La Asociación de Supermercados de la Comunidad Valenciana (Asucova) y la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicio y Supermercados (Asedas), el principal empleador nacional, estiman que 88 establecimientos han sido afectados, lo que representa casi el 40% de los 226 asociados a estas organizaciones. De los 88, hasta 39 informaron la pérdida total de sus equipos, con daños estimados en alrededor de 95 millones de euros. Lecturas adicionales
Los empresarios Asucova y Asedas solicitan que el apoyo financiero a través de donaciones sea excluido del IRPF.
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La Asociación de Supermercados de la Comunitat Valenciana (Asucova) y la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), la principal patronal a nivel nacional, cifran los efectos de la dana en un total de 88 establecimientos afectados, casi el 40% de los 226 vinculados a empresas de estas asociaciones. De esos 88, hasta 39 registraron la pérdida total de sus equipamientos, con daños estimados en unos 95 millones de euros.
Así lo recoge una declaración que ambas organizaciones han enviado a Gobierno y a las autoridades autonómicas, en la que también recogen varias medidas para la recuperación de las zonas afectadas por el temporal que el 29 de octubre azotó a la provincia de Valencia. Entre otras cuestiones, proponen que las ayudas económicas en forma de donación realizadas por las empresas o por los trabajadores a otros empleados afectados por la dana no solo estén exentas del impuesto de donaciones, sino también del IRPF.
El documento hace un llamamiento para que las administraciones del Estado insistan en las medidas de atención “preferente y urgente” a los damnificados, incluyendo al comercio especializado. “Necesitamos al pequeño comercio, con el que compartimos las calles y las plazas de las ciudades, los pueblos y los barrios afectados”, afirman el documento.
Este incluye un “compromiso para la acción” por parte de las empresas de Asucova y Asedas: “Nos sentimos unidos a todos los afectados y comprometidos a aliviar su dolor en todo lo que esté en nuestra mano”. Por ello, todas las empresas han puesto en marcha planes de ayuda económica destinadas a sus numerosos trabajadores afectados.
Sin embargo, aseguran que se están enfrentando a una “grave inseguridad jurídica” ya que, hasta el momento, “no se ha aclarado por parte del Ministerio de Hacienda el régimen fiscal que va a ser de aplicación a las ayudas económicas o donaciones realizadas por las empresas a sus trabajadores o por los propios trabajadores a compañeros afectados”.
En este marco, las empresas defienden que “nuestros empresarios y trabajadores dieron un ejemplo de responsabilidad, profesionalidad y entrega” y expresan su “rechazo” hacia “ciertas críticas recibidas” que muestran “un profundo desconocimiento hacia nuestro sector, sus empresas, sus empresarios y sus trabajadores, y muestran una inquietante falta de empatía y sensibilidad hacia su labor social”.
Las empresas piden que se empiece a trabajar “cuanto antes” en un protocolo de actuación ante situaciones de crisis provocadas por catástrofes, con líneas de acción “claras, seguras y fiables sobre cómo actuar ante cada amenaza”. Este debería incluir, también, un liderazgo en la comunicación que evite episodios de compras de acopio, que son “innecesarias, ineficientes e insolidarias”, así como “la difusión de bulos y la utilización de la información con fines diferentes al servicio público”.