Decenas de miles de abogados y procuradores respiran por fin aliviados: podrán cobrar una pensión digna. El Congreso ha aprobado la ley que permitirá convertir el dinero ahorrado por estos profesionales a través de sus mutuas en años de cotización a la Seguridad Social. De este modo, podrán acceder a las pensiones públicas de jubilación en lugar de depender de los bajos ingresos —de unos 400 euros de media— que se les asignaban al jubilarse. El colectivo lleva cuatro años manifestándose para exigir una solución a los políticos. Los mutualistas ya jubilados quedan fuera del acuerdo. Sigue leyendo.
Los abogados y procuradores podrán transferir el dinero aportado a su mutua de seguridad social, aunque los que ya están jubilados quedan excluidos.
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Decenas de miles de abogados y procuradores respiran por fin aliviados: podrán cobrar una pensión digna. El Congreso ha aprobado la legislación que permitirá la conversión del dinero ahorrado por estos profesionales a través de su cotización a la Seguridad Social. De este modo, podrán acceder a las pensiones públicas de jubilación en lugar de depender de los bajos ingresos —de unos 400 euros de media— que se les asignaban al jubilarse. El colectivo lleva cuatro años elaborando un manifiesto para exigir una solución a los políticos. Los mutualistas ya jubilados quedan fuera del acuerdo. El Pleno del Congreso de los Diputados votó a favor de la creación de la vía de acceso al RETA, el régimen especial para autónomos. La nueva norma ya había sido aprobada en el Congreso, en primera lectura, y en el Senado. Pero en la Cámara Alta, el PP presentó una serie de enmiendas que se aprobaron ayer gracias a la abstención del Grupo Socialista. Abogados, procuradores, arquitectos, médicos, ingenieros y otros profesionales liberales que trabajan por cuenta propia y no cotizan a la Seguridad Social, sino que se afilian a aseguradoras privadas como la Mutualidad de los Abogados (ahora conocida como Mutualidad), la Mutualidad de las Personas, la Hermandad Nacional de Arquitectos o Mutual Medical. Se estima que, entre todas estas entidades, hay unos 100 000 mutualistas alternativos, en su mayoría abogados. Se trata de autónomos que no cotizan para obtener una pensión pública ni una prestación por desempleo, sino que dependen de lo que ahorran en su plan individual privado de jubilación, invalidez o viudedad. Con la creación de una vía de acceso al RETA, se prevé que aproximadamente la mitad —unas 50 000 personas— opten por retirar su dinero de la mutualidad y convertirlo en años de cotización. Todos estos profesionales realizaban aportaciones mensuales a su mutua, pero la cuantía mínima establecida por ley —y por la que se regía la gran mayoría— era muy baja, lo que ha hecho que el capital acumulado para la jubilación resulte insuficiente. En el caso de los abogados, se trata de unos 100 000 euros, y en el de los fiscales, entre 50 000 y 70 000 euros. Estas cifras acaban traduciéndose en una renta mensual (12 pagos) de entre 300 y 500 euros que, además, no se revalúan según el IPC, como ocurre con las pensiones. En la Carrera de Hierónimo, frente a la puerta principal del Congreso, un grupo de abogados se manifiesta, como llevan haciendo desde hace dos años y medio. Ángel López, uno de los fundadores del movimiento reivindicativo J2, responde a la pregunta sobre el resultado de la ley: «El resultado de tantos meses de negociación es muy insatisfactorio, porque deja atrás a los mutualistas jubilados, porque es muy injusto en el reco
