España pierde una importante batalla ante la justicia estadounidense. Según fuentes jurídicas bien informadas, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha desestimado el recurso interpuesto por el Reino de España contra las reclamaciones millonarias que muchos inversores han impulsado para compensar los recortes retroactivos de las primas prometidas a quienes invirtieran en energías renovables. Una vez que los demandantes, con el respaldo financiero y jurídico de fondos de litigio como Blasket Renewable Investments, llevaron el caso a Estados Unidos con el fin de recuperar la indemnización que diversos tribunales de arbitraje les han concedido, el caso ha sido objeto de seguimiento por parte de España durante más de 10 años y se ha trasladado al otro lado del Atlántico. Seguir leyendo
La decisión del Fiscal General fue respaldada por el Tribunal Superior, que declaró que no existe inmunidad soberana frente al arbitraje.
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ArbitrajeLa decisión del Fiscal General fue respaldada por el Tribunal Superior, que declaró que no existe inmunidad soberana frente al arbitraje. El audio de esta noticia utiliza una voz sintética generada por Inteligencia Artificial y podría tener algunas inconsistencias.Imagen de un campo de turbinas aéreas.Pablo CandamioEspaña pierde una batalla importante ante la justicia estadounidense. El Tribunal Supremo del país norteamericano ha rechazado el recurso presentado por el Reino de España contra las reclamaciones millonarias que numerosos inversores impulsaron para compensar los recortes retroactivos a las primas prometidas por invertir energías renovables, según han informado fuentes jurídicas conocedoras de este procedimiento. Una batalla judicial que persigue a España desde hace más de 10 años y que se trasladó al otro lado del Atlántico, una vez que los demandantes, con el apoyo financiero y jurídico de fondos de litigación como Blasket Renewable Investments, llevaron el asunto a Estados Unidos para intentar cobrar las indemnizaciones que distintas cortes de arbitraje han reconocido a su favor. De este modo, los magistrados del Supremo han seguido la opinión de la Administración Trump (como suele ser habitual) que, a través del procurador general, John Sauer, se opuso a que admitieran las pretensiones españolas. El máximo funcionario de la administración estadounidense ―que asumió el cargo en abril de 2025 tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca― afirmó en su escrito que España, como Estado extranjero, goza en principio de inmunidad soberana total ante los tribunales de EE UU. No obstante, matizó que existen excepciones como los arbitrajes de inversión que se fundamentaron en la vulneración del Tratado sobre la Carta de la Energía con el recorte de las primas de las renovables.España acudió al Tribunal Supremo como última bala para frenar la ejecución de los laudos arbitrales, después de que el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazara que tiene inmunidad soberana. Con este mismo argumento, la defensa española ―representada por la Abogacía del Estado y apoyada por la firma internacional de abogados Sidley Austin― elevó el asunto a la máxima instancia judicial.En todos los procedimientos abiertos en relación a estos arbitrajes, España defiende que tiene inmunidad soberana para hacer frente a la casi treintena de laudos (decisiones finales de los tribunales de arbitraje que han resuelto estas disputas) que le obligan a indemnizar a los inversores con, al menos, unos 1.800 millones de euros (más de 2.300 millones, si suman costas procesales e intereses legales y de demora). También argumentó que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) vetó estos conflictos entre inversores comunitarios (como son la gran mayoría) y un Estado miembro, y que la Comisión Europea, que le respalda en esta postura, debe autorizar los abonos para evitar que se declare
