Una jornada laboral de 8 horas de lunes a domingo, que podía extenderse hasta 13 horas durante los fines de semana o en días específicos, sin derecho a días libres ni vacaciones, por un salario de 700 euros al mes. Estas son las circunstancias en las que durante cerca de dos años, una pareja de inmigrantes, sin un contrato laboral y sin permiso de residencia, trabajó en España. Los jefes de dos establecimientos de hostelería en Benicarló (Castellón) han sido recientemente declarados culpables de explotación laboral. La Audiencia Provincial, en una sentencia divulgada este jueves, señala que se aprovechó de la «necesidad» de las víctimas, una mujer y su pareja, quienes no habían podido regularizar su estatus legal.
El fallo indica que los empresarios abusaron de la «urgencia» de una pareja de inmigrantes al ofrecerles la promesa de legalizar su situación.
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ESCLAVITUD LABORAL. La decisión judicial indica que los empresarios explotaron la «necesidad» de una pareja de inmigrantes al ofrecerles la posibilidad de regularizar su estatus. La Audiencia Provincial de Castellón, en una fotografía de archivo. Cadena Ser. Una jornada laboral de 8 horas de lunes a domingo, que podía extenderse hasta 13 horas durante los fines de semana o en días específicos, sin derecho a días libres ni vacaciones, por un salario de 700 euros al mes. Estas son las circunstancias en las que durante cerca de dos años, una pareja de inmigrantes, sin un contrato laboral y sin permiso de residencia, trabajó en España. Los jefes de dos establecimientos de hostelería en Benicarló (Castellón) han sido recientemente declarados culpables de explotación laboral. La Audiencia Provincial, en una sentencia publicada este jueves, señala que los acusados se aprovecharon de la «necesidad» de las víctimas, una mujer y su pareja, quienes no lograron regularizar su situación legal. El tribunal impuso a los dos dueños de un restaurante y un salón de té en Benicarló, donde las víctimas fueron empleadas, penas de seis meses de prisión y multas de 38,153 euros por un delito contra los derechos laborales.