Las hojas del calendario van cayendo sin que el Gobierno haya conseguido los votos necesarios para aprobar en el Congreso una de las iniciativas estrella comprometidas en el Plan de Recuperación Fiscal Verde: el aumento de los impuestos sobre el gasóleo para equipararlos a los de la gasolina. Bruselas ya sancionó a España el año pasado por no adoptar la medida, recortándole el quinto pago. Aunque permitió al Ejecutivo subsanar la deficiencia, la reforma sigue paralizada por la falta de consenso político, tal y como confirman fuentes del Gobierno, cuando solo queda un mes para que venza el plazo de cumplimiento de los objetivos acordados en el mecanismo europeo. Seguir leyendo
El Gobierno da por hecho que no cuenta con el apoyo necesario en el Congreso para aprobar la medida, vinculada al desembolso de fondos del Plan de Recuperación
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Los días se van agotando sin que el Gobierno haya conseguido los votos necesarios para poder aprobar en el Congreso una de las iniciativas estrella comprometidas en el Plan de Recuperación Fiscal Verde: la subida de los impuestos sobre el gasóleo para equipararlos a los de la gasolina. España ya fue sancionada el año pasado por Bruselas por no aplicar la medida, lo que supuso la supresión de su quinto pago. Aunque permitió al Ejecutivo abordar la carencia, la reforma sigue paralizada por la falta de consenso político, tal y como confirman fuentes del Gobierno, cuando solo queda un mes para que venza el plazo de cumplimiento de los objetivos acordados en el mecanismo europeo. El año pasado, la Comisión Europea restó 1. 1 mil millones de euros a España de un total de 24. 137 millones de euros correspondientes al quinto desembolso del fondo de recuperación. La reducción se debió al incumplimiento de varias reformas, entre ellas iniciativas fiscales por valor de 475 millones. Parte de esa cifra se ha desbloqueado con el sexto pago, aprobado por Bruselas a principios de este mes. Sin embargo, aún se recaudan unos 200 millones de dólares como consecuencia del aumento de los impuestos sobre el gasóleo. Fuentes del Gobierno reconocen que no se dan las condiciones para que la medida siga adelante, ya que no cuenta con el apoyo del Congreso. Tampoco se ha liberado el dinero bloqueado debido a que no se ha resuelto el problema del plazo máximo de los funcionarios interinos, aunque, en este asunto, el Gobierno ha presentado alegaciones ante las instituciones comunitarias. El Ejecutivo lleva tiempo intentando aprobar la equiparación fiscal entre la gasolina y el gasóleo. Intentó incluirla en los presupuestos generales del Estado de 2021, cuando contaba con una mayoría parlamentaria más estable que la actual, pero tuvo que retirarla ante la oposición frontal de algunos de sus socios, especialmente el NPV. En 2024 y 2025, con un mayor apoyo parlamentario, volvió a poner la iniciativa sobre la mesa, vinculándola también al mecanismo de recuperación europeo. El PNV se sumó a otras formaciones como Pores y Junts, pero el rechazo de varios grupos pertenecientes al bloque de investidura volvió a retrasar la reforma. Hoy en día, tanto la política interna como la situación económica internacional juegan en su contra. El bloqueo de la investidura se ha desmoronado con el paso de la legislatura y ha debilitado al Gobierno, ya de por sí mermado por los casos de corrupción que han estallado en el seno del PSOE. A esto se suma el contexto externo: la guerra en Irán ha vuelto a disparar los precios de la energía y ha impulsado la inflación, reduciendo el margen político para subidas fiscales en un ámbito tan sensible para los ciudadanos como el de los combustibles. Además, en lugar de aumentar los impuestos ecológicos —una de las principales tareas pendientes de España, que se sitúa por debajo de la media europea en este ámbito—, se ha reducido el número de
