El 21 de julio, la Secretaría de Estado de Función Pública, bajo el Ministerio para la Transformación Digital liderado por Óscar López, dio a conocer un ambicioso plan para transformar el funcionamiento de la Administración del Estado. Desde entonces, este comunicado, plasmado en un documento de 177 páginas denominado Consenso por una Administración abierta, ha generado controversia entre diversos sindicatos que representan a los funcionarios y otros empleados públicos estatales. Las quejas son diversas y abarcan temas que incluyen la sugerencia de modificar los procesos de selección actuales (oposiciones), la carencia de menciones sobre incrementos salariales y la falta de más diálogo con los representantes de los empleados, entre otros aspectos.
Los funcionarios de alto rango son los más opuestos a la reforma, la cual se encuentra en medio de negociaciones, sin embargo, todavía no dispone de un texto legal.
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El 21 de julio, la Secretaría de Estado de Función Pública, bajo el Ministerio para la Transformación Digital liderado por Óscar López, dio a conocer un ambicioso plan para transformar el funcionamiento de la Administración del Estado. Desde entonces, este comunicado, plasmado en un documento de 177 páginas denominado Consenso por una Administración abierta, ha generado controversia entre diversos sindicatos que representan a los funcionarios y otros empleados públicos estatales. Las quejas son diversas y abarcan desde la propuesta de modificar los actuales procesos de selección (oposiciones) hasta la falta de menciones sobre aumentos salariales y la carencia de una mayor negociación con los representantes de los trabajadores, entre otros temas. Los más activos en esta lucha son los integrantes de la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), que reúne alrededor de cuarenta asociaciones de funcionarios de los cuerpos superiores (A1 y A2). Estos incluyen a inspectores de Hacienda y Trabajo, abogados del Estado, actuarios, economistas de la Seguridad Social, diplomáticos, ingenieros de diversas áreas, estadísticos y otros muchos profesionales de alto nivel dentro de la administración que manejan mayores responsabilidades. Uno de los principales motivos detrás de esta guerra abierta contra Función Pública es la propuesta de modificar el actual sistema de oposiciones que permite a los ciudadanos convertirse en funcionarios de carrera. Para las categorías más altas, A1 y A2 (por ahora), el Gobierno planea reemplazar estas pruebas con un proceso de formación de dos años en una nueva escuela estatal gratuita, donde se cursará un máster. Para ingresar a esa escuela, se llevará a cabo una primera prueba de selección. La cantidad de puestos en estos centros superará el número de vacantes laborales, por lo que al finalizar los dos años de formación se llevará a cabo un nuevo examen, similar a una oposición, que decidirá quién se convierte en funcionario y quién no. Quienes no logren pasar la prueba recibirán un título de posgrado reconocido oficialmente. Según Fedeca, este nuevo sistema será «más costoso, más exclusivo y no asegurará los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad» que se aplican en las oposiciones estatales actuales. Sin embargo, también se cuestiona la carencia de comunicación y claridad por parte del Gobierno en el proceso de creación de las modificaciones. Con el fin de tratar de unir opiniones, Clara Capelli, la Secretaria de Estado de Función Pública, organizó una reunión con los Fedeca el pasado martes 213 de julio.
