<p>El <strong>Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos</strong> ha organizado esta mañana en su sede de Madrid una jornada de ponencias sobre la <strong>DANA </strong>del 29 de octubre de 2024. Las sesiones han estado enfocada en las «causas, cosecuencias y soluciones» de la emergencia hidrológica que dejó 222 muertes en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha y que causará un gasto de 2.600 millones de euros sólo en la reconstrucción de las infraestructuras destruidas y en la gestión de los residuos. Los miembros de la demarcación valenciana del Colegio de Caminos han sido los protagonistas de la mañana, aunque su mensaje quedó resumido en <strong>una declaración institucional </strong>que leyó el presidente del Colegio, Miguel Ángel Carrillo Suárez.</p>
El Colegio de Caminos, Canales y Puertos reclama un pacto nacional del agua, reprocha a los partidos que sólo les interese culparse del desastre y llama a la sociedad a «no engañarse» sobre prevención
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha organizado esta mañana en su sede de Madrid una jornada de ponencias sobre la DANA del 29 de octubre de 2024. Las sesiones han estado enfocada en las «causas, consecuencias y soluciones» de la emergencia hidrológica que dejó 222 muertes en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha y que causará un gasto de 2.600 millones de euros sólo en la reconstrucción de las infraestructuras destruidas y en la gestión de los residuos. Los miembros de la demarcación valenciana del Colegio de Caminos han sido los protagonistas de la mañana, aunque su mensaje quedó resumido en una declaración institucional que leyó el presidente del Colegio, Miguel Ángel Carrillo Suárez.
Su discurso fue duro: «Lamentamos profundamente que no se hayan atendido las recomendaciones técnicas que venimos realizando sobre la construcción de las infraestructuras hidráulicas que se necesitan, de su mantenimiento, así como de la limpieza de los cauces, que hubieran reducido las consecuencias de esta DANA. […] Es desalentador y muy difícil de comprender que, un mes después de la tragedia, los principales partios polítcos solamente estén de acuerdo en criticarse mutuamente».
«Las consecuencias humanas y materiales de esta trágica DANA podrían haberse reducido si se hubieran construido las infraestructuras hidráulicas que estaban proyectadas«, dijo Carrillo. «La sociedad no debe llevarse a engaño ante las riadas. Si un cauce, barranco o rambla tiene la capacidad de desaguar un caudal máximo determinado, la única manera de evitar inundaciones ante una gran riada es construir infraestructuras como canales alternativos, presas y azudes para laminarla. Es decir, para que a ese cauce le llegue menos agua de manera instantáea».
Los ingenieros de caminos han recordado que la información sobre los peores escenarios posibles en la provincia de Valencia existe desde mucho antes de la DANA de octubre y que también se sabe desde hace años qué infraestructuras nuevas podrían minimizar el impacto de una riada así, por muy extraordinaria que haya sido. Si esas infraestructuras no existen es porque el Estado no ha priorizado su construcción. Carrillo recordó que hay un plan de obras planificado para la Cuenca del Júcar y presupuestada en 3.170 millones de euros y que el conjunto de las cuencas mediterráneas requieren que el Estado (responsable de las conferencias hidrográficas) gaste 5.000 millones de euros. «El agua no tiene ideología y su gestión tampoco debe tenerla«, dijo Carrillo, que reclamó un pacto nacional del agua que esté por encima de los intereses localistas y partidistas.
La declaración de los ingenieros merece alguna explicación. Cuando Carrillo dice que «la sociedad no debe llevarse a engaño ante las riadas», se refiere al enfoque medioambientalista, que disuade de la construcción de grandes obras de ingeniería y sostiene que medidas orgánicas como la reforestación de cauces y la previsión de llanuras inundables es más efectiva para la prevención de desastres como el de Valencia. Esa dirección política fue avalada por la Directiva Marco del Agua de la UE (2007) y ha guiado la mayoría de las actuaciones recientes del Gobierno de España. Muchas de las ponencias que siguieron a la declaración oficial de Carrillo se refirieron a esa dirección política para cuestionar sus efectos. Así, Carmen de Andrés, presidenta del comité técnico de agua, energía y cambio climático del Colegio, lamentó que ese criterio no tenga en cuenta las particularidades del litoral mediterráneo en España, marcado por los cauces cortos y abruptos, a menudo secos y a veces desbordados. De Andrés llamó a terminar con «esa mentalidad que cuestiona cualquier alternativa hidráulica verdaderamente eficaz». Después, Félix Francés, catedrático de la Politécnica de Valencia, recordó que la directiva europea identifica como su objetivo «reducir las consecuencias negativas, no plantar árboles».
Las medidas medioambientalistas aparecieron nombradas en la jornada del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, como medidas no estructurales, valiosas pero complementarias para las infraestructuras «que son las que salvan vidas«. Los ingenieros presentaron un documento que enumera 42 actuaciones concretas cuya demora sería «incomprensible», después del desastre de octubre. En la lista aparecen encauzamientos de barrancos, reforestación de cauces, construcción y reparación de embalses, ampliaciones en infraestructuras de desagüe, dragados selectivos de lagos, rediseño de vías férreas y autopistas que crean embudos al cruzarse con los cauces, mejoras en las estaciones depuradoras… Nombres ya célebres como los de las presas del Marquesado, Buseo, Montesa, Sellent, Villamarchante y Cheste son protagonistas en el documento. Otras infraestucturas como el del Plan Sur, la canalización del Turia, que salvó el centro de Valencia de la inundación, y el Embalse de Forata, que redujo en un 50% la presión sobre el cauce del río Magro, aparecieron nombrados como ejemplos de infraestructuras benéficas.
Junto esas actuaciones de ingeniería, el colegio de Caminos han reclamado que un Real Decreto que actualmente prepara el Gobierno obligue a que todos los organismos competentes en materia hidráulica tengan que contar con un ingeniero de caminos como único técnico cualificado para guíar las decisiones políticas. Los ingenieros justificaron su propuesta en los hechos del 29 de octubre: en la DANA de Valencia, los sensores funcionaron y la información circuló, pero faltaron los profesionales cualificados que supieran entender los datos y tomar con ellos las decisiones adecuadas. Muchos de los muertos en aquella jornada negra quedaron atrapados cuando intentaban llevar sus coches a alguna zona elevada, a salvo de lo que pensaban que iba a ser una riada pequeña, más o menos rutinaria. Ni siquiera la población tenía una idea clara de cómo debe comportarse en caso de alarma y esa es otra parte del desastre.
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