En la pugna entre los hoteles y las agencias de viajes con el Ministerio del Interior por el nuevo registro de viajeros, en vigor desde el 1 de diciembre de 2024. Después de tres prórrogas y más de un año esperando a que el Ejecutivo sacara unilateralmente una orden ministerial para regular este censo (las empresas han criticado reiteradamente la falta de diálogo de Interior), ambos sectores se han visto sorprendidos por un cambio de postura, con una primera reunión global, auspiciada por CEOE, en la que el departamento que dirige Fernando Grande- Marlaka se ha comprometido, según las fuentes empresariales consultadas, a adaptar el registro a las necesidades de cada uno de ellos. Seguir leyendo
Las empresas reconocen una primera reunión «esperanzadora» y prevén cambios en la orden ministerial que amplía los datos exigidos a los turistas
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Pugna entre los hoteles y las agencias de viajes con el Ministerio del Interior por el nuevo registro de viajeros, en vigor desde el 1 de diciembre de 2024. Después de tres prórrogas y más de un año esperando a que el Ejecutivo sacara unilateralmente una orden ministerial para regular este censo (las empresas han criticado reiteradamente la falta de diálogo de Interior), ambos sectores se han visto sorprendidos por un cambio de postura, con una primera reunión global, auspiciada por CEOE, en la que el departamento que dirige Fernando Grande- Marlaka se ha comprometido, según las fuentes empresariales consultadas, a adaptar el registro a las necesidades de cada uno de ellos. La introducción de este registro, que actualizaba la norma anterior que se consideraba «obsoleta e inútil» por sus 65 años de antigüedad, enfureció a los hoteleros al suponer la recopilación de hasta 42 datos del viajero, lo que, en su opinión, provocaba una ralentización en la entrada de un visitante a un hotel. También denunciaron que algunos de los datos requeridos, como el número de tarjeta de crédito, el teléfono móvil, el correo electrónico, la relación de parentesco entre los viajeros o el precio de la estancia, o bien vulneraban algunas normativas comunitarias sobre protección de datos y privacidad o eran imposibles de recabar. La norma también planteaba la cuestión de las agencias de viajes, que solicitaron ser eximidas del registro de viajeros con la condición de que desconocían que la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana, de la que procedía, y que suponía «cargas demasiado pesadas y desproporcionadas. » En el otro lado, Interior argumentó que sólo se iban a recoger 13 datos (dos más que antes de la entrada en vigor del nuevo texto) y que priorizaba, frente a las quejas empresariales, la seguridad de los ciudadanos por los importantes retornos que había proporcionado la plataforma SES Hospedajos (donde las empresas e Interior comparten datos), con 18, 000 órdenes de búsqueda y captura de delincuentes generadas en 2023 y 2024. Sin embargo, las dos industrias más afectadas ya se estaban preparando para batallas legales para defenderse. 298, 500 empresas dadas de alta. Con una provisión renovada para el diálogo, la provisión de recursos para detener el registro podría suspenderse. Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), reconoce su optimismo ante este cambio de postura y la «esperanzadora» primera reunión tras un año de silencio. «Queremos aprovechar este giro para adaptar el registro de viajeros a nuestras posibilidades. Desde el principio dijimos que los hoteleros estábamos dispuestos a recoger todos los datos que figuran en el DNI o en el pasaporte del viajero y remitirlos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como hacemos ahora». La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) ha solicitado a Interior una reunión específica para exponer las razones por las que piden ser eximidos de las obligaciones del nuevo registro. La más relevante, según Mercedes Tejero, gerente de CEAV, es que la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana sólo afecta a las actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, sin que se mencionen como posibles sujetos obligados a las agencias de viajes, touroperadores o intermediarios. «La inclusión de las agencias de viajes en un real decreto vulneraría así el principio de jerarquía normativa», subraya. Desde Interior, sin embargo, matizaron ese giro. Según ellos, «se mantienen conversaciones entre el Ministerio del Interior y los sectores afectados en un ambiente de cordialidad con el fin de facilitar aún más el uso de la plataforma. » Los últimos datos actualizados del SES Hospedajos, a los que ha tenido acceso este periódico, constatan que a 21 de diciembre había 298, 500 empresas dadas de baja en el registro, lo que supone casi 100, 000 compañías más de las que intercambiaban información con Interior hasta el pasado mes de marzo. De esta última cifra, 289, 339 correspondían a alojamientos, 5, 879 a agencias de viajes, 2, 583 a empresas de alquiler de coches y 699 a plataformas digitales. Además del número de datos personales que debe facilitar el viajero, la otra gran incógnita en el desarrollo de la orden ministerial se refiere a las sanciones que se impondrán a las empresas que no cumplan con los requisitos establecidos en el registro de viajeros. Desde Tourism & amp, Law, empresa del Grupo Atlantis que asesora a una parte importante de las compañías afectadas, confirmaron en mayo que el Ministerio del Interior había iniciado la apertura de procedimientos penales contra las empresas por no registrar a los pasajeros, sin desvelar el sector al que pertenecían las compañías afectadas. En el Ejecutivo, sin embargo, afirmaron que se trataba de incumplimientos anteriores a la entrada en vigor del nuevo reglamento. El código de registro, si no es modificado por la orden ministerial, sólo contempla las infracciones leves de las irregularidades o deficiencias en la elaboración de los registros exigidos por este Real Decreto y la realización de las comunicaciones requeridas fuera del plazo prescrito, con multas que van de 100 a 600 euros. También prevé infracciones graves, como la falta de los registros documentales previstos en este Real Decreto y la omisión de las comunicaciones obligatorias, con sanciones que oscilan entre los 601 y los 30, 000 euros. En cualquier caso, desde Interior advierten de que el nuevo registro no tiene ningún interés recaudatorio.
