Las estadísticas de incapacidad temporal de la Seguridad Social marcaron en 2025 un nuevo récord de bajas laborales en España. Los datos, aún provisionales, difundidos recientemente por el Ministerio de Elma Saiz, muestran que la prevalencia media de la incapacidad temporal por contingencias comunes]las que no tienen origen profesional] es ya del 53. 7 procesos por cada 1. 000 asalariados, lo que supone un salto desde los 51. 1 que marcaba la misma variable en 2024. Así pues, existe una tendencia creciente que preocupa a sindicatos, empresarios y administraciones públicas. Sin embargo, por el momento, esta preocupación apenas se traduce en acciones para abordar un problema que costó a los monederos públicos 18. 400 millones de euros el año pasado. Las medidas ya acordadas (una mayor participación de las mutuas en las bajas musculoesqueléticas) no terminan de despegar y otras nuevas no alcanzan el consenso suficiente en el diálogo social. Seguir leyendo
La Seguridad Social busca un acuerdo para abordar el problema con sindicatos y empresarios, que discrepan sobre las causas del aumento de la incapacidad temporal
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Las estadísticas de incapacidad temporal de la Seguridad Social marcaron en 2025 un nuevo récord de destrucción de empleo en España. Los datos, aún provisionales, difundidos recientemente por el Ministerio de Elma Saiz, muestran que la prevalencia media de la incapacidad temporal por contingencias comunes]las que no tienen origen profesional] es ya del 53. 7 procesos por cada 1. 000 asalariados, lo que supone un salto desde los 51. 1 que marcaba la misma variable en 2024. Así pues, existe una tendencia creciente que afecta a las administraciones públicas, los empresarios y los sindicatos. Pero esta preocupación, de momento, apenas se traduce en medidas para atajar un problema que costó 18 euros a las arcas públicas. 4. 000 millones de euros el año pasado. Las medidas ya acordadas (una mayor participación de las mutuas en las bajas musculoesqueléticas) no terminan de cuajar y otras nuevas no alcanzan el consenso suficiente en el diálogo social. Según datos de la Seguridad Social, las bajas laborales en España no han dejado de aumentar desde 2012, incrementándose. La prevalencia media entre los trabajadores por cuenta ajena fue del 19. 1 casos por cada 1, 000 empleados, en plena Gran Recesión. Es el suelo de la serie histórica, que comienza en 2007. Desde entonces hasta 2012, mientras la economía española se desplomaba por el pinchazo de la burbuja del ladrillo, las bajas cayeron. Empezaron a recomponerse en 2013, poco a poco, hasta marcar 35. 7 en 2020, el año de la pandemia. Desde entonces la variable se ha disparado, con saltos muy importantes en el último lustro, hasta 53. 7 procesos por cada 1. 000 empleados en el último registro. Maria del Mar Crespí, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat de les Illes Balears y autora de la tesis doctoral Incapacidad temporal y absentismo laboral: prevención, control y retorno al trabajo, cree que se trata de un problema «multifactorial», que se debe a varias razones. En esto coinciden sindicatos, empresarios y el propio Gobierno. La diferencia en la postura de cada uno está en qué peso se da a cada motivo en el análisis del problema y, en consecuencia, en las soluciones propuestas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) publicó en febrero un completo estudio en el que se identificaban los cinco factores más determinantes. Éstos son la «falta de vigilancia y seguimiento de los procesos» (la comunidad autónoma no está de acuerdo con el sistema sanitario, pero el coste está en la Seguridad Social), los desarrollos normativos «más garantistas» y la «mejora de los convenios colectivos» (para que tenga un menor impacto económico en el trabajador estar de baja), el «ciclo económico expansivo» (más miedo a perder el empleo, más habitual es trabajar enfermo), el «aumento de la demanda de atención primaria», y el «incremento de las listas de espera». Este último aspecto es el más destacado por los sindicatos, muy críticos con el informe de la Airef. En un comunicado conjunto, CC OO y UGT afirman que las «causas estrictamente relacionadas con la salud de las personas trabajadoras» son la principal explicación del aumento de la incapacidad temporal (IT) y, por ello, señalan que la forma más eficaz de reducir el problema de las bajas sería reforzar los sistemas sanitarios. Crespí coincide en la importancia de este factor: «Está claro que mejorando el tratamiento sanitario de los trabajadores mejorarían las estadísticas de incapacidad temporal». Los últimos datos de listas de espera mejoran ligeramente respecto al año anterior, pero siguen siendo pesimistas en comparación con el resto de la serie histórica: 846, 600 personas esperaban atención médica en diciembre de 2024, con un tiempo medio de espera de 126 días. Los sindicatos también denuncian que hay patologías derivadas de la pandemia que influyen en este fenómeno. La tardía respuesta de la sanidad pública es un fallo que alarga innecesariamente las esperas, según los especialistas, lo que también