Telefónica ha conseguido reducir un 25% sus provisiones por conflictos fiscales con la Hacienda española en 2025, pasando de 480 a 362 millones de euros. Este descenso de 118 millones se debe a la resolución favorable de varios expedientes y a una gestión más eficiente de las actas de inspección, lo que ha permitido a la operadora liberar recursos antes bloqueados por el riesgo de litigio. Seguir leyendo
El operador ha recuperado 2. 5. 000 millones en la última década por litigios fiscales
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Telefónica logra reducir un 25% sus provisiones por conflictos fiscales con la Hacienda española en 2025, pasando de 480 a 362 millones de euros. Esta disminución de 118 millones se atribuye a la gestión más eficaz de los informes de inspección y a la resolución favorable de varios expedientes, lo que ha permitido al operador liberar recursos que antes se habían visto obstaculizados por el riesgo de litigio. En el contexto de los conflictos ya resueltos o que han avanzado positivamente para la compañía, destaca un contragolpe judicial de gran importancia relacionado con el derecho europeo. Debido a las reticencias mostradas por Bruselas, desde hace años existen dudas jurídicas sobre si determinados beneficios fiscales que España aplica a sus grandes corporaciones son compatibles con el marco jurídico de la Unión Europea. Sin embargo, la justicia ha blindado finalmente la posición de la Hacienda española, lo que de rebote ha beneficiado a Telefónica. Esta sentencia judicial ha dado al operador la autoridad para confirmar la disponibilidad de 334 millones de euros en créditos fiscales, o ahorros fiscales, para los próximos ejercicios, que antes estaban en duda. Esta convalidación refuerza el balance de la compañía y reduce el perfil de riesgo fiscal a largo plazo. Otro éxito tangible en 2025 fue la ejecución de sentencias favorables vinculadas a anteriores cambios legislativos declarados inconstitucionales. Telefónica recibió un cargo de 43 millones de euros derivado de la ejecución parcial de una sentencia de la Audiencia Nacional, de fecha 22 de mayo de 2025. Esta sentencia aborda los efectos de la inconstitucionalidad del Real Decreto-ley 3/2016, una norma que en su día endureció el Impuesto de Sociedades y que ha sido objeto de múltiples recursos por parte de las grandes empresas españolas, según consta en la memoria de las cuentas consolidadas de 2025 consultada por EL PAÍS / Cinco Días. De esta cantidad, 39. 5 millones corresponden específicamente a la devolución de ingresos por la aplicación de esta norma. Además, la empresa consiguió recuperar 17 millones de euros por la devolución de retención presentada en la liquidación del impuesto de sociedades del ejercicio 2024, lo que supone una inyección directa de la tesorería y el cierre de estos rebaños específicos. Sin embargo, la relación con la Agencia Tributaria no está exenta de fricciones, y hay conflictos que siguen abiertos y que explican que la compañía aún mantenga una provisión de 362 millones de euros. El punto de inflexión más reciente se produjo en octubre de 2025, tras la conclusión de un procedimiento de inspección que abarcaba los ejercicios 2018 a 2021. Este proceso se saldó con un resultado desigual. Por un lado, se firmaron actas con acuerdo y de conformidad sobre cuestiones menores, principalmente ajustes en los precios de transferencia relacionados con la actividad financiera del grupo. Por otro lado, Telefónica ha manifestado su total disconformidad en puntos cruciales que representan la mayor parte del conflicto pendiente. Victorias fiscales. Telefónica ha recuperado decenas de millones de euros en litigios exitosos contra Hacienda en los últimos años, motivados por sus inversiones internacionales y diversos cambios en la normativa fiscal. En total, la compañía que preside Marc Murtra ha ganado litigios tributarios por más de 2 euros. 5. 000 millones en la última década, lo que ha sido clave para reducir su deuda y mejorar sus balances financieros. La victoria más emblemática de Telefónica frente a Hacienda se produjo en 2022 con el caso Lycos, en el que el Tribunal Supremo obligó al Estado a devolver 1. 316 millones de euros. La justicia permitió finalmente que esas pérdidas se utilizaran para rebajar sus impuestos, obligando a Hacienda a pagar no sólo la cuota principal, sino también más de 500 millones en intereses de demora, lo que contribuyó a este conflicto. A este gran hito se suman otras devoluciones significativas, como los 702 millones de euros recuperados en 2019 tras una inspección de los ejercicios 2008 a 2011. Estos conflictos suelen centrarse en la interpretación de las deducciones por inversiones internacionales y los créditos fiscales en el extranjero. Para Telefónica, estos litigios suponen una estrategia financiera clave, ya que la duración de los procesos (a menudo más de una década) acaba generando intereses millonarios que engordan los retornos finales. Créditos fiscales. En cuanto a la gestión de los activos fiscales, el informe anual 2025 detalla que Telefónica mantiene un volumen considerable de bases imponibles negativas a aplicar en el Grupo Fiscal Español. A 31 de diciembre de 2025, esta cifra asciende a 2. 145 millones de euros, lo que le proporciona un considerable colchón fiscal para compensar futuros beneficios o posibles ajustes a Hacienda. El principal foco de controversia que sigue sin resolverse es la deducibilidad fiscal del fondo de comercio generado por las adquisiciones de las brasileñas Vivo y O2 en el Reino Unido. La Agencia Tributaria cuestiona la amortización fiscal de estos activos, especialmente tras la fusión de O2 con Virgin Media en 2021 para dar lugar a VMO2. Telefónica defiende su postura en base al «principio de confianza legítima», argumentando que actuó conforme a las interpretaciones normativas vigentes en el momento de las operaciones. Sin embargo, el criterio del fisco no ha convergido con el de la compañía, lo que ha motivado la notificación de acuerdos de liquidación que la operadora ya ha impugnado en vía económico-administrativa. Además del fondo de comercio, hay otros desacuerdos abiertos en relación con la consideración de «sacos sobre o capital propio» exentos de ingresos (un instrumento financiero brasileño) y los ajustes de precios de transferencia vinculados a la actividad de compras globales del grupo. La resolución de la inspección de 2025 tuvo un impacto contable de 108 millones de euros en los resultados de la compañía, sin embargo, este impacto no supuso una salida de caja, ya que Telefónica utilizó sus créditos fiscales acumulados para compensar el importe de los ajustes.
