La visita de Felipe VI a México el pasado mes de junio y su encuentro con Claudia Sheinbaum han puesto fin a una anomalía diplomática que se había prolongado demasiado. Dos países unidos por la historia, la lengua y unos vínculos extraordinarios —también en el ámbito económico— habían permitido que la disputa política deteriorara una relación estratégica. La normalización es una buena noticia, pero su verdadero éxito no dependerá de la cordialidad institucional, sino de si se traduce en un entorno más favorable para la inversión y los negocios. Seguir leyendo
La actividad empresarial entre ambos países se ha mantenido prácticamente intacta a pesar del conflicto diplomático
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La visita de Felipe VI a México el pasado mes de junio y su encuentro con Claudia Sheinbaum han puesto fin a una anomalía diplomática que se había prolongado demasiado. Dos naciones, unidas por la historia, la lengua y vínculos extraordinarios —o ambas cosas—, habían permitido que el conflicto político deteriorara una relación estratégica. La normalización es una buena noticia, pero su verdadero éxito no dependerá de la cordialidad institucional, sino de si puede traducirse en un entorno más favorable para la inversión y los negocios. El deterioro comenzó en 2019, cuando Andrés Manuel López Obrador pidió públicamente a España que solicitara perdón por la conquista. A partir de entonces se sucedieron los desentendimientos: acusaciones contra empresas españolas, la propuesta de «pausar» las relaciones bilaterales y, finalmente, la ausencia del rey en la toma de posesión de Claudia Sheinbaum en 2024. La reunión celebrada el pasado mes de junio simboliza el cierre de esa etapa y el deseo de recuperar una interacción normal entre ambos países. Sin embargo, la política nunca llegó a reflejar la realidad económica. Mientras las relaciones diplomáticas atravesaban su peor momento en décadas, las empresas españolas siguieron invirtiendo, creando empleo y ampliando su presencia en México. España sigue siendo uno de los principales inversores extranjeros en el país. Según el Ministerio de Economía mexicano, en 2025 la inversión española ascendió a 4. 431 mil millones de dólares, solo por detrás de Estados Unidos, mientras que la inversión acumulada desde 1999 supera los 80 mil millones de dólares. No se trata solo de cifras elevadas. Detrás de ellas hay una presencia empresarial consolidada. Además de BBVA y Santander, empresas como Acciona, ACS, CAF y Naturgy operan en los sectores de las infraestructuras y la energía, mientras que Inditex, Meliá y Mapfre son componentes fundamentales del tejido económico cotidiano del país. Su persistencia demuestra que la relación económica ha sido mucho más poderosa que la política. México sigue siendo uno de los mercados más atractivos para la empresa española. Con más de 130 millones de habitantes y una estrecha integración con la economía estadounidense gracias al T-MEC, el país se ha convertido en una importante plataforma industrial. Además, la reorganización de las cadenas de suministro globales está reforzando esta posición. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China han acelerado el denominado «near-sourcing», es decir, el traslado de parte de la producción a países cercanos al mercado estadounidense. Este proceso abre oportunidades especialmente interesantes para las empresas españolas. México necesita invertir en infraestructuras, redes eléctricas, agua, logística y digitalización para consolidarse como destino industrial. Estos son precisamente algunos de los sectores en los que las empresas españolas cuentan con una amplia experiencia internacional. Además, el nuevo Acuerdo Global entre la Unión Europea y México, que elimina prácticamente todos los aranceles, facilita el acceso a los contratos públicos para las empresas europeas y mejora el marco para el comercio de servicios y la inversión. España cuenta con una clara ventaja frente a otros socios europeos gracias a décadas de presencia empresarial, conocimiento del mercado y proximidad cultural. Sin embargo, sería un error interpretar la normalización diplomática como una garantía automática de nuevas inversiones. Los empresarios no toman sus decisiones basándose en fotografías oficiales, sino en la estabilidad institucional. El verdadero reto para México sigue siendo reforzar la seguridad jurídica. En los últimos años, algunas decisiones normativas han generado incertidumbre, especialmente en sectores como el energético. Además, la reciente reforma del poder judicial introdujo la elección popular de los jueces. Sus defensores creen que permitirá luchar contra la corrupción, mientras que sus detractores advierten del riesgo de politización de la justicia. Desde una perspectiva empresarial, el debate es más sencillo: cualquier inversión necesita normas estables, tribunales independientes y garantías de que se respetarán los contratos. La seguridad es otro elemento crucial. Aunque México cuenta con regiones muy competitivas que atraen inversión internacional, la presencia del crimen organizado sigue elevando los costes de muchas actividades económicas. Las grandes multinacionales pueden gestionar parte de ese riesgo, pero se trata de una barrera especialmente relevante para las pequeñas y medianas empresas interesadas en internacionalizarse. Todo ello explica que la oportunidad actual sea importante, pero no esté asegurada. México cuenta con condiciones extraordinarias para atraer inversión: un gran mercado interno, su proximidad a Estados Unidos, una potente base industrial y una amplia red de acuerdos comerciales. Sin embargo, para convertir estas ventajas en un crecimiento sostenido, debe garantizar un marco normativo estable, reforzar el Estado de derecho y ofrecer seguridad a quienes invierten a largo plazo. España también tiene tareas pendientes. La defensa de los intereses de sus empresas requiere una diplomacia económica activa, capaz de acompañar a las empresas en los mercados internacionales y de reaccionar cuando se produzcan decisiones discriminatorias o cambios normativos que alteren las condiciones de inversión. El nuevo acuerdo entre la Unión Europea y México proporciona instrumentos adicionales que deben utilizarse cuando sea necesario. Las propias empresas también deben adaptarse a un entorno más exigente. La experiencia demuestra que las inversiones más sólidas son aquellas que logran integrarse en la economía local, generan empleo cualificado, colaboran con proveedores nacionales y se forjan una reputación basada en la transparencia y el compromiso a largo plazo. En economías políticamente polarizadas, la legitimidad social se ha convertido también en un activo empresarial. La armonización entre España y México se produce, además, en un contexto internacional especialmente favorable. Europa busca diversificar sus relaciones económicas en un escenario de creciente rivalidad geopolítica, mientras que México necesita aprovechar su posición privilegiada dentro de las cadenas de producción americanas sin depender exclusivamente de Estados Unidos. Ambos países tienen margen para reforzar una asociación económica que ya era intensa incluso durante los años de mayor tensión diplomática. Felipe VI y Claudia Sheinbaum han puesto fin a una crisis política que nunca debería haber durado tanto. Ahora se está gestando una etapa mucho más reciente. Restablecer el diálogo fue relativamente sencillo; reconstruir la confianza requerirá medidas concretas. La diplomacia puede abrir oportunidades, pero serán las instituciones las que determinen si estas oportunidades acaban traduciéndose en inversión, empleo y crecimiento. Porque las empresas no invierten donde hay mejores discursos, sino donde encuentran normas predecibles, seguridad jurídica y estabilidad para desarrollar proyectos a largo plazo. Albert Guivernau es profesor colaborador de la OBS Business School
