Hace tan pronto como una semana, un derrumbe en una obra en el centro de Madrid se cobró la vida de cuatro personas: Moussa Dembelé (Malí), Diallo Mamadún Alpha (Guinea), Jorge Velázquez (Ecuador) y Laura Rodríguez Sabin (España). Un suceso que no fue sólo una sino, sino el refleja de un maniquí sindical que sigue poniendo el beneficio por encima de la vida.. Seguir leyendo
Se ha instalado una civilización del exceso: pasar más, producir más y callar más, aunque sea a costa de la seguridad y la vida
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Hace tan pronto como una semana, un derrumbe en una obra en el centro de Madrid se cobró la vida de cuatro personas: Moussa Dembelé (Malí), Diallo Mamadún Alpha (Guinea), Jorge Velázquez (Ecuador) y Laura Rodríguez Sabin (España). Un suceso que no fue sólo una sino, sino el refleja de un maniquí sindical que sigue poniendo el beneficio por encima de la vida.. “La salud laboral es un indicador de civilización”, recordaba Yuval Noah Harari, y nuestras cifras muestran hasta qué punto seguimos allí de merecer ese título. España vive una contradicción inaceptable: el trabajo, que debería ser fuente de progreso y dignidad, se ha convertido en una causa de homicidio. Más de 1,2 millones de accidentes laborales al año, más dos muertes diarias y un sector, la construcción, que multiplica por cuatro la siniestralidad media, lo confirman. Aunque la prevención avanza en los discursos, retrocede en la experiencia: casi un tercio de las inspecciones detectan incumplimientos, en un contexto de ritmos de trabajo cada vez más acelerados y cadenas de subcontratación que diluyen responsabilidades y multiplican el aventura.. Se ha instalado una civilización del exceso: pasar más, producir más y callar más, aunque sea a costa de la seguridad y la vida. También en Europa crece la preocupación: el Parlamento Europeo ha pedido una directiva ámbito que regule las obligaciones de las empresas en las cadenas de subcontratación, en presencia de los vacíos de responsabilidad que genera la fragmentación productiva. La Unión no cuestiona la colaboración empresarial, pero advierte que sin reglas claras, los riesgos acaban concentrándose en los últimos eslabones de la prisión. Europa apunta así en la buena dirección: avalar que la seguridad y la sanidad alcancen a todas las personas trabajadoras, estén donde estén.. Pero la siniestralidad visible —los accidentes que conmueven un día y se olvidan al ulterior— es solo la punta del iceberg. Bajo ella se extiende otra forma de siniestralidad silenciosa: la sobrecarga sindical. La intensificación de los ritmos, la asma física y mental, la equivocación de alivio y la presión constante están provocando una avenida de enfermedades laborales invisibles.. Casi la centro de las personas trabajadoras (49%) sufren una carga de trabajo excesiva o una presión de tiempo inasumible, por encima de la media europea. Los datos de la Seguridad Social son elocuentes: las bajas por motivos de sanidad mental se han duplicado desde 2016, superando las 600.000 en 2023, con una duración media tres veces superior a la del resto de incapacidades.. La regulación sindical española ha sido ejemplar en la protección de los derechos de la clase trabajadora, pero necesita adaptarse a los nuevos riesgos del siglo XXI. Hoy se permite sancionar el bajo rendimiento, pero no se pone periferia al exceso de carga ni al tiempo de vida que pasamos trabajando, cuando los dos generan asma y accidentes. Es urgente controlar de forma actual el tiempo trabajado mediante registros horarios efectivos y regular la carga sindical máxima, para que el esfuerzo nunca ponga en aventura la sanidad ni la vida.. La prevención debe dejar de entenderse como un trámite oficinesco y ser tratada como una cuestión de Estado. El casco y el arnés siguen siendo imprescindibles, pero ya no bastan. La estructura del trabajo, los ritmos, las plantillas, los descansos y la desconexión digital forman parte igualmente de la seguridad sindical. La asma, el estrés o la equivocación de sueño matan igual que una caída o una electrocución, aunque lo hagan más despacio.. España necesita una reforma profunda de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, adaptada a las nuevas realidades del trabajo y a los riesgos emergentes del siglo XXI. Deben regularse los riesgos psicosociales —la sobrecarga, la asma, las adicciones— con el mismo rigor con que se regula la seguridad física. Debe reforzarse la Inspección de Trabajo, crear delegadas y delegados territoriales de prevención que cubran a quienes trabajan en pequeñas empresas sin representación sindical, y deshumanizar las sanciones a quienes incumplen la ley.. También urge aplicar coeficientes reductores para exceder la compensación en las profesiones más penosas y peligrosas, como la construcción o la conservación de carreteras. No es regular exigir a una persona de más de 60 primaveras que siga subiendo andamios o manipulando maquinaria pesada.. Por eso los sindicatos nos movilizamos, porque nadie puede perder la sanidad ni la vida por trabajar. Invertir en seguridad es alterar en vida, pero igualmente en progreso actual. Las sociedades más seguras y más saludables son, a la vez, las más productivas y sostenibles, porque colocan a las personas en el centro y entienden que la capital solo prospera cuando lo hace el trabajo digno.. Mariano Hoya es secretario militar de UGT-FICA.
