El sector eléctrico mundial está experimentando una transición estructural hacia la descarbonización y la descentralización de la energía. En este escenario, el autoconsumo fotovoltaico ha dejado de ser una promesa para consolidarse como pilar fundamental del sistema. Gracias a la maduración de la tecnología solar y al constante abaratamiento de los costes, hoy hogares y empresas pueden generar gran parte de su propia energía limpia. Seguir leyendo
Si de lo que se trata es de la desigualdad en el acceso al autoconsumo, la respuesta no son impuestos distorsionadores, sino un sistema fiscal progresivo y un gasto público bien orientado.
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El sector eléctrico mundial está experimentando una transición estructural hacia la descarbonización y la descentralización de la energía. En este escenario, el autoconsumo fotovoltaico ha dejado de ser una promesa para consolidarse como un pilar fundamental del sistema. Gracias a la maduración de la tecnología solar y al constante abaratamiento de los costes, hoy hogares y empresas pueden generar gran parte de su propia energía limpia. A pesar de los indudables beneficios que aporta a la sociedad, esta semana se ha vuelto a proponer gravar el autoconsumo, bajo la premisa de que no aporta lo suficiente al sistema. Lo que puede parecer un análisis certero en su punto de partida corre el riesgo de desembocar en propuestas equivocadas, que eleven los costes por encima de los beneficios deseados. La teoría económica nos dice que una imposición al autoconsumo sería negativa por razones de eficiencia, pero también para una transición que debe avanzar cuanto antes y hacernos menos dependientes de importaciones energéticas de calado geopolítico. Conviene, por tanto, analizar cómo las renovables y el autoconsumo benefician al conjunto de la población (tienen efectos redistributivos), y por qué añadir sobrecostes mediante impuestos nos perjudicaría a todos, no sólo a quienes tuvieran que pagarlos. Para apreciar el verdadero valor del autoconsumo hay que entender la formación de precios en el mercado mayorista diario, donde las tecnologías de generación se ordenan de la más barata a la más cara y el precio de cada hora lo fija la última central necesaria para cubrir la demanda. Como tanto el sol como el viento producen con costes operativos casi nulos, cuando los paneles a gran escala inyectan energía a coste cero ésta se desplaza a las centrales más caras. Por eso los precios al por mayor son muy bajos en las horas de mayor insolación. Además, según esta premisa, el autoconsumo presiona a la baja de forma doble, ya que baja el volumen de demanda que entra en el mercado y aporta energía extra cuando vierte su excedente a la red. Belén Trincado Aznar. Este abaratamiento estructural trasciende la factura de la empresa y se convierte en una herramienta social profundamente progresista. Las familias con menos ingresos gastan una proporción mucho mayor de su presupuesto en luz, lo que las expone a la pobreza energética cuando crecen los mercados. Cualquier reducción de precio en su factura es un alivio inmediato porque las tarifas reguladas están indexadas al mercado mayorista. Así, los paneles instalados en los tejados de las rentas medias y altas funcionan en la práctica como una transferencia de bienestar que protege indirectamente a millones de ciudadanos sin ahorros ni techo propio. Es una oferta mayor al reducir el coste del uso de la electricidad. . Pero las ventajas de la generación distribuida van mucho más allá del precio. Así, al producir la electricidad donde se consume, se reducen las pérdidas de transporte por líneas de alta tensión, mientras que la generación local diurna alivia el estrés térmico de los transformadores de barrio, alargando la vida útil de los equipos y permitiendo a las distribuidoras aplazar costosas ampliaciones de red. Varios estudios concluyen que los pequeños productores solares prestan un servicio técnico que supera con creces el valor de los peajes que dejan de pagar. Y ahora sí, vamos con esto último, el punto de apoyo de la propuesta fiscal. Algunos distribuidores y reguladores insisten en que los usuarios de paneles no pagan su parte de la red. El razonamiento es que gran parte de los costes del sistema son fijos, pero se cobran en función de la energía consumida, de modo que quienes reducen su consumo gracias al sol eluden esos peajes y obligan a subir la tarifa al resto. Por eso, bajo esta lógica, se proponen cargos por el mero hecho de estar conectados o tributos sobre la potencia instalada, reviviendo el espíritu paralizador del antiguo impuesto al sol anunciado. La premisa, sin embargo, es frágil, especialmente en España, que ya soporta el término fijo de potencia más alto de la Unión Europea, para la que la parte fija ronda el 40% de la factura, frente al 22% de media en nuestro entorno, herencia de las subidas de 2012 a 2015. El autoconsumidor no evita ese coste, porque la potencia se paga por estar conectado, se consuma o no de la red. Desde la teoría económica más rigurosa, gravar el autoconsumo también sería un error regulatorio. Los impuestos correctivos penalizan las externalidades positivas, no las negativas. Lo mejor para subvencionar una actividad privada cuando tiene beneficios sociales que superan los ahorros del individuo para acceder a su adopción es cuando genera beneficios sociales. Ponerle un impuesto es aumentar artificialmente la tecnología, alejar la inversión y alejar la economía de la eficiencia. Además, hay que eliminar el miedo a la sustancia, la idea de que el autoconsumidor es incomprendido por el sistema. Y es el que instala paneles el que tiene más probabilidades de electrificar después el resto de su consumo, comprando un coche eléctrico, instalando una bomba de calor o, si es una empresa, sustituyendo sus procesos de gas por electricidad. Esta nueva demanda se nutre en gran parte de la red, de modo que el autoconsumidor no abandona el sistema, sino que acaba convirtiéndose en un cliente más, y el supuesto agujero de ingresos se cierra casi solo. . Y esto último no es una hipótesis. Así, esta primavera, España ganó la primera subasta europea para desconbonizar el calor industrial, con más proyectos seleccionados que ningún otro país -incluida Francia-, precisamente porque disponer de electricidad propia, barata y limpia ha permitido a sus empresas pedir el menor coste por tonelada de CO2 evitada. Gravar hoy el autoconsumo sería penalizar el mismo activo que nos está haciendo competitivos. La solución a la financiación de las redes no pasa por la vía fácil de gravar el sol, sino por tarifas dinámicas, con discriminación horaria, que reflejen el coste marginal real de utilizar la infraestructura en horas de saturación. La tarificación inteligente fomentaría la instalación de baterías para generar excedentes cuando la red más los necesita, convirtiendo así a los ciudadanos en aliados de la estabilidad del sistema. Y si lo que preocupa es la desigualdad en el acceso al autoconsumo, la respuesta no son impuestos distorsionadores, sino un sistema de IRPF progresivo y un gasto público bien orientado, con subvenciones directas para llevar paneles a familias vulnerables y apoyar a las comunidades energéticas, que mutualicen la inversión y compartan beneficios sin detener la transición. Estamos ante una oportunidad inmejorable para consolidar un paradigma energético más limpio y barato. El autoconsumo no es un capricho de unos pocos privilegiados, ya que hunde los precios mayoristas y despliega un paraguas protector sobre toda la población ante las crisis fósiles. La imposición de tarifas disuasorias para proteger el modelo de negocio de las viejas redes sería un monumental error de diagnóstico, que condenaría a la sociedad a un futuro eléctrico más caro y desigual. La política de los próximos años debe garantizar que la energía solar llegue a todo el país, asumiendo al mismo tiempo que cobrar un peaje por la luz solar carece de sentido económico y moral.
