El Ministerio de Vivienda ha puesto en el punto de mira la nueva ley urbanística de la Comunidad de Madrid al considerar que abre la puerta a un maniquí más próximo al mercado que al interés notorio. El área que dirige Isabel Rodríguez ha presentado alegaciones a una norma impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que, bajo el paraguas de la agilidad y la simplificación, introduce cambios de calado en el control del suelo y la planificación urbana. Según explica una nota del profesión a la que ha tenido camino este circular, esas modificaciones abren la puerta a la “especulación”, a la “privatización del suelo” y a los “pelotazos urbanísticos”.. Seguir leyendo
El Ministerio de Vivienda alega que la norma que prevé aprobar Madrid permite esquivar en algunos casos la demolición de edificios ilegales a cambio de una multa
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El Ministerio de Vivienda ha puesto en el punto de mira la nueva ley urbanística de la Comunidad de Madrid al considerar que abre la puerta a un maniquí más próximo al mercado que al interés notorio. El área que dirige Isabel Rodríguez ha presentado alegaciones a una norma impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que, bajo el paraguas de la agilidad y la simplificación, introduce cambios de calado en el control del suelo y la planificación urbana. Según explica una nota del profesión a la que ha tenido camino este circular, esas modificaciones abren la puerta a la “especulación”, a la “privatización del suelo” y a los “pelotazos urbanísticos”.. El plan de la ley líder —un término retórico y con intención que procede del siglas de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región— fue presentado por el Ejecutivo madrileño como una reforma integral del urbanística destinada a sustituir la reglamento actual desde hace más de dos décadas y “agilizar” la planificación territorial gracias a la iniciativa privada, entre otras fórmulas. El texto fue sometido al trámite de audiencia e información pública a comienzos del pasado mes de marzo y, con el plazo ya cerrado, ha recibido objeciones de organizaciones como el PSOE madrileño, Más Madrid, Ecologistas en Acción y, además, del propio Gobierno central a través del profesión. La Comunidad de Madrid no está obligada a aceptar esas alegaciones. Su represión dependerá de lo que decida el Ejecutivo regional.. Entre las principales críticas del área que dirige Rodríguez se encuentra la puesta en marcha de un sistema de gobierno a dos velocidades. El plan de ley de Madrid, que previsiblemente se aprobará sin mayores problemas durante este año dada la mayoría absoluta del PP, consolida el papel de las Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECU), unos organismos privados que podrán intervenir tanto en la tramitación como en la supervisión de las licencias. En la ejercicio, advierte el Ministerio de Vivienda, esto se traduce en una suerte de canal rápido y fluido, pero de cuota, para quienes puedan permitírselo, frente a un circuito notorio que no se refuerza y corre el peligro de terminar relegado a segundo plano. La consecuencia, según las conclusiones del Gobierno, es un desplazamiento progresivo de la gobierno pública en torno a operadores privados, con las dudas de imparcialidad que ello puede transportar.. Otro de los puntos más controvertidos de la norma es la posibilidad, en casos muy concretos, de guardar irregularidades urbanísticas mediante el cuota de sanciones, evitando la posterior demolición del inmueble en cuestión. Según denuncia el profesión, quien tenga hacienda suficiente podrá cometer una ilegalidad, abonar la infracción correspondiente y no encontrarse obligado a demoler posteriormente la construcción. Este mecanismo podría incentivar prácticas especulativas al rasgar la puerta a que determinadas infracciones se integren en el coste de las operaciones inmobiliarias. Es un escena que permite “a los grandes fondos o promotores realizar cálculos descontando el pago de esta infracción para hacer rentable su inversión”, explican las mismas fuentes.. En este sentido, la regulación que propone Madrid prioriza la monetización frente a la restitución física de la legitimidad, permitiendo sustituir la demolición por indemnizaciones económicas en ciertos casos. Esto, creen en el profesión, unido a la descuido de medios de la Administración para ejecutar demoliciones, puede incentivar el incumplimiento urbanístico, ya que los infractores podrían considerar rentable enriquecer una multa en ocupación de respetar la reglamento.. La norma además plantea una redistribución del poder urbanístico que no ha pasado desapercibida ni para los partidos de la concurso en la región ni para el Gobierno central. La Comunidad de Madrid se reserva la posibilidad de hacerse cargo funciones de distribución y ejecución sin escazes de documentar un interés regional, lo que, a entendimiento de Vivienda, supone una invasión de competencias y un desgracia a la autonomía municipal. Los ayuntamientos, hasta ahora actores esencia por su cercanía al demarcación, verían así estrecha su capacidad de valentía en beneficio de la empresa autonómica.. A esto se suma la flexibilización de las exigencias sobre suelo dotacional ―terrenos calificados para uso notorio―, especialmente en municipios pequeños, donde se abre la puerta a sustituir equipamientos como escuelas, centros de vitalidad o zonas verdes por compensaciones económicas. Una medida que, bajo la razonamiento de “agilizar” la gobierno, podría traducirse en menos suelo destinado a servicios esenciales.. El plan, denuncia el profesión, además amplía los usos permitidos en suelo rural no protegido, incluyendo la construcción de viviendas unifamiliares aisladas. Un movimiento que, en su opinión, reproduce modelos ya vistos en comunidades como Baleares y que puede donar dinámicas de crecimiento disperso y difícilmente sostenibles. Se tráfico, asegura, de un auténtico “pelotazo urbanístico” en suelo rural.. El plan de ley, con más de 300 páginas, derogará la ley del Suelo de 2001 y la de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo. El objetivo, explica la exposición de motivos de la norma, es dar respuesta a las evacuación y retos de la Comunidad de Madrid, especialmente en materia de vivienda y despliegue de infraestructuras. El Gobierno de Díaz Ayuso justifica la medida por la escazes de adaptar la región al rápido crecimiento de la población y a la esforzado demanda residencial, y asegura que la colaboración público-privada se ha convertido en la fórmula “más eficaz y ágil” en la gobierno y ejecución.
