Gebta, la patronal que agrupa a 19 de las mayores agencias de viajes corporativas de España, entre ellas Travel El Corte Inglés, American Express GBT o Nautalia, ha impugnado ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales la licitación de servicios de agencias de viajes de la Administración General del Estado, por un importe de 604, 8 millones de euros. En un comunicado público emitido este mediodía, el organismo justificó la decisión por «las numerosas y gravísimas infracciones» contenidas en el pliego de condiciones elaborado por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación Pública. Seguir leyendo
La patronal que agrupa a empresas como Travel El Corte Inglés o American Express GBT acusa al Ejecutivo de obligarlas a presentar ofertas a precios que las llevan a registrar
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Gebta, la patronal que agrupa a 19 de las mayores agencias de viajes corporativas de España, entre ellas Travel El Corte Inglés, American Express GBT o Nautalia, ha impugnado ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales el concurso de servicios de agencias de viajes de la Administración General del Estado, por un importe de 604, 8 millones de euros. En un comunicado público emitido este mediodía, el organismo justificó la decisión por «las numerosas y gravísimas infracciones» contenidas en el pliego de condiciones elaborado por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación. Entre las infracciones identificadas, la parte demandante destaca las de carácter económico, «que obligan a las agencias a presentar ofertas a precios que no cubren los costes o que eliminan el margen comercial, lo que supone una violación directa del artículo 102. 3 y del artículo 2 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)». Marcel Forns, director general de Gebta, es un ejemplo de la dificultad para modificar los precios fijados en las condiciones de licitación. En una entrevista con este periódico, señala que «su objetivo es obligar a los organismos contratantes a garantizar la inalterabilidad de los precios, que se rigen por sistemas de fluctuación constante, y la disponibilidad de existencias en tiempo real, bajo la amenaza de graves sanciones». En su opinión, este requisito no solo constituye una arbitrariedad técnica, sino que distorsiona radicalmente la naturaleza onerosa del contrato, «al obligar al contratista a asumir y cubrir, con su propio margen comercial, la diferencia tarifaria causada por la volatilidad inherente al mercado». Argumentos similares a los esgrimidos por el sector hotelero para impugnar el concurso de viajes del Imserso en las últimas convocatorias, ya que el precio por plaza ofrecido (23 euros) se ha mantenido sin cambios, a pesar del periodo hiperinflacionario iniciado con Ucrania en marzo de 2022. Otras irregularidades se refieren al requisito «ilegal» de descuentos lineales en las tarifas aéreas para los residentes de los archipiélagos o al establecimiento de mejoras en el seguro de viaje a coste cero. El recurso presentado por Gebta considera que existe una falta de justificación en la estructura de costes a lo largo de todo el procedimiento de licitación. Menciona claramente la falta de cooperación y competencia del proceso, afirmando: «Se trata de un aspecto muy relevante, ya que es una condición fundamental para la posible participación de organizaciones que aún no gestionan los servicios de la Administración General del Estado». La denuncia de Gebta va más allá de las cuestiones estrictamente económicas y señala irregularidades en otros dos bloques. Por un lado, las prestaciones impuestas en los pliegos de condiciones técnicas, «que son operativamente imposibles, ya sea por las prácticas del mercado del transporte o porque exceden las funciones lógicas de un intermediario turístico». El recurso también señala un tercer bloque que incluye cláusulas que, en su opinión, «infringen la legislación aplicable a la contratación pública en otros sectores, como la protección de datos o la normativa reguladora del mercado de seguros». La citada patronal recuerda que, en el ejercicio anterior, ya se presentó ante el mismo tribunal un recurso similar contra el Acuerdo Marco para participar en los concursos de viajes de las distintas administraciones públicas, sobre el que finalmente no se resolvió al declararse desierta la licitación. Esto impidió que se resolviera el asunto, ya que no hubo ofertas de agencias de viajes, según Forns. Gebta acusa a la Administración General del Estado de ignorar a las agencias de viajes en el proceso de elaboración de los documentos, tal y como ocurrió 12 meses antes con el acuerdo marco. «En ningún momento la entidad adjudicadora hizo uso de la facultad que le confiere el artículo 115 de la LCSP, definida como consultas preliminares al mercado». La decisión de ignorar a las agencias de viajes en la redacción de los documentos no solo supone un nuevo recurso, según Gebta, «sino que también conlleva costes económicos derivados de la impugnación y, en última instancia, de la suspensión del proceso, circunstancias que podrían haberse evitado si la Administración hubiera optado por mantener un diálogo constructivo con el sector».
