La mitad de la devolución del pago del IRPF a los perceptores del nuevo salario mínimo, que se producirá en 2026 a través de una deducción, está en el limbo por culpa de lo que parece un fallo técnico del Ministerio de Hacienda del que ha dado aviso este miércoles el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF). El departamento que dirige la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, avanza que lo analizará y que, en caso de que exista, lo corregirá en los próximos meses para garantizar que los reembolsos sean totales.. Seguir leyendo
La enmienda registrada por el PSOE y Sumar contiene un aparente desliz y solo garantiza el reembolso de la cuota estatal, no de la autonómica. El ministerio dice que analizará el texto y lo subsanará si encuentra una anomalía
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La mitad de la devolución del pago del IRPF a los perceptores del nuevo salario mínimo, que se producirá en 2026 a través de una deducción, está en el limbo por culpa de lo que parece un fallo técnico del Ministerio de Hacienda, que todavía puede corregirse. El Gobierno, tras una dura negociación interna entre el PSOE y Sumar, diseñó hace dos semanas un esquema por el que los trabajadores que cobran el SMI empezarán a sufrir retenciones en sus nóminas durante este ejercicio, a cambio de recibir el próximo una devolución por valor de lo pagado. Sin embargo, explican desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), el reembolso previsto se ha incluido en un grupo de rebajas que cuentan con dos cuotas: la estatal y la autonómica. Y ahí está el problema, dado que, tal y como está redactada actualmente, la corrección solo modifica la parte que afecta al Estado, con una proporción del 50%. Eso significa que, de los aproximadamente 300 euros al año que pagan los perceptores del SMI en forma de retenciones, solo recibirían la mitad el ejercicio próximo en concepto de devolución.. El reembolso diseñado por Hacienda, explica Raquel Jurado, técnica del servicio de estudios del REAF, se ha incluido como enmienda en el proyecto de ley sobre responsabilidad civil y seguro de vehículos a motor, que previsiblemente se aprobará sin problemas en las Cortes. Es el mismo vehículo, de hecho, que se ha elegido para revertir las devoluciones previstas a los mutualistas.. En concreto, la enmienda relativa al SMI modifica el artículo 67 de la ley del IRPF, que hace referencia a la cuota líquida estatal, y confirma que se producirá la devolución. Sin embargo, no hace lo mismo con el artículo 77, que es el que afecta a la cuota líquida autonómica. “Entendemos que es un fallo que todavía puede corregirse, sobre todo porque se trata de una enmienda que puede ser modificada antes de que se vote la ley”, señala Jurado. Sin embargo, si esto no sucede, a los trabajadores afectados no se les devolverá la parte autonómica, con una factura que oscilaría entre los 110,9 euros anuales de la Comunidad Valenciana y los 178,7 euros de Asturias.. Estas diferencias se explican por el diseño del IRPF. El impuesto tiene una tarifa estatal y otra autonómica, y como las comunidades tienen capacidad normativa en la parte en la que tienen competencias, las cuotas íntegras difieren levemente entre los territorios. Así, en Castilla-La Mancha, Cataluña, Aragón y Murcia la factura sería de 169,8 euros. En Baleares y Castilla y León, de 160,8 euros; en Canarias, de 155,8 euros; en Cantabria, de 151,9 euros; en Andalucía, de 146,9 euros; en Extremadura y La Rioja, de 142,9 euros; en Galicia, de 139,3 euros; y en Madrid, de 117,3 euros. Quedan fuera País Vasco y Navarra, que tienen sistemas fiscales propios.. En caso de que el fallo se subsane, prosiguen desde el REAF, los perceptores del salario mínimo recibirían íntegramente en 2026 las retenciones que se les está practicando durante 2025, con la excepción de Asturias, donde la cuota a pagar final sería de 8,7 euros. Esto se debe, apunta Jurado, a que esta comunidad tiene una tarifa mínima en el impuesto del 10%, por encima del 9,5% que marca la tarifa estatal.. En febrero, con efectos retroactivos para todo 2025, el salario mínimo creció oficialmente hasta los 16.576 euros brutos al año (700 euros más que en 2024). Es un aumento del 61% desde 2018 que, para el PSOE, implica que los perceptores ya deben empezar a tributar. Por eso, Hacienda comunicó que no actualizaría el impuesto sobre la renta de las personas físicas a la nueva subida, como había hecho en años anteriores. La decisión implicaba que aproximadamente un 20% de los trabajadores que cobran el mínimo legal tendrían que pagar retenciones de unos 300 euros al año, mientras que el 80% restante se libraría por su situación familiar. Esto, sin embargo, desató una guerra interna en el Ejecutivo, ya que Sumar exigía una nueva actualización de los mínimos exentos para volver a librar del impuesto a los trabajadores que menos ganan.. Tras varias semanas de negociaciones, los dos socios llegaron a una solución intermedia. Sumar logró el alivio fiscal que exigía para estas rentas en 2025, y el PSOE que el beneficio solo dure un ejercicio y que no sea generalizado, ya que, previsiblemente, la fórmula no se prorrogará en 2026.
