La decisión de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) de obligar a Renfe a abrir sus talleres a Iryo y Ouigo y de permitir que estas dos empresas extranjeras «parasiten» la infraestructura industrial que ha construido la empresa española ha sido criticada por el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Carlos Puente. Seguir leyendo
Considera que Flixbus quiere «hacer trampa» al intentar transportar a viajeros nacionales en sus rutas internacionales
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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha criticado la decisión de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) de obligar a Renfe a abrir sus talleres a Iryo y Ouigo y de permitir que estas dos empresas extranjeras «parasiten» la infraestructura industrial que ha construido la firma española. En una entrevista concedida a Europa Press, el ministro calificó de «inaceptable» que el regulador obligue a Renfe a ceder su infraestructura a sus competidores: «Cuando a los liberales se les aplica un plan liberal, deben asumir todas las consecuencias», afirmó en referencia a la defensa que hace la CNMC de la entrada de la competencia en la alta velocidad. «¿Tienes infraestructura para mantener tus trenes en España? Si no la tienes, hay dos opciones: invertir y crear tu propia infraestructura o llevarte los trenes a tu país, tal y como hace Renfe con los trenes que llegan desde Francia, que los traen a España para mantenerlos. Lo que no puedes pretender es que sea tu competidor quien se encargue de mantener tus trenes», argumentó. Bridge también ha señalado que Renfe ya se está preparando jurídicamente para llevar esta decisión a los tribunales. «Renfe realiza inversiones muy importantes en materia industrial pensando en su infraestructura y en sus trenes, no para mantener también los de la competencia», ha señalado. Además, el ministro calificó el proceso de liberalización del ferrocarril de «engañoso e irreal», ya que en él participan tres empresas que cotizan en bolsa: Ouigo, perteneciente a la empresa estatal francesa SNCF, e Iryo, perteneciente a la italiana Trenitaliana, ambas rentables a pesar de los recursos financieros de los tres Estados. «La liberalización tiene dos ventajas claras: la reducción de precios y el aumento de la oferta, pero a partir de ahí todo es un problema. Hemos pasado de una empresa que ganaba 150 millones al año a tres que pierden 230 millones porque el mercado no permite precios tan bajos. «Antes nos proporcionaba un colchón económico para financiar los servicios públicos deficitarios, pero ahora el dinero procede realmente de los impuestos», prosiguió. _ Algo similar ocurre en el sector de los autobuses, donde la CNMC recomienda abrir a la competencia las rutas de más de 100 km, que son las más rentables, y dejar el resto, normalmente las deficitarias, en manos del Estado. El ministro ha señalado que la realidad de España es diferente a la de otros países, con 8 000 municipios y sin un servicio ferroviario cercano que los conecte a todos, lo que hace que el autobús de servicio público sea vital para conectarlos. «Cohesionar un país mediante el transporte en autobús requiere, en muchas ocasiones, prestar servicios que son deficientes. Esta liberalización no lo conseguirá, añadió, y podríamos provocar que muchos municipios rurales se quedaran sin servicio de autobús, además de que los precios se desplomen durante las vacaciones, algo que no ocurre con el sistema de concesiones que tiene actualmente España. «FLIXBUS QUERÍA DISTORSIONAR EL MODELO». En este sentido, la empresa alemana Flixbus lleva años solicitando la entrada de la competencia en las líneas de autobús o, si no se liberalizan, poder realizar cabotaje, es decir, transportar pasajeros de una ciudad española a otra en sus rutas internacionales, lo que actualmente no está permitido. Para Óscar Puente, esto es una «trampa», ya que el servicio entre localidades españolas ya lo presta una única empresa en virtud de un acuerdo con el Estado. Si Flixbus explota su ruta internacional para viajar entre dos ciudades españolas, estaría infringiendo la normativa que impone la otra empresa concesionaria. «Vender la idea de que se hace una ruta de Lisboa a un pueblo alemán perdido del que casi nadie sabe dónde está y que, aprovechando eso, se haga la ruta Madrid-Zaragoza es hacer trampa y distorsionar el modelo de nuestro país, que busca garantizar la cohesión territorial», ha justificado. Pide una LEGISLACIÓN GLOBAL en los puertos. En cuanto a los puertos, el ministro ha señalado que el Gobierno está trabajando con la Organización Marítima Internacional (OMI) para establecer un marco único de requisitos medioambientales en todos los puertos del mundo, un acuerdo que estaba a punto de firmarse pero que la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó «en el aire». Dado el potencial mundial del transporte marítimo, España tiene interés en que este acuerdo siga adelante, ya que parte de su tráfico se está desviando hacia países fuera de la Unión Europea donde resulta más barato realizar el transporte, al no existir en esos puertos un impuesto adicional por contaminación. «Si existen las mismas normas en todas partes del mundo, si se cobran derechos de emisión de gases contaminantes en todos los puertos del mundo, esto ya no será un problema europeo, sino que se convertirá en un marco operativo global», concluyó.