incide en la importancia del aumento de las dolencias de salud mental. El informe de la Airef subraya que ésta es la principal causa del aumento de las bajas entre los trabajadores jóvenes, hasta el punto de que éstos registran una mayor incidencia de pérdidas de empleo que los veteranos, aunque estos últimos tienen procesos mucho más largos y costosos para la Seguridad Social, tal y como exige un reciente informe de CC OO. La Airef también detalla que la IT de 25 a 35 años ha crecido un 67% de 2017 a 2024, frente al 43% que ha aumentado entre los trabajadores de 55 a 65 años. Los sindicatos también insisten en que el envejecimiento de la población activa es clave. «Claro que afecta, es inevitable. A más edad, más enfermedades y más duración de las bajas. El envejecimiento estructural es una de las principales explicaciones del aumento de la IT», insiste Crespí en la misma línea. El 36% de los españoles tiene más de 50 años, frente al 19% de principios de siglo. La profesora universitaria, al igual que la Airef, también destaca la relación del ciclo económico positivo con el aumento de las bajas y la extensión de los convenios en los que el trabajador no pierde sueldo cuando está incapacitado. La patronal insiste reiteradamente en el agujero en la competitividad de las empresas que supone el aumento de las bajas. Reclama soluciones, e incluso las ha condicionado a diversas negociaciones con el Gobierno. Es habitual que voces empresariales apunten a un posible fraude cometido por los empleados, hablando incluso de «recortes», como hizo hace un año el vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor. Esta línea discursiva irrita a los sindicatos: creen que estos fraudes son anecdóticos y que se utilizan para negar derechos a todos los empleados. La Seguridad Social está en negociaciones con sindicatos y patronal para mejorar los datos, pero las posturas están lejos. Los sindicatos se enfadaron mucho después de que Elma Saiz planteara la posibilidad de bajas «flexibles», que permitirían flexibilizar la situación de los trabajadores, y el ministerio enmendó rápidamente esa línea. Antes, el mismo departamento acordó con los agentes sociales articular un mayor protagonismo de las mutuas en el tratamiento de las bajas traumatológicas, pero esto depende de convenios con los servicios de salud de las comunidades autónomas y apenas se han puesto en marcha. Fuentes de la Seguridad Social subrayan que el fenómeno no afecta sólo a España, que también hay un aumento de las bajas en otras economías envejecidas, e insisten en que están tratando de articular soluciones y que esperan llegar pronto a un entendimiento con sindicatos y patronal, pese a la dificultad de los últimos años para lograr esos acuerdos. El gasto público en incapacidad temporal es la segunda partida más importante de la Seguridad Social, 18 euros. 4. 000 millones de euros en 2025, sólo por detrás de las pensiones. El departamento de Saiz señala que el incremento en el último año respecto al anterior ha sido moderado: de 2023 a 2024 creció un 17% y de 2024 a 2025 un 12%. El aumento de las bajas entre los asalariados es una tendencia algo diferente a la de los autónomos. Por segundo año consecutivo, la prevalencia media de las contingencias comunes en este colectivo se contrae ligeramente. Tras un máximo de 40. 8 por 1, 000 autónomos en 2023, en 2024 el dato fue de 39. 8 y en 2025 de 38. 9. Las estadísticas muestran sistemáticamente que los autónomos, que pierden más ingresos que los asalariados, tienen menos procesos de incapacidad temporal. Las bajas de estas personas duran una media de 105 días, mucho más que las de los asalariados (39 días), ya que los primeros suelen parar sólo por enfermedades más graves. El número de bajas laborales también vuelve a descender, según los datos de la Seguridad Social de 2025. La prevalencia media es de 4. 04 por cada 1, 000 ocupados a 3. 87. Se trata de una contracción leve pero sostenida desde 2022, cuando se alcanzó un máximo de 4. 62. Los sindicatos afirman que en España es habitual infravalorar el origen profesional de muchas dolencias. Estas bajas laborales duran una media de 47 días, un día menos que en 2024. Sin embargo, la cifra es muy superior a la registrada hace una década (36 días) e incluso a la de hace 20 años (28). Los datos anteriores están desagregados por tipo de contingencia y trabajador, así expuestos para dar una serie histórica más amplia, ya que los registros de principios de siglo sólo se publicaban por tipología y de otra forma la comparación no sería coherente. Entonces no había cifras globales, pero ahora sí: la prevalencia media por cada 1. 000 ocupados (ya fueran asalariados o autónomos, tanto por contingencias comunes como profesionales) era de 55. 1 procesos de baja en España en 2025, frente a 53. 2 que ya se registraban en 2025. Las comunidades autónomas que más se alejan de esta media de 55. 1 para toda España son, con menos bajas laborales, Baleares (47. 3 procesos por cada 1, 000 ocupados), La Rioja (46. 9) y la Comunidad de Madrid (44. 7). Los registros más altos se dan en Galicia (74. 7), Canarias (73. 7) y Cantabria (67. 5).
