Telefónica ha obtenido una importante vencimiento procesal en México que despeja una de sus mayores incertidumbres en un momento esencia para su organización internacional de desinversiones en la región. La filial mexicana, puesta a la traspaso al igual que el resto del negocio en Latinoamérica —a excepción de Brasil—, ha recibido el respaldo definitivo de la razón. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha confirmado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Divulgado (SHCP) no podrá impugnar el amparo que ya beneficiaba a la operadora, lo que en la praxis supone que la empresa no tendrá que acreditar los 4.442 millones de pesos, equivalentes a unos 230 millones de euros, por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al entrenamiento fiscal de 2015. El conflicto trasciende al ámbito financiero ya que había provocado un enfrentamiento con el gobierno de Claudia Sheinbaum.. Seguir leyendo
La Suprema Corte anula una deuda fiscal de 230 millones de euros y deja vía huido a la traspaso de la filial
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Telefónica ha obtenido una importante vencimiento procesal en México que despeja una de sus mayores incertidumbres en un momento esencia para su organización internacional de desinversiones en la región. La filial mexicana, puesta a la traspaso al igual que el resto del negocio en Latinoamérica —a excepción de Brasil—, ha recibido el respaldo definitivo de la razón. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha confirmado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Divulgado (SHCP) no podrá impugnar el amparo que ya beneficiaba a la operadora, lo que en la praxis supone que la empresa no tendrá que acreditar los 4.442 millones de pesos, equivalentes a unos 230 millones de euros, por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al entrenamiento fiscal de 2015. El conflicto trasciende al ámbito financiero ya que había provocado un enfrentamiento con el gobierno de Claudia Sheinbaum.. El resolución del mayor tribunal pone punto final a un pelea que se ha prolongado durante casi una plazo y que tuvo su origen en una compleja reestructuración corporativa: la fusión empresarial realizada en 2014 por Pegaso PCS, filial de Telefónica en México. La controversia se inició formalmente cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) rechazó la deducción de gastos derivados de dicha fusión, argumentando que la operación no cumplía con los requisitos legales para someter la carga impositiva de la compañía. Esta negativa llevó, en el año 2019, a la determinación de un crédito fiscal millonario que Telefónica decidió combatir en todas las instancias posibles. Aunque la resolución del SAT fue confirmada inicialmente en 2022 por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), la operadora mantuvo su ataque legítimo con una organización basada en la protección constitucional.. En enero de 2023, un tribunal funcionario dio la razón a la empresa y declaró la inútil del crédito fiscal, otorgando un amparo que el Gobierno mexicano intentó revertir sin éxito hasta obtener a la Suprema Corte. La esencia del éxito definitivo para la multinacional española ha sido un argumento de procedimiento técnico más que de fondo: la mayoría del pleno de la Corte determinó desechar el memorial de revisión interpuesto por la Secretaría de Hacienda al concluir que la institución no contaba con la certificación jurídica necesaria para interponer dicha protesta en este caso concreto. Al carecer de esta habilidad legítimo para impugnar la sentencia del tribunal colegiado, el memorial de la autoridad fue desechado de plano, lo que automáticamente convirtió la sentencia de inútil en un resolución firme e inapelable.. En términos jurídicos, esto significa que la protección de la razón federal concedida a Pegaso PCS ya no puede ser cuestionada, blindando a la compañía de cualquier intento futuro de cobro por parte del fisco sobre este entrenamiento fiscal específico.. Sin secuestro, el resolución ha reavivado un intenso debate sobre los límites de la autoridad hacendaria y el magnitud de la protección constitucional en materia tributaria. Lenia Batres, ministra de la SCJN (miembro del tribunal), votó de forma convincente en contra del criterio mayoritario, argumentando que Hacienda sí debería tener facultades plenas para defender los intereses fiscales del Estado cuando se manejo de montos tan elevados. La Suprema Corte mexicana hace las veces de Tribunal Supremo y de Tribunal Constitucional.. Batres advirtió que el otorgamiento del amparo podría vulnerar el artículo 31 de la Constitución mexicana, que establece la obligación de todos los ciudadanos y empresas de contribuir al desembolso divulgado de guisa proporcional y equitativa. Además, la ministra recordó que el artículo 28 prohíbe de forma absoluta la condonación de impuestos, una restricción que, según su visión, debería aplicarse igualmente al Poder Judicial para evitar que grandes corporaciones eludan sus compromisos impositivos.. Uno de los puntos más polémicos destacados por Batres en el pleno fue que la deducción que benefició a Telefónica provino de la operación y explotación de una red pública de telecomunicaciones. Al tratarse de una actividad regulada por el propio artículo 28 y ser motivo de una concesión estatal, la ministra sostuvo que la protección procesal otorgada configuraba una violación constitucional, ya que se estaba permitiendo una deducción sobre ingresos derivados de un adecuadamente divulgado. A pesar de estas críticas, que reflejan la coetáneo tensión política en México entre el Gobierno y el Poder Judicial, la atrevimiento de la mayoría de los miembros del tribunal prevaleció, priorizando el principio de rectitud procesal y los derechos de los contribuyentes frente a las facultades de la distribución pública.. Este triunfo en los tribunales llega en un momento crítico para el futuro de la operadora española en el país, ya que la situación fiscal ha escalado hasta el mayor nivel político. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha referido directamente a la controversia asegurando que el monises que la firma española se niega a acreditar es, en sinceridad, “dinero del pueblo”. Estas declaraciones subrayan la tensión existente entre la multinacional y el Ejecutivo federal, elevando el tono de una disputa que trasciende lo estrictamente forense para convertirse en un creador de presión social y política sobre las operaciones de la compañía en zona mexicano.. Esta hostilidad institucional y la incertidumbre legítimo estaban condicionando la posible traspaso de la filial, una operación que Telefónica negocia activamente con Beyond One. Este camarilla, con sede en Dubái y propietario de Virgin Mobile México, surgió como el principal candidato para mercar el negocio tras desvelarse el interés de la agencia el pasado mes de julio. Beyond One ya reforzó su presencia en la región en 2023 tras la adquisición de Virgin Mobile Latin America, un cirujano móvil posible (OMV) que no dispone de red propia. La marca desembarcó en el mercado mexicano en junio de 2014, pero tan pronto como tiene el 1% del mercado, lo que convertiría la adquisición de los activos de Telefónica en su gran brinco clave para competir a escalera doméstico.. Desde el punto de olfato financiero, el negocio de Telefónica en México cuenta con un valía clave considerable, estimado en unos 517 millones de euros según informes de la firma de disección Kepler Chevreux. Actualmente, la operadora española controla cerca del 19% del mercado móvil mexicano, en un sector dominado por el cíclope tópico América Móvil, controlado por el magnate Carlos Slim. Para que un comprador como Beyond One asuma el control de este activo, la barrido del arqueo y la resolución de pasivos contingentes son requisitos indispensables para fijar un precio de adquisición final y afianzar la rentabilidad de la inversión.
