Pérez, que recuerda que los datos de la liquidación del sistema de financiación no tienen en cuenta las subidas o bajadas de los tipos impositivos que ejercen las comunidades en el ejercicio de su autonomía. Andalucía también está en la línea del gasto por habitante en servicios públicos básicos, lo que le permite tener una tasa de cobertura media, aunque forma parte del grupo de comunidades infrafinanciadas. Cataluña, por su parte, tiene un gasto per cápita superior a la media en sanidad, educación y protección social, y la financiación que recibe en términos políticos no cubre totalmente estos desembolsos. En cambio, regiones muy bien financiadas como Cantabria y Canarias, si se considera que tienen un régimen especial, siguen teniendo recursos para otras políticas», afirma Pérez. A pesar de tener un gasto ajustado en servicios básicos por habitante muy por encima de la media.
