¿Estamos preparados para debatir no solo cómo se distribuye la riqueza, sino también quién la acumula? En un mundo en el que la concentración de la riqueza alcanza niveles extraordinarios, estas cuestiones son cada vez más difíciles de ignorar. Según Oxfam, a finales de 2025, los 12 hombres más ricos del mundo acumulaban más riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. No estamos hablando solo de una brecha económica: también estamos hablando de la distribución del poder y de la capacidad de influir en las decisiones que afectan a nuestras vidas. Seguir leyendo
En un mundo en el que la concentración de la riqueza alcanza niveles extraordinarios, resulta cada vez más difícil ignorar el debate sobre cómo se distribuye la riqueza y quién la acumula.
Fuente: MRSS-S News
El 5 de octubre, el senador estadounidense Bernie Sanders celebra una concentración en Los Ángeles para apoyar un impuesto a los millonarios. Mike Blake (REUTERS). ¿Estamos preparados para debatir no solo cómo se distribuye la riqueza, sino también quién la acumula? En un mundo en el que la concentración de la riqueza alcanza niveles extraordinarios, estas cuestiones son cada vez más difíciles de ignorar. Según Oxfam, a finales de 2025, los 12 hombres más ricos del mundo acumularán más riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. También estamos hablando de la distribución del poder y de la capacidad de influir en las decisiones que afectan a nuestras vidas. No solo de una brecha económica. El debate ya está presente en el ámbito académico, con economistas como Gabriel Zucman; en el ámbito filosófico, con pensadores como Ingrid Robeyns; y en la esfera política, en lugares como Francia, España y California. Sin embargo, este debate apenas ha encontrado espacios equivalentes fuera de los círculos académicos y políticos. La ciudadanía sigue teniendo pocas oportunidades de decidir colectivamente cómo se genera, se concentra y se redistribuye la riqueza, a pesar de que sus consecuencias se reflejan en la vida cotidiana. La fiscalidad es también una cuestión de poder. Hablar de impuestos no consiste solo en debatir sobre tipos impositivos, deducciones o recaudación. Se trata también de decidir cómo financiamos los servicios públicos, qué desigualdades consideramos aceptables y qué límites queremos establecer a la acumulación de poder económico. La cuestión climática lo demuestra a la perfección. Un informe de Oxfam publicado en octubre de 2024 estimaba que 50 de los multimillonarios más ricos del mundo generaban, de media, más emisiones de carbono en poco más de una hora y media —a través de sus inversiones, aviones privados y yates— que una persona media a lo largo de toda su vida. La concentración extrema de la riqueza también influye en la configuración del discurso público. Por un lado, la creciente desigualdad económica en Europa contribuye a alimentar los recientes movimientos populistas. Por otro lado, la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en manos de las grandes fortunas les confiere una influencia desproporcionada sobre la opinión pública y los debates políticos. Tres grupos empresariales del Reino Unido concentran aproximadamente el 90 % de la prensa nacional. En Francia, 11 multimillonarios controlaban, a finales de 2023, aproximadamente el 80 % de las ventas de la prensa diaria. La desigualdad, por lo tanto, no se expresa únicamente en la cantidad de dinero que tiene cada persona. También puede reflejarse en quién genera los mayores costes medioambientales, quién tiene mayor capacidad para protegerse de sus consecuencias y quién dispone de los recursos para influir en las políticas destinadas a abordarlas. ¿Una socialdemocracia para quién? Existe una paradoja en el corazón de nuestras sociedades: defendemos la igualdad de oportunidades, la cohesión social y la protección de los más vulnerables, pero a menudo debatimos estas aspiraciones sin prestar la misma atención a cómo se distribuye el poder económico que condiciona su cumplimiento. La socialdemocracia, en sus diversas versiones, ha tratado de conciliar la economía de mercado con la redistribución, los servicios públicos y la protección social. Pero cabe preguntarse hasta dónde puede llegar este proyecto cuando la riqueza y la influencia están extremadamente concentradas, o cuando las normas fiscales son incapaces de adaptarse a una economía globalizada. La igualdad ante la ley pierde parte de su alcance cuando las personas tienen capacidades radicalmente diferentes para influir en las decisiones colectivas. La participación democrática también se ve debilitada cuando los ciudadanos desconocen los mecanismos que determinan quién contribuye, cuánto contribuye y por qué. Por lo tanto, una socialdemocracia necesita algo más que derechos formales: necesita ciudadanos capaces de comprender y debatir las estructuras económicas que condicionan sus oportunidades. Cuando el ciudadano toma la palabra. Pionera, en 2022, la heredera austriaca Marlene Engelhorn planteó una pregunta incómoda: ¿cómo debería redistribuirse una gran fortuna cuando la beneficiaria considera que no debería quedarse con ella? A través de una asamblea ciudadana, Gutter Rat für Rückverteilung (Buen consejo para la redistribución, en español), se promovió un proceso deliberativo en el que los ciudadanos debatieron cómo repartir parte de su patrimonio en beneficio de la sociedad austriaca. La iniciativa abrió un importante debate sobre la legitimidad de la riqueza y la responsabilidad de quienes la heredan. Otro caso de deliberación ciudadana tuvo lugar este verano, durante el Foro Europeo de Alpbach. Jóvenes europeos participaron en un debate sobre la concentración extrema de la riqueza y las posibles medidas para limitarla. Los resultados son llamativos: el 79 % de los participantes se mostró a favor de limitar la concentración extrema de riqueza. Entre los objetivos propuestos, el 87 % apoyó la reducción de la concentración de poder, el 83 % la reducción de la desigualdad y el 74 % la promoción de una fiscalidad justa. Esta experiencia piloto no permite extraer conclusiones generales sobre la opinión pública, pero sí demuestra que, cuando se crean espacios adecuados para informar, deliberar y contrastar perspectivas, los ciudadanos pueden participar en debates complejos sobre la concentración de la riqueza y sus posibles soluciones. El debate fiscal también llega a las urnas. La fiscalidad no es solo una cuestión de cuánto paga cada persona, sino también de cuánto financiamos todos juntos, hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar la desigualdad y quién tiene la autoridad para decidir las reglas del juego. Por eso las elecciones también deberían ser una oportunidad para debatir qué modelo de distribución de la riqueza queremos y qué relaciones de poder estamos dispuestos a mantener. Sin embargo, hay una ausencia que llama la atención: aunque la concentración extrema de la riqueza condiciona cada vez más nuestras economías, nuestras democracias y nuestra capacidad para afrontar retos colectivos, pocos partidos hablan directamente de limitarla. De cara al 29-N, estamos debatiendo cuánto debemos pagar en el IRPF, si se debe reducir el IVA o qué impuestos se deben añadir, modificar o eliminar. Pero se habla mucho menos de las grandes fortunas, de las rentas del capital y del poder que la riqueza puede comprar. Si la concentración extrema de la riqueza es también una cuestión de democracia, ¿no debería la ciudadanía tener más margen para decidir al respecto? Marina Alcázar es investigadora de la Escuela de Economía de París y cofundadora de The Wealth Cap Project
