El Ministerio de Trabajo acaricia un acuerdo con los sindicatos para reducir la jornada laboral ordinaria de 40 a 37 horas y media en 2025. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha anunciado este jueves un acuerdo “inminente” con UGT y CC OO tras la última reunión en el ministerio, en la que CEOE ha certificado su rechazo a la norma. El número dos del ministerio ha confirmado que este viernes se pone en marcha el trámite parlamentario de la norma con el inicio de la consulta pública. Además, ha confirmado que el Ejecutivo renuncia al escalón intermedio, a las 38 horas y media en 2024, por el poco plazo restante.. Seguir leyendo
El ministerio inicia este viernes la consulta pública del anteproyecto de ley, que CEOE rechaza
Feed MRSS-S Noticias
El Ministerio de Trabajo acaricia un acuerdo con los sindicatos para reducir la jornada laboral ordinaria de 40 a 37 horas y media en 2025. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha anunciado este jueves un acuerdo “inminente” con UGT y CC OO tras la última reunión en el ministerio, en la que CEOE ha certificado su rechazo a la norma. El número dos del ministerio ha confirmado que este viernes se pone en marcha el trámite parlamentario de la norma con el inicio de la consulta pública. Además, ha confirmado que el Ejecutivo renuncia al escalón intermedio, a las 38 horas y media en 2024, por el poco plazo restante.. La reunión ha durado poco más de una hora, mucho menos que de costumbre. El rechazo patronal complica muchísimo el trámite parlamentario de la ley, ya que, descontando el apoyo de la izquierda, aún sería necesario el respaldo de Junts y PNV. Los vascos están más cerca del apoyo (aunque transmiten más dudas que hace meses), pero los catalanes, según fuentes empresariales, están en contra del recorte de la jornada máxima ordinaria. Con todo, el partido de Carles Puigdemont no ha definido públicamente su posición.. Los pactos laborales sin la patronal son la norma desde el ecuador de la pasada legislatura: así ha pasado con las subidas del salario mínimo o con el estatuto del becario (que aún no está vigor por el rechazo del PSOE). El último acuerdo que el departamento de Díaz consiguió cerrar con los empresarios fue el desarrollo reglamentario para impedir la discriminación del colectivo LGTBI+ en las empresas. Patronales y sindicatos también pactaron con el Gobierno (con la Seguridad Social, en este caso) la última parte de la reforma de pensiones.. Después llega el trámite parlamentario, por vía de urgencia según confirmó Yolanda Díaz, para intentar cumplir los plazos establecidos en el pacto de Gobierno de PSOE y Sumar. Fuentes empresariales ven “clarísimo” que la norma no prosperará en el Congreso, y menos sin el apoyo patrona. Una pista al respecto es una de las frases más repetidas por Garamendi en estos meses: “Vete al Parlamento y que te lo aprueben”. En repetidas ocasiones ha animado al ministerio a llevar un acuerdo con los sindicatos al Congreso.. Camino de la negociación. Las negociaciones arrancaron el 25 de enero. De entonces a junio, sindicatos y patronales negociaron por su cuenta, en busca de un acuerdo conjunto que plantear al ministerio, pero no hubo pacto. El empeño empresarial en que la reducción de jornada se compensara con un destope del máximo de horas extra anuales y el rechazo sindical a ese planteamiento, entre otros desacuerdos, encallaron ese diálogo a dos bandas. Con ese punto de partida ya costaba imaginar que el ministerio lograría un pacto, dado que su posición es parecida a la de los sindicatos. Antes del verano parecía que el ministerio alcanzaría un acuerdo solo con las centrales, ya que pretendía llevar la norma lo antes posible al Congreso para cumplir los plazos que marcaba el acuerdo de Gobierno de PSOE y Sumar.. Sin embargo, el ministerio alargó la negociación (después de que el PSOE pidiera paciencia para atraer a los empresarios), con nuevos encuentros tras las vacaciones veraniegas. Ya entonces los sindicatos acusaban a los empresarios de una estrategia dilatoria, que no merecía la pena seguir negociando, y de ahí que protestasen a finales de septiembre frente a sedes de la CEOE en toda España. Pese a lo alejadas que estaban las posiciones, Trabajo transmitió optimismo respecto a la participación de la patronal. “Estoy absolutamente convencida de que hay posibilidad de acuerdo en esta materia en nuestro país. Ojalá avancemos, no me voy a levantar de esta mesa. Tengo una paciencia infinita”, dijo Díaz a principios de octubre.. Entonces el ministerio ya había puesto sobre la mesa algunas de las medidas compensatorias con las que pretendía atraer a la patronal, como la bonificación de las cotizaciones de la nuevas contrataciones causadas por la reducción de jornada. Este intento culminó el 29 de octubre, cuando Trabajo también ofreció dar ayudas económicas directas de hasta 6.000 euros para empresas de menos de cinco trabajadores de los sectores del comercio, la hostelería, la peluquería, la limpieza y la agricultura. Estas subvenciones no convencen a las patronales.. La propuesta del Gobierno mantiene las horas extra en las 80 que actualmente recoge como máximo la legislación, da flexibilidad para que la reducción se aplique en cómputo anual y refuerza el registro horario, de manera que las sanciones se den por empleado y no por empresa (lo que aumentaría mucho el coste en castigos). Además quiere que el sistema de registro de horarios sea digital y que Inspección pueda acceder a él directamente para monitorizar incumplimientos.. La patronal sigue defendiendo que los cambios en la jornada laboral son patrimonio de la negociación colectiva y que se debe emplazar en ese marco, sin bajadas unilaterales. Argumentan que en los sectores más productivos, los que consiguen hacer más en menos tiempo, la jornada pactada ya se ha reducido sin necesidad de cambios legales. Sindicatos y ministerio contraponen que justo ello refuerza la necesidad de la modificación normativa, ya que la negociación colectiva nunca conseguirá reducir la jornada en los sectores más precarios.