El desarrollo rural necesita proyectos que reactivan la economía de nuestros pueblos, incluidos los eólicos, que además contribuyen a la transformación del modelo energético. Sin embargo, la realidad del sector eólico presenta un panorama crítico de parálisis administrativa. Seguir leyendo
El despliegue está muy por debajo de los objetivos del PNIEC, a pesar del interés inversor y de la capacidad industrial existente
Noticias de MRSS-S
El desarrollo rural necesita proyectos que reactivan la economía de nuestros pueblos, incluidos los eólicos, que además contribuyen a la transformación del modelo energético. Sin embargo, la realidad del sector eólico muestra un panorama crítico de parálisis administrativa. En los primeros cinco años, solo se han utilizado 4 927 MW de los 34 750 megavatios (MW) de energía eólica que el PNIEC preveía instalar en la década 2021-2030, lo que supone un modesto 14 % del objetivo. Este retraso no se debe a la falta de interés inversor ni a la falta de capacidad industrial, sino más bien a un conjunto de barreras administrativas, legales y fiscales. Los parques eólicos construidos en 2025 tuvieron que soportar procesos de tramitación y construcción que se prolongaron durante cinco años. Además, existe una situación jurídica asfixiante derivada de miles de recursos de suspensión, a menudo impulsados por plantillas de «copiar y pegar» en plataformas que se oponen a cualquier tipo de proyecto, requisitos medioambientales que desbordan la normativa europea y una presión fiscal que se incrementa ejercicio tras ejercicio. En la actualidad hay proyectos eólicos que acumulan más de tres años de retraso debido a la lentitud en la resolución de los recursos que los tienen paralizados. El balance del estancamiento. La brecha entre los objetivos fijados y la realidad conlleva una pérdida de oportunidades para la sostenibilidad del entorno rural. La inversión directa habría alcanzado los 15 000 millones de euros, inyectados de forma prioritaria en las provincias más desfavorecidas, si se hubieran instalado 10 000 MW adicionales en esta zona (alcanzando el 43 % del objetivo para 2030). Esta parálisis ha tenido una influencia significativa en el sector eólico nacional. Se ha dejado de fabricar e instalar entre 1 500 y 2 000 aerogeneradores españoles, lo que ha reducido el número de puestos de trabajo en nuestras fábricas y ha privado a la zona de decenas de miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Además, se han frustrado más de 300 acuerdos socioeconómicos entre las empresas promotoras y los ayuntamientos, acuerdos que habrían proporcionado un flujo financiero constante durante los más de 30 años de vida útil de las instalaciones. Esta falta de dinamismo económico castiga especialmente a las zonas del norte de la Península, afectadas por la reconversión industrial y el cierre de las cuencas mineras tradicionales y las centrales térmicas. En estos entornos, el desarrollo eólico representa prácticamente el único motor sustitutivo para la reindustrialización y la generación de ingresos locales. Sin estas infraestructuras, el impulso económico del territorio se paraliza y la competitividad de la industria con alto consumo de electricidad se ve comprometida ante el aumento de los costes energéticos, lo que pone en peligro el empleo de miles de familias. El caso gallego. El impacto de la parálisis judicial ha sido especialmente intenso en Galicia, donde el bloqueo de unos 2 500 MW de energía eólica solo ha comenzado a revertirse gradualmente tras los dictámenes favorables del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Teniendo en cuenta la congelación de 2 000 MW (500 MW al año) entre 2023 y 2026 y una pérdida de generación eléctrica de 14 teravatios-hora (TWh), las consecuencias socioeconómicas son devastadoras. A nivel estatal, el Estado ha tenido que asumir un coste de 1 243 millones de euros en importaciones inevitables de combustibles fósiles y en la compra de derechos de emisión, además de perder 588 millones de euros en IVA no recaudado. A nivel autonómico, la economía gallega ha dejado de recibir 2. 8 mil millones de dólares en inversiones y ha perdido la oportunidad de crear 5. 700 puestos de trabajo. Su tejido industrial también se ha visto privado de 14 TWh de energía limpia a un precio competitivo. A nivel local, los municipios han dejado de recaudar 142 millones en impuestos municipales (ICIO, Bices e IAE), tasas y alquileres. Cada aerogenerador de 5 MW bloqueado ha supuesto una pérdida de 4, 57 millones para las arcas públicas y la economía nacional, más de 6 millones en inversiones no realizadas en la comunidad autónoma, 13, 5 puestos de trabajo no creados y 330 000 euros menos para los presupuestos de los municipios que los acogen. Un cambio de rumbo indispensable. La conclusión que se desprende de estos datos es inequívoca: no puede haber un progreso ambientalmente responsable ni socialmente equitativo sin la inversión que lo financie. Sin la construcción de parques eólicos, el proceso de cambio carece de base económica y condena al medio rural al estancamiento y a la despoblación. Para corregir esta deriva, es urgente que las administraciones públicas cumplan los plazos de tramitación exigidos por la Directiva europea sobre energías renovables (fijados en un máximo de un año), adapten las condiciones medioambientales a la legislación comunitaria y garanticen un marco de seguridad jurídica que impida que el bloqueo sistemático frene la recuperación económica y la cohesión territorial de la España rural. Heikki Willstedt es director de Política Energética y Cambio Climático de la Asociación Empresarial Eólica (ESA).
