El caso Urbas aún no está totalmente cerrado. La Fiscalía Anticorrupción, que acusó a la cúpula de la empresa de delitos societarios y contra el mercado por la ampliación de capital de 2015, valorada en 384 millones de euros, sostiene que esta operación fue una estafa a los inversores que participaron en ella. Fuentes del Ministerio Público afirman a este diario que tiene intención de recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional del pasado 20 de abril y que absolvió a todos los acusados. Seguir leyendo.
La Audiencia Nacional no vio la tesis de que los activos inmobiliarios aportados para la operación estaban «sobrevalorados»
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El caso Urbas aún no está cerrado del todo. La Fiscalía Anticorrupción, que acusó a la cúpula de la empresa de delitos societarios y contra el mercado por la ampliación de capital de 2015, valorada en 384 millones de euros, mantiene que esta operación fue una estafa a los inversores que participaron en ella. Fuentes del Ministerio Público afirman a este diario que tiene intención de recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional del pasado 20 de abril y que absolvió a todos los acusados. Según las fuentes consultadas, la Fiscalía está analizando en estos momentos con detalle los argumentos esgrimidos por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en 266 folios para impugnar la conclusión del tribunal. Los magistrados concluyeron que ni el actual presidente de Urbas, Juan Antonio Acedo, ni su antecesor Juan Antonio Ibáñez -para quien solicitó ocho años y tres meses y ocho años de prisión respectivamente-, así como otras 12 personas no tenían responsabilidad penal en la ampliación de capital. El consejo de administración de la inmobiliaria decidió en 2015 realizar una ampliación de capital para dar un balón de oxígeno a la empresa, que arrastraba un patrimonio neto negativo de unos 48 millones de euros por las pérdidas acumuladas de la crisis del ladrillo. En concreto, la ampliación se cuantificó por un número de edificios cuya valoración conjunta representaba el importe de la operación se había integrado, en los que se había integrado un número de edificios cuya valoración conjunta representaba el importe de la operación. La acusación pública sostiene que «pese a la necesidad vital de liquidez de Urbas», no hubo capital en esta ampliación, ya que los inmuebles aportados estaban «extremadamente sobrevalorados», En esta línea indicó que las valoraciones «eran irracionales y ajenas a la realidad» no sólo de las fincas y sociedades aportadas, sino de la situación económica general y del sector inmobiliario en particular. Sin embargo, el tribunal no comparte este criterio, sino que entiende que el perjuicio que se pudo causar a los inversores no estuvo directamente relacionado con ese hecho]la operación de capital], sino con la prohibición de la negociación de las acciones en el mercado, que impidió su lógico desarrollo. «A raíz de la investigación judicial de septiembre de 2017, tras la admisión a trámite de una querella de Anticorrupción, que un año antes había iniciado investigaciones tras recibir una alerta de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendió cautelarmente la cotización de Urbas antes de la ampliación de capital para requerir información a la compañía y comprobar la veracidad de los datos lanzados al mercado. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal subraya en su sentencia que la empresa no engañó a los inversores porque era público que la compañía estaba entonces en proceso de disolución y que el principal objetivo de la ampliación de capital era que» pudiera sobrevivir». «Los jueces también señalaron que las acusaciones no lograron demostrar durante el juicio que» la participación individualizada «de cada uno de los acusados en el engaño a los posibles inversores. Urbas, que se encuentra en pleno concurso de acreedores desde el pasado mes de enero, acusa la actuación de Anticorrupción de la difícil situación que atraviesa desde la crisis inmobiliaria. Según fuentes de la empresa, las investigaciones judiciales y el hecho de que la Fiscalía pusiera en duda el valor de los activos inmobiliarios dificultaron la obtención de financiación para saldar su deuda histórica. Finalmente, en 2020, la constructora firmó un préstamo de 50 millones de euros, que luego se amplió a 80 millones, con el fondo de capital privado Roundfield Partners y que ahora se ha convertido en uno de los principales rivales en el proceso de reestructuración. La firma de inversión, que realizó una pignoración en Luxemburgo en diciembre de 2024 (fecha de vencimiento del contrato), adjudicó a una filial de Urbas establecida en esa nación y con un perímetro formado principalmente por 1. 800 activos inmobiliarios en España, la construcción potencial de más de 4. 000 viviendas, y 22 promociones, reclama una deuda de 206 millones de euros, al conceder a todo el grupo de activos el valor de cero euros. Hay dos procedimientos judiciales en curso en este asunto en Madrid y Londres. Urbas también tiene una política de puertas abiertas con las empresas Auren y Kepler-Karst, ambas recientemente cofundadoras de la empresa constructora, y que han cuestionado la viabilidad del plan de reestructuración propuesto. La empresa ha solicitado al juez que tramite el concurso de acreedores para separarlos por falta de imparcialidad. La inmobiliaria alega que el despacho de abogados tiene vinculación con el principal acreedor, RS Lender (vinculado al fondo Roundfield), mientras que en el caso del despacho de servicios profesionales señala que realizó valoraciones contradictorias de los mismos activos en apenas tres meses, es decir, en el tiempo transcurrido entre el juicio en la Audiencia Nacional y la presentación del informe de la sucursal.
